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Negociaciones con la Unión Europea: Chile y la protección de las indicaciones geográficas

"...Es importante tener presente que las marcas comerciales constituyen un activo fundamental para sus titulares, además de estar reconocidas por la Constitución Política como una especie de propiedad. Cualquier disposición que limite el uso de las facultades sobre el dominio de este tipo de bienes puede ser considerado un acto expropiatorio..."

Miércoles, 09 de diciembre de 2020 a las 13:10
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Andrés Grunewaldt
Hace 24 años, Chile y la Unión Europea (UE) comenzaron las negociaciones para establecer una asociación de carácter político, económico y de creación de un área de libre comercio bilateral. Luego de diez rondas de negociaciones finalmente se llegó a puerto, entrando en vigor en marzo de 2005.

Uno de los temas más complejos en el marco de la negociación de tratados internacionales de este tipo es el capítulo de propiedad intelectual, dentro de este punto la protección de las indicaciones geográficas (IG) y las denominaciones de origen (DO). Respecto de las primeras, son conceptos que identifican a un producto como originario de una región geográfica, atribuyéndole determinadas características o reputación vinculada a su origen geográfico. En el caso de las DO, son derechos atribuibles además otros factores —como por ejemplo humanos— que incidan en la caracterización del producto. Ejemplos de este tipo de derechos en nuestro país son el limón de pica, la sal de Cáhuil y, por supuesto, nuestro pisco.

En efecto, si bien en el acuerdo del año 2005 se efectuó un reconocimiento y protección recíproco de IG y DO vinculadas al vino y bebidas espirituosas y aromatizadas, nuestro país debió renunciar al uso de varias denominaciones y cancelar marcas comerciales, como por ejemplo Champagne. El uso de esta denominación se suspendió con la entrada en vigencia del Acuerdo y se dio un plazo para cancelar las marcas que contenían este término, en consecuencia, hoy las empresas nacionales no usan la expresión Champagne, sino espumante.

Sin perjuicio de las citadas renuncias, desde un punto de vista comercial el acuerdo ha sido exitoso. En efecto, mientras que el año 2003 las exportaciones ascendieron a US$ 8.399 millones, en el año 2019 llegó a US$ 18.502 millones.

En octubre de este año finalizó la octava ronda de negociaciones que se mantenían vigentes hasta hoy desde el 2017, cuando se inició la modernización del actual Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE.

Si bien han existido avances importantes en varios temas, como por ejemplo telecomunicaciones, medidas sanitarias y materias ambientales, es nuevamente el capítulo de propiedad intelectual uno de los últimos donde aún quedan asuntos pendientes.

Específicamente en materia de IG, el año 2019 Europa envió un listado de términos que pretenden ser reconocidos y protegidos en nuestro país y esta vez la renuncia impuesta pareciera ser mayor. Se trata de 222 expresiones que los europeos pretenden que sean protegidas como IG o DO, incluyendo, entre otros, a 68 quesos, como manchego, camembert, grouyere, feta, roquefort, entre otros. Muchos de ellos coinciden con marcas comerciales que llevan más de 30 años registradas en Chile de buena fe, cuyo alcance de nombre es una mera coincidencia.

Adicionalmente, los europeos buscan una protección reforzada para estos productos agrícolas y alimenticios conforme al artículo 23 de los ADPICS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), en circunstancias que nuestro país contempla este tipo de protección únicamente para vinos y bebidas espirituosas.

En este mismo sentido, otra pretensión de los europeos es la implementación de medios administrativos (y más sencillos) para la observancia de las IG. Hoy en Chile es judicial.

Sin perjuicio de que el gobierno abrió un período de consultas el año pasado, hasta ahora la sociedad civil no ha tenido mayores noticias en este punto y las negociaciones sobre este tema son sumamente relevantes, ya que en la práctica podrían llegar a implicar la limitación de activos marcarios.

Es importante tener presente que las marcas comerciales constituyen un activo fundamental para sus titulares, además de estar reconocidas por la Constitución Política como una especie de propiedad. Cualquier disposición que limite el uso de las facultades sobre el dominio de este tipo de bienes puede ser considerado un acto expropiatorio.

Al respecto, el único procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico que permita privar del dominio, o bien afectar al derecho en su esencia, es la ley, la cual debe autorizar la expropiación por (1) causa de utilidad pública o (2) interés nacional, por este motivo debe ser calificado por el legislador en la misma ley.

Adicionalmente, la protección de las marcas comerciales tiene consagración mediante tratados internacionales multilaterales firmados por nuestro país, en particular el ADPICS. Se trata de uno de los acuerdos multilaterales más importantes a nivel mundial, ya que establece los estándares mínimos de protección en materia de propiedad intelectual que todos los países deben cumplir.

En cuanto a los derechos marcarios, el citado tratado establece la obligación expresa de reconocer y proteger las marcas comerciales válidamente registradas, señalando en su artículo 17 que se podrán establecer excepciones limitadas a los derechos que emanan de una marca, a condición de se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Por su parte, el artículo 20 del tratado en comento señala que no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Lo anterior, sin perjuicio de todos los derechos consagrados en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

Europa está teniendo problemas con otros países por este mismo tema. En efecto, en el último reporte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se destacan los negativos efectos que tiene el enfoque de la UE en la protección de las indicaciones geográficas en los mercados de la UE y en productores estadounidenses, en particular aquellos que tienen marcas comerciales registradas o que utilizan expresiones a estas alturas genéricas y descriptivas. Lo mismo esta pasando en las negociaciones que la UE sostiene hoy con Australia, en particular respecto de ciertos quesos.

Esperamos que la normativa constitucional y legal de propiedad industrial sea tomada en cuenta a la hora de finalizar las negociaciones con la Unión Europea y que el acceso a nuevos mercados no se transe a costa de limitar activos de propiedad intelectual de personas y empresas locales.

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"...La Ley 20.169 se presenta como una muy buena alternativa cuando, aunque no existan marcas comerciales fonéticamente similares ni envases protegidos mediante un diseño industrial, las formas de presentación al público de los productos sean muy similares (...) Una herramienta de apoyo clave cuando el sistema registral de propiedad industrial no abarque situaciones que a todas luces son contrarias a la buena fe..."

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"...No solo ayuda a la protección de la industria local, sino que permite que marcas extranjeras, cuya protección en su país de origen se funda en signos 'no tradicionales', puedan tener el debido resguardo. De acuerdo con la actual legislación, lo que entendemos por marca comercial se basa en que esta sea una 'representación gráfica', pero a la luz de lo recién indicado dicho elemento queda obsoleto..."

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"...La norma constitucional, así como la Ley de Propiedad Industrial, son herramientas que, usadas correctamente, deben permitir a los legítimos creadores y desarrolladores dar la solución al covid, poder administrar lo que les pertenece o, en caso de que el Estado estime necesaria su expropiación por causa de salud pública, se otorgue una retribución justa por la licencia forzosa u obligatoria..."

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