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Imprevistos y mitigación de daños

"...Frente a ese escenario, atendido que el evento es imprevisto y externo a ambas partes, cobra especial relevancia el hecho de que la gestión del riesgo no radique exclusivamente en el deudor de la prestación afectada, sino que se distribuya entre los contratantes, dependiendo de quién está en mejor posición para administrarlo. En concreto, esta circunstancia contribuye a mantener el equilibrio contractual..."

Jueves, 15 de octubre de 2020 a las 12:44
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Lilian San Martín
En el último año la doctrina civilista ha demostrado gran interés por los efectos del “estallido social” y de la pandemia de covid-19 sobre las relaciones contractuales. En particular, esta atención se ha centrado en la posibilidad que asiste al deudor de asilarse en el caso fortuito para excusar el incumplimiento de su prestación. En esta columna, sin embargo, me quiero centrar en la otra alternativa, esto es, que el deudor no logre acreditar la configuración del caso fortuito y, por ende, quede obligado a indemnizar los daños derivados de su incumplimiento. Más aún, me interesa analizar si esta circunstancia autoriza al acreedor a obtener la indemnización de aquellos daños que, si él hubiera tomado en mano la situación, realizando una gestión razonable de la emergencia, habrían podido evitarse.

En efecto, frente al incumplimiento de la obligación el acreedor tiene dos caminos: dejar que las cosas sigan su curso o bien activarse para gestionar la situación, mitigando las pérdidas y evitando que se extiendan innecesariamente. La segunda alternativa se encuentra expresamente consagrada en numerosos ordenamientos jurídicos nacionales, así como en los instrumentos de unificación y armonización del derecho privado. En Chile, en lo que atañe al derecho interno, no hay una norma expresa al respecto, aunque existen buenos argumentos históricos y dogmáticos para sostener que forma parte del ordenamiento. Sobre esto me he pronunciado en más de una ocasión, con lo cual me permito reenviar a esas instancias1. Aquí me interesa destacar la incipiente recepción jurisprudencial que esta institución ha tenido en Chile y su importancia en la gestión de escenarios adversos e imprevistos para ambas partes del contrato.

Las principales consecuencias de la carga de mitigación de daños son dos: en primer lugar, se excluyen de la indemnización aquellos daños que el acreedor hubiera podido evitar y, en segundo lugar, el acreedor tiene derecho al reembolso de los costos razonables de mitigación. Ahora bien, el reconocimiento incipiente de esta institución en Chile se refleja en el hecho de que la jurisprudencia admite el derecho del acreedor a recuperar los costos de la mitigación, los cuales se incluyen en la partida de daño emergente. Al efecto, resulta iluminador reseñar dos casos que, aunque no tan recientes, son ejemplificadores de lo que vengo diciendo.

El primero es el caso resuelto en la sentencia de la Corte Suprema de fecha 13 de abril de 2015, Rol Nº 23448-2014. El juicio versa sobre un caso de vicios redhibitorios en que el comprador demandaba, entre otras cosas, el reembolso de los gastos en que había incurrido al verse en la necesidad de arrancar y replantar un olivar, que formaba expresamente parte del contrato, y cuya plantación había sido incorrectamente llevada a cabo por el vendedor. Aunque el demandante no alude al cumplimiento de su carga de mitigación, de sus dichos, resumidos en la sentencia de primera de instancia, se desprende claramente que esto fue justamente lo que inspiró su actuar. Al efecto, textualmente se lee:

“Indica la demandante que, dadas las condiciones y atendido que don Cristian Vial Budge no sugirió ninguna alternativa razonable para superar el grave problema que afectaba a la plantación del sector Olivos 3, Bogaris procedió a seguir arrancando y plantando nuevamente todo el sector, asumiendo todos y cada uno de los costos que ello significaba, con el fin de comenzar a explotar normalmente el terreno comprado y de evitar que los perjuicios que se derivan del hecho de mantener plantaciones que a la larga resultaran improductivas, no siguieran aumentando (sic)”. [23º Juzgado Civil de Santiago, 10 de octubre de 2012, ROL C-666-2009].

Entre otros argumentos, el vendedor sostenía que tales costos no le eran imputables, pues eran producto de la decisión del comprador. Sin embargo, el tribunal de primera instancia, en sentencia confirmada en apelación y casación, ordenó el pago de tales gastos. Si bien el tribunal tampoco menciona la carga de evitar los daños, bien vistas las cosas, atendidas (i) las graves malformaciones que la incorrecta plantación había ocasionado en los árboles, (ii) el fin para el cual había sido adquirido el predio y (iii) los años de productividad de los olivos, la decisión de arrancar los árboles originarios y reemplazarlos por plantas sanas es una medida razonable y económicamente eficiente, que tiene como finalidad contener los efectos de los vicios de la plantación y, por tanto, su costo debe ser traspasado al deudor, conforme a las reglas de la evitación o mitigación de daños, tal y como resolvió el tribunal.

El segundo caso, resuelto con sentencia de la Corte Suprema de fecha 8 de octubre de 2015, Rol Nº 32960-2014, trata de un contrato de construcción en que el contratista impugnaba la sentencia dictada en juicio arbitral, que fue finalmente confirmada2. En el caso, el contratista construyó el conjunto habitacional encargado por el mandante con filtraciones en las ventanas de los baños. El mandante, luego de encargar un informe de perito que constató el defecto, solicitó a un tercero que se hiciera cargo de repararlo y luego, entre otras cosas, demandó en sede arbitral el reembolso de tales gastos. Frente al alegato del demandado que tal reembolso no era procedente, pues debió haberse recurrido al mecanismo del artículo 2002 y designar de común acuerdo un perito, el tribunal arbitral sostuvo:

“Tampoco existe una infracción al inciso segundo del artículo 2002 del Código Civil; pues, no es razonable ni necesario que quienes encargan una obra que es construida defectuosamente esperen hasta el fin de la controversia para repararla, sobre todo cuando se trata de viviendas que están siendo habitadas por sus dueños. Esa exigencia no se deriva en ningún caso del sentido literal ni teleológico del inciso segundo del artículo 2002. (…) En efecto, en casos de disputas acerca de defectos de construcción, la medida de los daños que se demandan generalmente está dada por el costo de las reparaciones Furst, Stephen y Ramsey, Vivian. Keating on Contracts. 9ª ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2012. p. 341) (…)”.

Lo aquí resuelto es relevante, pues, efectivamente, si el mandante tiene que esperar hasta el final del juicio para reparar los defectos de construcción es perfectamente posible que termine por agravar la situación, extendiendo los perjuicios a daños que podían evitarse, tales como daños en el mobiliario que guarnece los inmuebles e incluso a la salud de sus habitantes. De ahí que, como bien explican los autores ingleses citados en la sentencia arbitral, una de las principales partidas a discutir en un juicio de construcción sean las reparaciones efectuadas por el mandante. Este hecho se explica suficientemente cuando se considera que estas reparaciones no son una actividad “graciosa” del mandante, sino que él está llamado a realizarlas en virtud de la gestión razonable del incumplimiento, toda vez que carece de derecho a exigir indemnización por aquellos daños que habría podido evitar con una actuación oportuna.

Admitido que la gestión razonable del incumplimiento, con la consiguiente mitigación de daños, es aplicable en Chile, conviene destacar la importancia que ella adquiere en situaciones como las derivadas del “estallido social” o la pandemia. Estos eventos, sin perjuicio de alguna voz disidente, pueden desde luego calificarse de imprevistos para quienes contrataron con anterioridad a su verificación. Se trata de situaciones que las partes no tuvieron en consideración al tiempo de fijar el marco contractual. Sin embargo, esta sola circunstancia no es suficiente para exonerar de responsabilidad al deudor por el incumplimiento que ellos ocasionen, para ello se requiere que se reúnan otros requisitos. Así las cosas, es perfectamente posible que en un caso concreto el deudor resulte obligado a indemnizar daños derivados de estos imprevisto, por no haber reaccionado conforme lo exigía el contrato.

Frente a ese escenario, atendido que el evento es imprevisto y externo a ambas partes, cobra especial relevancia el hecho de que la gestión del riesgo no radique exclusivamente en el deudor de la prestación afectada, sino que se distribuya entre los contratantes, dependiendo de quién está en mejor posición para administrarlo. En concreto, esta circunstancia contribuye a mantener el equilibrio contractual, pues, por un lado, impide que el deudor vea innecesariamente agravados los costos del incumplimiento ocasionado por un imprevisto, evitando así un desequilibrio sobreviniente; por otro lado, dado que los costos de mitigación son trasladados al deudor, tampoco grava al acreedor con la necesidad de soportar costos destinados a contener una situación de daños jurídicamente imputable al deudor.

En definitiva, la institución en comento resguarda el equilibrio contractual, asignando a cada parte el riesgo que está en grado manejar: al deudor se le asigna el riesgo del incumplimiento imputable de la prestación, mientras que al acreedor se le asigna el riesgo de gestionar razonablemente el incumplimiento, a fin de que los daños a indemnizar por el deudor no se extiendan innecesariamente.


1 SAN MARTÍN NEIRA, Lilian C. La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño, Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 2012; SAN MARTÍN NEIRA, Lilian C. “La carga de evitar o mitigar el daño: antecedentes históricos y justificación”, en Vidal Olivares, Álvaro, Severin Fuster, Gonzalo, Estudios de derecho de contratos en homenaje a Antonio Manuel Morales Moreno, Santiago: Thomson Reuters, 2018, pp. 685-724.
2 El caso arbitral es "Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, División Codelco Norte con Consorcio Constructora Araneda Brain Chile Ltda.", seguido ante el juez árbitro mixto, don Enrique Barros Bourie, resuelto por sentencia de 10 de enero de 2014, que se lee a fojas 1156 y siguientes del cuaderno principal.

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