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Responsabilidad del Estado por investigación ineficaz de delitos

"...Con el caso del Fundo Alaska la Corte Suprema reúne en una sola decisión los criterios de 'garantía de seguridad' exigibles al Estado, y que ya había anticipado en sus sentencias del 2020, con el reproche por persecuciones penales ineficaces. Al construir la falta de servicio teniendo en consideración esos dos aspectos está ampliando los márgenes de la responsabilidad del Estado..."

Lunes, 31 de mayo de 2021 a las 11:20
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Luis Cordero
Durante el año 2020 la Corte Suprema advirtió que los temas de seguridad personal y la protección de la propiedad frente a la actuación de terceros era un asunto en el cual las autoridades administrativas tenían deberes activos. Como señalé en su oportunidad, la corte venía estableciendo una especie de “garantía de seguridad”, donde al Estado le correspondía un rol diligente, adoptando medidas preventivas eficaces, cuando los riesgos que enfrentan los particulares son estructurales y superiores a los que las personas pueden gestionar por sí mismas. Esto fue notorio el año pasado en los asuntos “empresas forestales” (SCS 30.7.2020, rol 33878-2019), “Pequeño comercio de Concepción” (SCS, 25.8.2020, rol 27600 y 27608-2020) y “Hotel Dreams” (SCS 24.9.2020, rol 27627-2020), los tres vinculados a cuestiones de orden público.

Pero el año pasado también la Corte Suprema estableció los estándares en materia de responsabilidad del Estado por persecución penal ineficaz. En el caso “Hagen” (SCS 9.3.2020, rol 17045-2019) la Corte señaló que el Estado debía indemnizar por falta de servicio de la PDI y por las decisiones injustificadas del Ministerio Público, que se tradujeron en errores en una investigación penal de homicidio que terminó en absolución. A juicio de la corte, el padre de la víctima había perdido la oportunidad de obtener una condena.

Este mes, la corte pareciera haber reunido en un solo caso su doctrina de “garantía de seguridad” con la eficacia de la persecución penal y lo ha realizado respecto de un asunto en donde estaba en juego la ejecución de una orden de investigar. En el caso “Fundo Alaska” (SCS 13.05.2021, rol 97186-2020), lo que se debatía era si Carabineros había incurrido en falta de servicio, como consecuencia de una orden de investigar amplia respecto de un delito de abigeato donde existía autorización para ingresar al recinto donde presumiblemente se encontraban dispersos los animales. La policía decidió sobrevolar el Fundo Alaska con drones con el objeto de verificar la existencia de los animales y, al no encontrar indicios, decidió no ingresar.

Dicha decisión habría implicado una ejecución parcial de la orden de investigar entregada por el fiscal a cargo, porque bastaba su simple lectura para darse cuenta —en opinión de la corte— que estaban incorporadas todas las líneas investigativas que eran plausibles según los indicios disponibles. La decisión de Carabineros de no ingresar al lugar, pese a que tenía autorización para ello, implicaba entender que la orden no se había cumplido íntegramente y, en consecuencia, dicha ejecución parcial implicaba una falta de servicio que “impidió que se investigara correctamente el ilícito del cual fue víctima el actor”, porque lo que tenía derecho a ser reparado respecto del “daño moral” ocasionado por el Estado.

¿Pero, cuál era la tesis de la defensa fiscal y del juez de la instancia para justificar el actuar de la policía? El argumento se basaba en la discrecionalidad policial y de resguardo del orden público. El Fundo Alaska se encuentra en la comunidad de Temucuicui, el demandante trató de vincular el ilícito que sufrió al denominado “conflicto mapuche” y a la política de adquisición de tierras por parte del Estado, pero la defensa fiscal sostuvo que dicho conflicto excedía el caso concreto porque se refería a cuestiones más bien estructurales. El juez de primera instancia (3er JC de Temuco, rol C-5629-20217) desechó la demanda señalando que no podía imputarse responsabilidad al Estado, porque este ejecutó todas las acciones destinadas a la investigación y la víctima tampoco manifestó más interés que la denuncia. Para dicho juez, el Estado había ejecutado un conjunto de acciones para enfrentar la violencia rural en la Araucanía y no se había acompañado prueba alguna que acreditara responsabilidad del Estado producto de dichas acciones u omisiones generales. La Corte de Apelaciones confirmó pura y simplemente este criterio (CA Temuco, rol 942-20219).

Pero la Corte Suprema, que invalidó de oficio la sentencia, fue de una opinión distinta. Sostuvo que los jueces no se hicieron cargo de todos los antecedentes y, en particular, sobre los alcances de la orden de investigar. Por esa vía construyó el estándar de falta de servicio sobre la insuficiencia de la actuación estatal, una especie de control retrospectivo de la actividad de los organismos administrativos que suele utilizar la corte (Cordero Vega, 2018) y que es particularmente elocuente cuando tras sus razonamientos solo otorga indemnizaciones por el daño moral, una especie de daños punitivos contra el Estado, que ha ido estableciendo la corte especialmente cuando las víctimas están en una situación de dependencia de la actuación estatal.

La tesis de la Corte Suprema en el caso Alaska es completamente distinta de la que sostuvo en los asuntos “Hacienda Lleu-Lleu” (SCS 19.01.2010, rol 3172-2008) y la “Legua de Emergencia” (SCS 2.4.2018, rol 45561-2017). En ambos casos se demandó al Estado por la ineficacia de la persecución policial en lugares donde los ilícitos son estructurales y multicausales. En ambos asuntos la corte señaló que en los casos de ilícitos asociados al orden público la Administración del Estado solo tenía obligaciones de medios, porque los conflictos en ambos casos eran multicausales, sin que los jueces pudieran, a través de un juicio de responsabilidad del Estado, evaluar la eficacia de las políticas sectoriales.

¿Qué efectos tiene el cambio de perspectivas en la jurisprudencia de la Corte Suprema? Con el caso del Fundo Alaska la corte reúne en una sola decisión los criterios de “garantía de seguridad” exigibles al Estado, y que ya había anticipado en sus sentencias del 2020, con el reproche por persecuciones penales ineficaces. Al construir la falta de servicio teniendo en consideración esos dos aspectos está ampliando los márgenes de la responsabilidad del Estado hacia una especie de “derecho de la víctima” a obtener resultados satisfactorios, un criterio ampliamente garantista, y, por esa vía, extendiendo los estándares de imputación a un modelo más parecido a uno de orden objetivo, sin recurrir a la Constitución para llegar a esa conclusión, como lo hizo la doctrina administrativa y jurisprudencia judicial de los 80, sino que simplemente sosteniendo la existencia de estándares ideales de la acción administrativa.

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"...Con el caso del Fundo Alaska la Corte Suprema reúne en una sola decisión los criterios de 'garantía de seguridad' exigibles al Estado, y que ya había anticipado en sus sentencias del 2020, con el reproche por persecuciones penales ineficaces. Al construir la falta de servicio teniendo en consideración esos dos aspectos está ampliando los márgenes de la responsabilidad del Estado..."

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