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¡Tranquilo… no pasa nada! Causalidad psicológica y gestión del riesgo de desastre

"...Una situación particularmente delicada y compleja se produce cuando se emiten, infundadamente, mensajes tranquilizadores a la población. Esto es grave, pues puede llevar a los individuos a desestimar el riesgo a que se encuentran expuestos y a omitir las medidas de autoprotección que, de estar debidamente informados, habrían adoptado..."

Miércoles, 18 de noviembre de 2020 a las 9:43
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Lilian San Martín
Una parte relevante de la gestión del riesgo de desastre es justamente la comunicación del riesgo a los potenciales afectados. En efecto, en la sociedad del riesgo la información constituye una herramienta fundamental para asegurar la adopción de decisiones correctas en términos de seguridad. De esta manera, la adecuada comunicación del riesgo constituye un deber para el encargado de su gestión, quien está llamado a involucrar a la población en la adopción de decisiones responsables y efectivas, con miras a la autoprotección.

La observancia de tal deber implica cumplir con ciertos parámetros, que pueden resumirse de la siguiente manera: (i) veracidad científica,(ii) oportunidad, (iii) emisión en términos claros y comprensibles y (iv) empatía. Estas características se hacen indispensables cuando se considera que los destinatarios de la comunicación son individuos dotados de autodeterminación y, por tanto, deben ser capaces de valorar y evaluar la información recibida, a fin de tomar sus propias decisiones.

En un escenario como el que vivimos actualmente, en medio de un desastre natural de escala mundial, tales consideraciones resultan de vital importancia. Ellas implican que las autoridades llamadas a gestionar la emergencia tienen el deber de mantener a la población correctamente informada sobre los riesgos a que se encuentra expuesta. Por tanto, una negligencia, imprudencia o impericia (culpa) en este punto es potencialmente apta para generar responsabilidad civil.

Sin perjuicio de que los errores de comunicación pueden ser de diversa índole, una situación particularmente delicada y compleja se produce cuando se emiten, infundadamente, mensajes tranquilizadores a la población. Esto es grave, pues puede llevar a los individuos a desestimar el riesgo a que se encuentran expuestos y a omitir las medidas de autoprotección que, de estar debidamente informados, habrían adoptado. Sobre esto es posible citar dos ejemplos altamente mediáticos.

El primero proviene de la jurisprudencia italiana. Luego del terremoto de L’Aquila, se condenó al subdirector de la Protección Civil por haber concedido una entrevista televisiva, con anterioridad al sismo, descartando la posibilidad de que un evento de esas característica se produjese. Este hecho indujo a algunas personas a abandonar la costumbre de salir de sus casas al sentir las primeras señales de movimiento telúrico, muriendo aplastadas por los escombros de sus propias habitaciones.

El segundo proviene de la jurisprudencia nacional y concierne a una serie de demandas ejercidas en contra del fisco a raíz de la comunicación radial emitida por el Intendente de la Región del Biobío anunciando a la población la ausencia de riesgo de tsunami, como consecuencia del terremoto del 27F, el cual se produciría minutos más tarde. En virtud de tal mensaje, a pesar de la intensidad del sismo, una parte de la población decidió no refugiarse en las zonas altas de la ciudad, siendo luego alcanzada por la onda del tsunami.

Lo característico de ambos casos es el hecho de que las víctimas (por rebote) no reprochan a las autoridades el que no desplegaran medidas de protección de la población, sino el haber llamado injustificadamente a la calma y, de esa forma, haber inducido a las víctimas directas a exponerse al peligro que luego se concretó. En consecuencia, la causa del daño se asocia al efecto tranquilizador del mensaje de la autoridad, que llevó a la población a no tomar las medidas de autoprotección que, de otra manera, habría espontáneamente adoptado.

Desde el punto de vista de la teoría general de la responsabilidad civil, se trata de la llamada causalidad sicológica, específicamente en su variante de defecto de información. Esta forma de establecimiento del nexo causal se caracteriza por dos aspectos: (i) uno de los extremos no está dado por un evento, sino por la conducta de un individuo capaz de autodeterminación, y (ii) la formación del nexo causal se basa en el efecto de la comunicación en la psiquis del destinatario del mensaje, se trata, por tanto, de un evento de naturaleza eminentemente mental, que ocurre al interior de un sujeto.

Así las cosas, para que se configure el nexo de causalidad entre la emisión de la comunicación y el daño padecido por la víctima directa es imprescindible que se cumplan tres condiciones específicas: a) que la víctima haya recibido el mensaje, b) la confianza de la víctima en la autenticidad del mensaje y en la autoridad (moral o científica) de quien lo emite, y c) que la víctima efectivamente haya actuado guiada por la información errónea y no por otras consideraciones que, en cualquier caso, la habrían llevado a adoptar la misma decisión. El último de estos requisitos es el más complejo de todos y, por lo mismo, el que me interesa abordar en esta sede.

La exigencia de que la víctima haya actuado movida por la información errónea implica que esté acreditado en autos —conforme a los medios ordinarios de prueba— que la decisión de la víctima obedeció precisamente al hecho de haber recibido dicha información. Si la decisión hubiera sido la misma, independientemente de la información proporcionada, falla el test de conditio sine qua non y, por tanto, no se configura la responsabilidad. Cabe señalar que, tratándose de la comunicación del riesgo de desastre, este aspecto es fundamental, pues estudios antropológicos demuestran que, en muchas ocasiones y por distintos motivos, la población debidamente alertada de un peligro no toma en serio la información, porque percibe de manera diferente la amenaza y la peligrosidad.

Desde el punto de vista científico, esta idea exige hacer cuentas con los procesos neuronales a través de los cuales las personas perciben el riesgo y adoptan decisiones, los cuales son altamente complejos, pues la respuesta concreta a un determinado estímulo (en este caso, la información) depende de múltiples factores, tales como el sexo, la edad, las experiencias de vida anteriores, el ambiente en el cual se vive, entre otros. Ante este panorama, establecer cuál habría sido la decisión de la víctima con la información correcta representa un arduo problema probatorio, pues se trata de establecer un contrafáctico relativo a una circunstancia que queda estrictamente en el fuero interno de la persona.

Un rápido análisis de la doctrina y jurisprudencia extranjera demuestra que existen fundamentalmente tres formas de enfrentar este problema. Una opción es recurrir a las reglas generales de prueba de la causalidad, de modo que será la víctima quien deberá acreditar el hecho de que, de no haber mediado la información errónea, ella (o la víctima directa en caso de daño por rebote) habría adoptado una decisión diferente, aportando la evidencia de su comportamiento alternativo. De manera que, de no resultar probado ese particular, se deniega la responsabilidad. Otra posibilidad es recurrir a una inversión de la carga de la prueba, de modo que, acreditada la culpa del informante, será este quien deberá acreditar que la víctima habría adoptado exactamente la misma decisión y que, por tanto, su negligencia no tuvo influencia en el daño resultante (en materia médica, esto se conoce como “consentimiento hipotético informado”). Sin perjuicio de a quien le corresponda la carga de la prueba, en ambos casos se trata de mirar la situación de la víctima concreta, de manera que el razonamiento del juez se basa en la trayectoria de la víctima en particular.

Finalmente, la tercera posibilidad se sitúa más bien como una vía intermedia. Se mantiene la idea de que la carga de la prueba pesa sobre la víctima, pero la reconstrucción de la decisión no se basa en la trayectoria de la víctima concreta, sino en sobre lo que una persona razonable habría hecho en las mismas circunstancias y, por tanto, se resuelve el caso sobre la base de las máximas de la experiencia.

De los casos reseñados, en el relativo al terremoto de L’Aquila se optó claramente por la primera solución. Los tribunales italianos se ocuparon expresamente de analizar la prueba a fin de establecer si estaba o no acreditado en juicio el hecho de que las víctimas habrían abandonado sus casas ante las primeras señales de terremoto de no haber tomado conocimiento de la entrevista del subdirector de la Protección Civil. Por su parte, en el caso del anuncio del Intendente, si bien formalmente se opta por la primera alternativa, lo cierto es que la Corte Suprema se inclinó más bien por la tercera solución. En efecto, de la lectura de los fallos se desprende que el razonamiento jurisprudencial fue más o menos el siguiente: atendida la magnitud del sismo y el conocimiento previo de la población del gran Concepción sobre las consecuencias de un sismo de esa intensidad, la comunidad era consciente de la importancia de alejarse, o permanecer alejado, de la costa. A su vez, la información oficial emitida por una autoridad descartando el peligro tiene (o cuando menos tenía en ese entonces) la virtud de infundir tranquilidad en la población, en atención a la confianza que esta tenía en las autoridades administrativas. De modo que, de no haberse emitido por el intendente la comunicación descartando la alerta de tsunami, es razonable suponer que la población se habría alejado de la costa. Es decir, no se tomó en consideración a las víctimas concretas, sino que se razonó sobre una máxima de la experiencia.

Ahora bien, como en muchas otras materias, no es posible sostener que una solución es correcta o incorrecta. Lo que sí es importante es que exista coherencia entre la solución que se prefiera y las reglas generales que gobiernan la responsabilidad en el respectivo ordenamiento y, sobre todo, que no se proporcionen soluciones ad casum, sino que los operadores jurídicos tengan la posibilidad de establecer a priori cuál será la regla con que se juzgará el caso concreto.

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