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Material y meramente formal

"...Que la autonomía privada sea un principio general del derecho de contratos no determina, en ningún sentido, que el legislador no pueda establecer limitaciones, a veces incluso muy severas, pero cada vez que así se hace debiésemos exigir al legislador cumplir con la carga argumentativa de justificar su intromisión. Algo semejante sucede respecto de la tutela del consumidor..."

Viernes, 09 de octubre de 2020 a las 10:45
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Iñigo de la Maza
Refiriéndose a lo que podría denominarse una “huida de la codificación”, Irti alude a un “proceso de consolidación y nacimiento de micro-sistemas”; “micro-sistemas de normas, con lógicas propias y autónomas”1.  

Por su parte, el profesor Alejandro Guzmán Brito ha criticado este planteamiento de Irti, pues no habría distinguido “entre la descodificación meramente formal a través de las leyes especiales que en lugar de arrinconar el Código, lo suponen y lo necesitan; y la descodificación material, que se produce cuando se dictan no solo las leyes especiales sino singulares, es decir, que parten de lógicas o valores opuestos a los del Código (en tal sentido, la única que habría sucedido en nuestro Derecho sería el desgajamiento del Derecho Laboral y el intento frustrado de regular la propiedad con criterios de raigambre socialista a través de las leyes de reforma agraria)”2.

La crítica de Guzmán Brito parece adecuada, sin embargo, en mi opinión al menos, al desgajamiento del derecho laboral habría que sumar el de la Ley de protección de los derechos de los consumidores (LPC). Según mi comprensión, lo que el profesor Guzmán denomina “descodificación material” es un fenómeno en virtud del cual ciertas leyes no solo se alejan, por así decirlo, “geográficamente” del Código Civil, sino que, además, en términos valóricos. Este alejamiento “valórico” del Código Civil no parece discutible respecto de la LPC.

Junto a estos supuestos de descodificación material existen muchos otros de descodificación meramente formal y, de estos, una proporción importante corresponde a lo que el artículo 2º bis de la LPC denomina “leyes especiales”.

En la medida en que se considere que la función del Código Civil es regular las relaciones de personas que se encuentran en condiciones de igualdad, en términos de que cada una de ellas puede proteger adecuadamente sus propios intereses, descodificar materialmente las normas que regulan las relaciones de consumo es una buena idea. Las relaciones de consumo difícilmente pueden caracterizarse a través de la asunción de igualdad entre las partes sobre la que reposa el Código Civil. Las relaciones de consumo, más bien, suelen caracterizarse por lo contrario: la desigualdad entre el consumidor y el proveedor.

Si se acepta lo anterior, entonces lo siguiente es considerar la relación de la LPC y las leyes especiales del artículo 2º bis. La razón es la siguiente. Existe un enorme número de leyes especiales que disciplinan ámbitos en los que se producen masivamente relaciones de consumo; por otra parte, un número muy importante de esas leyes especiales se han descodificado de manera meramente formal en lo que refiere a las relaciones de consumo. En fin, en tercer lugar, esas leyes son especiales respecto de la LPC, por lo tanto, intuitivamente al menos, se puede afirmar que su aplicación prefiere la de la LPC, desplazándola.

Al unir las tres afirmaciones anteriores se advierte el riesgo: aquello que se ganó descodificando materialmente la LPC podría perderse a través de las leyes especiales que se han descodificado de manera meramente formal.

Una mirada a las abundantes sentencias de tribunales superiores sobre la concurrencia de la LPC y de las leyes especiales muestra que, de forma abrumadoramente predominante, han decidido que la existencia de una ley especial no excluye la aplicación de la LPC, y la razón es que, generalmente, esas leyes especiales no disciplinan los aspectos propios de la relación de consumo, ya sea de carácter sustantivo o procedimental.

Siendo las cosas de esta manera, lo que resulta interesante es considerar los fallos que han establecido que la existencia de una ley especial excluye la aplicación de la LPC. Así, por ejemplo, se ha fallado (aunque no consistentemente) que las limitaciones de responsabilidad, tratándose del servicio de correos, prefieren a las normas indemnizatorias de la LPC.

Esta limitación, desde luego, perjudica a los consumidores y consumidoras. Lo anterior no necesariamente significa que esa sea una razón para criticar la limitación. Puede haber buenas razones para establecer limitaciones de responsabilidad, razones más poderosas que la tutela del consumidor. Sin embargo, según me parece, aquí las cosas se manifiestan de una manera semejante a cómo suceden tratándose de las limitaciones a la autonomía privada de los contratantes.

Que la autonomía privada sea un principio general del derecho de contratos no determina, en ningún sentido, que el legislador no pueda establecer limitaciones, a veces incluso muy severas, pero cada vez que así se hace debiésemos exigir al legislador cumplir con la carga argumentativa de justificar su intromisión. Algo semejante sucede respecto de la tutela del consumidor, se puede sacrificar en consideración a otros intereses tutelados por la ley especial, pero el legislador tiene la carga argumentativa de justificar por qué ese interés es más importante que la tutela de los consumidores.


1 Irti, Natalino. La Edad de la Descodificación. Barcelona: Colección Biblioteca de derecho privado, José María Bosch Editor, 1992, 30.
2 (Guzmán Brito, Alejandro et al., De la Codificación a la Descodificación. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2006, p. 42). 

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