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Más allá del voto dirimente

"...Si bien se trata de un asunto de fácil solución, es indiciario de un problema más profundo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, cual es el de su legitimidad frente a los demás poderes del Estado. Porque, mientras estos se justifican por su origen democrático, los jueces se justifican por las razones que invocan para aplicar las normas en tal o cual sentido..."

Jueves, 31 de diciembre de 2020 a las 15:30
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José Miguel Aldunate
¿Por qué obedecer las decisiones del Tribunal Constitucional (TC)? Visto que los parlamentarios se muestran cada vez menos disponibles para hacerle caso a las reglas, la pregunta por la legitimidad de las decisiones del TC se hace inevitable, particularmente cuando una importante definición legislativa, como la del retiro del 10%, se decide por el voto dirimente de su presidenta.

Por lo pronto, la crítica contra María Luisa Brahm es acomodaticia. El ex ministro y presidente del TC, Carlos Carmona, hombre cercanísimo a la entonces presidenta Bachelet, dirimió 28 veces las decisiones del tribunal: más que todos sus predecesores juntos y mucho más que las cinco veces de la ministra Brahm. Nadie chistó. Pero, además, se trata de una facultad que los presidentes ejercen casi sin quererlo, porque no está en sus manos la producción de empates. De hecho, el presidente del tribunal es el último en votar, según lo establece su propia ley orgánica.

Todo parece solucionarse cambiando la integración del tribunal, o bien, las reglas de mayoría. Bastaría con contar con un número impar de ministros o, manteniendo el número par, establecer que en caso de empate el requerimiento se entiende rechazado. ¡Y nunca más una sentencia decidida por voto dirimente!

Pero, si bien se trata de un asunto de fácil solución, es indiciario de un problema más profundo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, cual es el de su legitimidad frente a los demás poderes del Estado. Porque, mientras estos se justifican por su origen democrático, los jueces se justifican por las razones que invocan para aplicar las normas en tal o cual sentido.

Esto es particularmente relevante respecto del Tribunal Constitucional, en cuanto ejerce un rol contra mayoritario en resguardo de la vigencia del texto constitucional. Si se equivoca, o bien resta vigencia al Estado de derecho y deja a los ciudadanos desprotegidos de la tiranía de la mayoría, o bien impone sus designios por sobre los de los representantes electos, usurpando la voluntad popular. Por lo tanto, los ciudadanos necesitamos estar muy seguros de que el TC razona correctamente y que sus fallos aplican fielmente la Constitución.

Entonces, si la mitad del tribunal dice que los cisnes son blancos y la otra mitad dice que los cisnes son negros, el mero recurso formal a la facultad de dirimir del presidente como primus inter pares no parece razón suficiente. El problema es el empate, no el resolverlo mediante el voto dirimente.

Algunos países solucionan el problema como el avestruz, prohibiendo la publicación de las disidencias. Así, los tribunales constitucionales europeos suelen mantener en secreto el resultado de la decisión, aunque con distintos niveles de secretismo. Hasta antes de 1941, la Corte Suprema de Estados Unidos decidía por unanimidad la mayoría de sus fallos, para luego abandonar dicha regla y empezar a publicar las disidencias. Nuestro TC, por su parte, publica sus votos minoritarios, así como también lo hacen los miembros de nuestra justicia ordinaria, según lo ordenan la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el Código Orgánico de Tribunales.

La discusión sobre la publicidad de las disidencias es extensa y muy interesante, pero me parece que yerra el punto. Un tribunal que no publica sus disidencias solo puede entregar una apariencia de unidad de criterio jurídico, lo que resta comprensibilidad a sus decisiones. Por su parte, un tribunal que publica sus votos es más transparente en su deliberación, pero perfectamente puede ocurrir que dicha transparencia se convierta, más bien, en una mera exhibición de la falta de deliberación entre las posiciones irreconciliables que conviven en su interior. Esto es, lamentablemente, lo que parece ocurrir con nuestro Tribunal Constitucional.

Si el TC ha de tomar en serio el rol que se le ha encomendado, entonces es importante que sus miembros den valor a la búsqueda de un consenso jurídico, aún entendiendo que muchas veces ello no será posible. No se trata de un mero idealismo inconducente. Como señaló Carl Schurz, “los ideales son como las estrellas: puede que nunca los alcancemos, pero como los marineros, guiamos nuestro camino por ellos”. A la inversa, si pensamos que la búsqueda de un consenso jurídico es una quimera, lo más probable es que no lo alcancemos nunca. El resultado será parecido al actual: ministros tirando cada uno para su lado, con la consecuente deslegitimización del Tribunal Constitucional.

Los cambios en la composición y atribuciones del TC son inminentes, pero en el intertanto, es importante que tanto sus razonamientos como sus decisiones den cuenta de una cultura institucional apegada a la tarea del juez: fallar conforme al texto de la Constitución con la mayor neutralidad posible.

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"...Si bien se trata de un asunto de fácil solución, es indiciario de un problema más profundo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, cual es el de su legitimidad frente a los demás poderes del Estado. Porque, mientras estos se justifican por su origen democrático, los jueces se justifican por las razones que invocan para aplicar las normas en tal o cual sentido..."

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"...Podrán existir diversas y legítimas posiciones políticas e intelectuales, entre parlamentarios y académicos, acerca de cómo perfeccionar el estatuto constitucional de la iniciativa exclusiva presidencial legislativa. Eso debe ser materia del proceso constituyente en que se encuentra nuestro país. Con todo, si algo es claro es que a la hora de innovar en este campo ha sido la propia práctica parlamentaria la que ha dado cuenta de diversas iniciativas..."

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"...La decisión del caso parece correcta, pero el tratamiento lógico y jurídico de la materia es tan confuso que el propio juez Urrutia se sintió autorizado para comentar la sentencia con la libertad de un parlamentario (...) La tarea de los tribunales —nacionales e internacionales— es dar precisión y claridad a las normas, no abrir interrogantes ni poner en entredicho la consistencia de los sistemas jurídicos..."

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