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Frenesí legislativo algo tardío

"...Los acotados esfuerzos legislativos que pueden hacerse en el escaso período y en el contexto actual debieran focalizarse en los proyectos que llevan más tiempo y que han podido ser objeto de discusión más profunda. También recomendaría no caer en la tentación de presentar proyectos para cumplir con una meta ni menos de presionar por la aprobación de otros de mala calidad..."

Viernes, 14 de mayo de 2021 a las 20:39
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Mauricio Duce
En una entrevista que publicada por El Mercurio hace algunos días, el ministro de Justicia Hernán Larraín, dio cuenta de los avances en el reimpulso que recientemente se dio a la tramitación de un nuevo Código Procesal Civil y, a la vez dio, a conocer próximos proyectos en la agenda legislativa del gobierno en el sector justicia, incluyendo el futuro envió de un proyecto de ley de mediación (para junio) y otro de reforma al Código Orgánico de Tribunales (para julio) que complementarían este esfuerzo de reforma procesal civil. El ministro Larraín también manifestó la intención de que todos los proyectos sean aprobados antes de fin de año. Pero no se quedó solo en esta materia, sino que también anunció la presentación de un proyecto sobre ejecución penal, incluyendo la creación de jueces de ese tipo, otro que asegure la autonomía de la Defensoría Penal Pública y también uno con un nuevo Código Penal.

Debe sumarse a estos anuncios al menos un par de proyectos de ley cuyo trámite ha sido iniciado muy recientemente como lo son el proyecto que crea al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (presentado en enero pasado) y el de nombramientos judiciales (presentado en el mes de abril). Además, hay que considerar otros varios proyectos cuya tramitación está pendiente y han sido presentados en momentos previos, como el de reformas al sistema de notarios y conservadoras, el de cambios al Consejo de Defensa del Estado y el de regulación de una situación transitoria para enfrentar el funcionamiento judicial post pandemia (al cual se la ha agregado hace muy poco una indicación muy problemática para regular el régimen permanente).

Se trata, sin lugar a dudas, de proyectos que recaen sobre materias muy relevantes en las que resulta indispensable introducir mejoras en nuestro país. Con todo, me llama la atención este cierto frenesí legislativo para el contexto actual. Recordemos que al actual gobierno le queda poco más nueve meses de gestión. Yo soy un firme creyente de que los gobiernos democráticamente electos tienen el derecho de gobernar hasta el último día. Mi problema, por lo tanto, no tiene que ver con el legítimo derecho de la autoridad de intentar legislar hasta el final de su mandato, sino más bien mis dudas surgen al constatar problemas importantes de calidad, oportunidad y realismo al tener una agenda legislativa tan abultada y en temas tan centrales. Esos problemas pueden traducirse luego en leyes deficientes o en “quemar” proyectos necesarios.

Como elemento de contexto consideremos además que en estos poco más de nueve meses de gestión es probable que la pandemia siga estando presente y genere múltiples problemas de salud pública, pobreza, empleo y crecimiento económico que deberán ser enfrentados con prioridad. Además, hay pendientes cinco procesos electorales (sin incluir la elección del 15 y 16 de mayo) y se desarrollará el trabajo para la redacción de una nueva Constitución que puede definir un entorno institucional muy relevante para varios de los cambios que se proponen. Por si fuera poco, todos los estudios de opinión muestran que estamos en presencia de una autoridad que cuenta con niveles muy bajos de aprobación y, además, con serias dificultades de control de la agenda legislativa.

Veamos algunos ejemplos de lo que me preocupa. En materia de problemas de calidad, el ejemplo del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia es notable. Prácticamente todos quienes han formulado una opinión sobre el mismo, junto con reconocer la necesidad imperiosa de mejorar el acceso a la justicia en el país, han señalado los serios problemas técnicos que tiene la propuesta presentada, incluyendo muy centralmente la dimensión de las defensorías de las víctimas. Esto quedó muy de manifiesto en la sesión en que la propuesta fue analizada a fines del mes de enero (20) en la Comisión Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, en donde en forma unánime, según pueden apreciar aquí, todos quienes comparecieron hicieron ver objeciones de corte estructural a la propuesta que probablemente no puedan resolverse con un maquillaje menor.

Un ejemplo de falta de oportunidad absoluta se vincula al proyecto de ley sobre nombramientos judiciales de abril pasado. Por la naturaleza de esta materia, se trata de un tema en que se requiere como un supuesto previo una reforma constitucional al capítulo VI del texto vigente que dedica a este tema una regulación detallada. A solo unas semanas de inicio del trabajo de la Convención Constituyente, la pregunta básica es que si tiene algún sentido siquiera iniciar un debate que tendrá que ser resuelto en el contexto del trabajo constituyente que se inicia. La verdad, no encuentro mucha explicación al haber iniciado en este momento ese debate con un proyecto de ley que ya llegó en forma tardía, salvo que el único interés sea decir “cumplimos presentando un proyecto que anunciamos hace años”.

Finalmente, un ejemplo de falta de realismo: el proyecto de nuevo Código Penal. Todos sabemos que no existe ninguna posibilidad de que en un corto tiempo se pueda aprobar un proyecto de esta naturaleza. Su presentación en los próximos meses corre el riesgo en el actual contexto de quemar una iniciativa que podría tener muchos méritos técnicos y que podría servir como un insumo central para el debate en una oportunidad donde tenga posibilidades reales de ser aprobado. Recordemos que este gobierno ya tiene una experiencia previa al haber presentado el día 10 de marzo de 2014, es decir, el día anterior a vencer su primer mandato, un proyecto de nuevo Código Penal (Boletín N° 9.274-07) que sirvió solo para poner el check en el listado de cumplimiento de promesas legislativas, pero que durmió el sueño de los justos prácticamente desde el mismo día. Sería un grave error hacer lo mismo.

Mi modesta recomendación es que los acotados esfuerzos legislativos que pueden hacerse en el escaso período y en el contexto actual debieran focalizarse en los proyectos que llevan más tiempo y que han podido ser objeto de discusión más profunda. También recomendaría no caer en la tentación de presentar proyectos para cumplir con una meta ni menos de presionar por la aprobación de proyectos de mala calidad técnicamente simplemente con el objetivo de decir que se aprobó.

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