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Demasiada información

"...La justificación de los deberes de información suele radicarse en la autonomía de las personas (...) A veces, debiésemos ocultarle información porque eso mejorará su bienestar. Por supuesto, el problema es cómo hacer eso y mantener la caja de Pandora del paternalismo jurídico cerrada o, al menos, únicamente entreabierta..."

Jueves, 17 de septiembre de 2020 a las 12:07
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Iñigo de la Maza
Cualquiera que haya padecido sed puede dar fe de las ingratitudes del defecto; cualquiera que haya sido torturado, introduciéndole agua a presión en la boca, puede testimoniar los sinsabores del exceso. Esto funciona así respecto de muchas cosas en la vida —no en vano, Aristóteles pensó que la virtud consistía en el punto medio entre el defecto y el exceso; y aunque no lo hubiera pensado, es sentido común— incluida la información.

Bello señaló alguna vez que todas las verdades se tocan, en ocasiones el defecto y el exceso, también. Así, por ejemplo, como consumidores y consumidoras, o como pacientes de servicios médicos, nos encontramos en una posición igualmente vulnerable cuando no disponemos de información (el defecto) y cuando la información nos inunda (el exceso).

Un ejemplo. Podemos suponer que no disponemos de información acerca de las facultades de autocontratar que se establece en un contrato por adhesión para el emisor de una tarjeta de crédito. Ignoramos esto porque no hemos tenido acceso al contrato, entonces, no cabe duda, desconocemos dicha facultad. Pero también podemos suponer que tenemos acceso al contrato, que tiene 25 páginas escritas con una letra pequeña y en apretados reglones, que tres de esas páginas detallan las facultades de autocontratar del emisor y que hemos firmado ese contrato. Este segundo escenario se asemeja al primero en un aspecto y se diferencia en otro. Se asemeja, pues seguimos siendo ignorantes acerca de la facultad de autocontratar (¿cuándo fue la última vez que leyó el contrato por adhesión que disciplina su tarjeta de crédito? Incluso, si es abogado, ¿entiende bien lo que quiere decir “autocontratar”?). Se diferencia en que, ahora, el autocontrato, salvo que sea una cláusula abusiva, obliga a quien lo firmó.

Estas consideraciones, perfectamente obvias, por lo demás, resultan importantes pues, desde la ley de derechos y deberes de los pacientes hasta la ley de protección de los consumidores, pasando por otras decenas de leyes, se utiliza la información como una técnica de protección de las partes que se consideran en una posición más débil —como el paciente o la consumidora, entre otros—.

Suena bien, la información aumenta el conocimiento y el conocimiento permite tomar decisiones de manera más autónoma. Eso, claro, siempre que las personas conozcan la información y, según acabamos de verlo, pueden ignorarla porque no la tienen o porque tienen demasiada.

Lo anterior ya se encuentra suficientemente documentado, la entrega de información tiene costos de oportunidad, suministrar alguna determina que no se entregará —o no se leerá— otra.

Cass Sunstein, uno de los académicos más prolíficos de la vertiginosamente prolífica academia jurídica estadounidense, ha publicado este año un libro (Too Much Information. Understanding What You Don´t Want to Know, MIT Press, 2020) en el cual empuja las cosas en una dirección mucho más controversial.

En la introducción del libro relata que su padre, una persona entonces de 60 años, saludable y deportista, comenzó a caerse mientras jugaba tenis. Su madre insistió en que se realizara unos controles médicos. Luego de un conjunto de exámenes, la madre le dijo al padre que todo estaba bien, solo unas cefaleas perfectamente normales. Una hora después, le dijo a Sunstein que su padre tenía un tumor cerebral y que, probablemente, no sobreviviría más de 18 meses, pero que no se lo contarían. Así lo hicieron.

Es una pregunta moral si debieron o no hacerlo. En cambio, si quien se pone en la posición de la madre de Sunstein es el Estado es una pregunta jurídica o, más ampliamente, de políticas públicas.

La tesis de Sunstein es que, en ciertas ocasiones, puesto en la posición de su madre, el Estado debe hacer lo mismo que ella.

El libro, que puede ser descargado de Amazon, produce suficiente placer como para arruinarlo aquí, adelantando su contenido, sin embargo, algo sí que se puede decir que sin conseguir ese lamentable resultado sea de interés.

La justificación de los deberes de información suele radicarse en la autonomía de las personas. El giro que ofrece Sunstein, tan controversial como seductor, consiste en desplazar el eje desde la autonomía hacía el bienestar de las personas. A veces, debiésemos ocultarle información porque eso mejorará su bienestar. Por supuesto, el problema es cómo hacer eso y mantener la caja de Pandora del paternalismo jurídico cerrada o, al menos, únicamente entreabierta.

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"...Frente a ese escenario, atendido que el evento es imprevisto y externo a ambas partes, cobra especial relevancia el hecho de que la gestión del riesgo no radique exclusivamente en el deudor de la prestación afectada, sino que se distribuya entre los contratantes, dependiendo de quién está en mejor posición para administrarlo. En concreto, esta circunstancia contribuye a mantener el equilibrio contractual..."

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"...La transformación digital del sistema notarial se debe afrontar desde al menos tres frentes distintos, pues hay que tratar por separado las escrituras públicas, los testamentos y los instrumentos privados. Cada uno de estos actos presenta desafíos distintos y requiere medidas diversas, que en algunos casos pueden ser complementadas con el empleo de herramientas como blockchain o con la interconexión de información entre los oficios..."

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"...Que la autonomía privada sea un principio general del derecho de contratos no determina, en ningún sentido, que el legislador no pueda establecer limitaciones, a veces incluso muy severas, pero cada vez que así se hace debiésemos exigir al legislador cumplir con la carga argumentativa de justificar su intromisión. Algo semejante sucede respecto de la tutela del consumidor..."

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