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Caso fortuito, imposibilidad y distribución de riesgos

"...La conjugación de las reglas del caso fortuito, con la consecuente imposibilidad sobrevenida del cumplimiento en forma exacta, íntegra y oportuna de la prestación, y las reglas de la llamada teoría de los riesgos, resulta indispensable para comprender cabalmente los efectos del caso fortuito no solo en la relación obligatoria, sino, de manera más amplia, en la relación contractual..."

Lunes, 14 de septiembre de 2020 a las 9:42
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Lilian San Martín
En materia contractual, hablar de caso fortuito implica aludir a una excusa para el incumplimiento del deudor afectado. En efecto, el caso fortuito es una institución obligacional, ella mira los efectos que el evento calificado de fortuito produce en la prestación del deudor afectado, pero de por sí nada afirma respecto de la suerte del contrato o de la contraprestación. Para establecer los efectos que se producen sobre el contrato será necesario abrir el lente y hacer entrar en la toma la —a mi juicio— injustamente vilipendiada teoría de los riesgos. De esta manera, la suerte del contrato queda determinada por la conjunción entre el caso fortuito de un parte, a lo que llamaré “efectos inmediatos” del caso fortuito, y la teoría de los riesgos de la otra, a lo que llamaré “efectos mediatos” del caso fortuito.

Efectos inmediatos. Estos se refieren a la imposibilidad de cumplimiento de la prestación: lo que deriva justamente del carácter irresistible del caso fortuito, definido tradicionalmente como aquel que pone al deudor en la imposibilidad absoluta de cumplir la obligación y que en tiempos recientes se ha pretendido morigerar sobre la idea del nivel de diligencia exigible. De modo que en este punto es necesario hacer eco las discusiones sobre si necesariamente la irresistibilidad (y, por ende, la imposibilidad) debe ser absoluta o bien relativa, cuestión que escapa ampliamente del propósito de esta columna. Lo que aquí importa es el hecho de que el caso fortuito genera una imposibilidad de cumplimiento.

En honor a la claridad, debo señalar que cuando hablo de imposibilidad me refiero a una afectación a cualquiera de los requisitos del cumplimiento: exactitud, integridad y oportunidad. De modo que el deudor que fortuitamente ha visto afectado el cumplimiento exacto, integro u oportuno, de su obligación queda exonerado de responsabilidad por ese hecho.

Esta imposibilidad, que no está regulada de manera general en el Código de Bello, sino solo de manera parcial y fragmentaria, puede ser definitiva o temporal, dependiendo de si la prestación se ha tornado imposible en cualquier tiempo o si, por el contrario, ella podría ejecutarse en el futuro. Asimismo, la imposibilidad puede ser total o parcial, dependiendo de si afecta la totalidad de la prestación o bien solo a una parte de ella. En este punto, siguiendo a Abeliuk [2014, p. 972], es posible señalar que los efectos de la imposibilidad son:

a) En el caso en que la imposibilidad sea total y definitiva, ella extingue la obligación.

b) En el caso de la imposibilidad temporal o transitoria, ella suspende la exigibilidad de la prestación, pero la obligación continúa vigente y debe cumplirse cuando cese la imposibilidad.

c) En el caso de la imposibilidad parcial, se extingue la obligación en la medida de la imposibilidad y queda subsistente en lo demás.

Hasta aquí hemos visto los efectos de la imposibilidad derivada del caso fortuito sobre la obligación afectada considerada de manera aislada, esto es, sin contextualizarla en su fuente de origen. Sin perjuicio de que las obligaciones tienen variadas fuentes, en esta sede me interesa referirme al contrato y a los efectos que esta situación produce al interior de la relación contractual en su integridad. Así, si el contrato es bilateral, cabe desde luego preguntarse qué pasa con la contraprestación. Por ejemplo:

- El comprador que ve que no le entregan la cosa comprada porque se quemó con los incendios del estallido social o se la entregan ostensiblemente deteriorada.

- El arrendatario que no puede seguir viviendo en la casa arrendada porque se derrumbó (o quedó inhabitable) con el terremoto de 2010 o de 2015.

- Los novios que no pudieron celebrar su fiesta de matrimonio porque se decretó el toque de queda, primero en octubre y luego en marzo.

Esto es lo que he llamado efectos mediatos del caso fortuito.

Efectos mediatos. La incidencia del caso fortuito en el contrato no se produce de manera directa, sino intermediados por la llamada teoría de los riesgos, que, al igual que la imposibilidad, no está regulada de manera sistemática en el Código de Bello, sino de forma fragmentaria, a propósito de algunas clases de obligaciones o contratos. Al efecto, cabe señalar que, en doctrina, para aludir a la teoría de los riesgos se recurre a diversos adagios, que proponen diferentes soluciones al problema: res perit creditoris, res perit debitoris y res perit domino.

En el derecho chileno, no cabe duda que el artículo más importante en la materia es el 1550, en cuanto establece que “el riesgo de la especie o cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor”. Claramente, este artículo recoge el adagiores perit creditoris; sin embargo, no contiene una regla general en la materia, toda vez que, como bien dice su texto, se aplica únicamente a las obligaciones de entregar una especie o cuerpo cierto, quedando fuera de su regulación las obligaciones de género, así como todas las obligaciones de hacer y de no hacer, respecto de las cuales no existe una regulación expresa. Por lo demás, tampoco se aplica cuando aparece una solución diferente, como es el caso del arrendamiento en cuanto a la obligación de entrega del arrendador, donde rige el adagio res perit locatoris.

Por otro lado, vale la pena señalarlo, este artículo ha sido bastante criticado por la doctrina nacional, que estima que la regla debiera ser res perit domino. Esta crítica, sin embargo, se justifica solo hasta un cierto punto, pues, por tratarse de una norma general, ella tiene aplicación respecto de todo tipo de contratos, incluidos los unilaterales, donde la regla res perit creditoris no es más que la manifestación de la imposibilidad sobrevenida. Por su parte, en los bilaterales que comportan la restitución de la cosa, la regla coincide con aquella otra según la cual res perit domino. De modo que solo resulta compleja en aquellos bilaterales que comportan la transferencia del dominio, en la práctica, solo la compraventa y la permuta, donde efectivamente es difícil explicarle al comprador que no recibirá la cosa que igualmente debe pagar el precio, sin que le sea permitido valerse de los remedios propios del incumplimiento contractual, en particular, de la resolución o bien de la excepción de contrato no cumplido, pues eso implicaría alterar las reglas de distribución del riesgo.

Establecido el alcance limitado del artículo 1550, cabe entonces preguntarse cuál es la regla en los contratos que no caben dentro de su regulación. Al respecto, estimo que es perfectamente posible afirmar que la regla general es que "cada quien asume sus pérdida", equivalente al principio, el daño debe quedar allí donde ha caído o bien casum sentit domino, que viene a coincidir con el adagio res perit debitoris. La consecuencia puede resumirse en algunas reglas:

a) El riesgo quedará radicado en la parte cuya obligación ha sido afectada con el caso fortuito; será ella quien deberá soportar las pérdidas que de él se deriven. En consecuencia, no podrá exigir el cumplimiento de la contraprestación, ni tampoco ejercer los demás remedios derivados del incumplimiento.

b) La obligación de la contraparte, por no haber sido afectada por el caso fortuito, en principio se mantiene intacta, pero no le puede ser exigida. Para ello dispone de los remedios propios del incumplimiento para exonerarse del cumplimiento u obtener el ajuste del contrato. Así podrá oponer la excepción de contrato no cumplido o bien podrá resolver el contrato, en el entendido, claramente, que ambos remedios operan con prescindencia de la imputabilidad del incumplimiento. Cabe señalar que, en todo caso, el ejercicio de estos remedios estará siempre guiado por la buena fe contractual, de modo que no podrán ejercerse de manera arbitraria o abusiva.

c) De operar la resolución, deberá procederse a la restitución de todo lo que se haya recibido en virtud del contrato.

d) En caso de imposibilidad parcial, si la contraparte no está interesada en la resolución puede solicitar la adecuación de las prestaciones a fin de que se recupere el equilibrio contractual perdido a raíz de la desproporcionalidad sobrevenida de las prestaciones.

En Chile, como dije, estas reglas no están formuladas de manera general, pero ellas se desprenden con meridiana claridad de las normas del arrendamiento y estimo que existen buenas razones para aplicarlas, por analogía, a todos los contratos. En efecto, tales reglas indican que el riesgo de la cosa grava sobre el arrendador. Así, ante una imposibilidad total de conceder el goce de la cosa al arrendatario, este tiene derecho a solicitar la terminación del contrato, mientras que ante una imposibilidad parcial, puede solicitar la reducción de la renta o bien la terminación del contrato. Nada dice el Código respecto de la imposibilidad temporal de goce de la cosa, pero estimo que, tratándose del arrendamiento, existen buenas razones para tratarla como un caso de imposibilidad parcial, habida cuenta de que la prestación del arrendador es de carácter continuado, es decir, debe mantenerse durante todo el plazo del contrato, por lo que una afectación temporal significa que no estará en grado de cumplir totalmente con su prestación, pues, como todos sabemos, el tiempo no se puede retroceder, produciéndose así una afectación parcial de goce.

Queda, sin embargo, el problema de los contratos que no son de tracto sucesivo, donde la temporalidad no se confunde con la parcialidad. Por ejemplo, el artista que no puede presentar el espectáculo en la fecha convenida, pero sí podría hacerlo en un par de semanas, en circunstancias que había sido contratado para presentarse en una fiesta de cumpleaños. En este caso, estimo que el decaimiento del interés del acreedor en la prestación extemporánea, máxime cuando existe un plazo esencial, sumado al adagio casum sentit domino, hace procedente la resolución. En todo caso, al igual que en la resolución por imposibilidad parcial, la decisión del acreedor debe ir guiada por las exigencias de la buena fe, de modo que deberá configurarse un efectivo decaimiento del interés en la prestación.

Finalmente, cabe señalar que el tiempo del cumplimiento es importante no solo para el acreedor, sino también para el deudor, de modo que será necesario definir hasta cuándo se entiende que queda el deudor obligado a realizar una prestación actualmente imposible, pero susceptible de cumplirse en el futuro. En el código civil italiano encontramos una disposición al respecto, ella señala que esta situación se prolonga hasta cuando, del título de la obligación o de la naturaleza del objeto, emane que el deudor no puede ser obligado a ejecutar la prestación, art. 1256. En Chile, a falta de una disposición expresa sobre el particular, estimo que la solución debería buscarse a través de la buena fe, entendida esta como un límite a la exigibilidad de la prestación.

Para concluir, cabe señalar que el esquema antes propuesto ha tenido expresa acogida, con mayor o menor nivel de detalle, en legislaciones extranjeras cercanas a la nuestra, como son el Código Civil peruano de 1984 y el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, de 2015 (art. 955 y 956). De modo que solo quiero reafirmar la idea según la cual la conjugación de las reglas del caso fortuito, con la consecuente imposibilidad sobrevenida del cumplimiento en forma exacta, íntegra y oportuna de la prestación, y las reglas de la llamada teoría de los riesgos, resulta indispensable para comprender cabalmente los efectos del caso fortuito no solo en la relación obligatoria, sino, de manera más amplia, en la relación contractual.

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