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La (di)símil concepción de la Corte Suprema sobre el control de convencionalidad

"..Lo que la Corte afirma tan categóricamente, esto es, que las opiniones consultivas no forman el material controlante, es a lo menos discutido (...) El control de convencionalidad es un constructo que la CS no desconoce ni rechaza estar facultada para ejercer. Sin embargo, sus decisiones carecen de uniformidad sobre sus contornos, generando interrogantes sobre la precisión y coherencia de su noción y alcance..."

Viernes, 07 de agosto de 2020 a las 9:32
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Miriam Henríquez
En una reciente sentencia, bajo el Rol N° 33.316-2019, la Corte Suprema resolvió una apelación en sede de protección que se originó en la acción incoada contra la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación de acceder a la petición de inscribir a dos mujeres como madres de dos niños, así como la de incorporar los apellidos paternos de ambas mujeres en la partida de nacimiento de los niños.

Sin perjuicio de las relevantes cuestiones sobre las que versa el fallo vinculadas al estado civil y filiación de las personas, nuestro interés es analizar los argumentos brindados por la Corte Suprema a propósito del control de convencionalidad, más precisamente, su concepción de la institución e interpretación del parámetro de control que este supone.

Cabe señalar que el fallo bajo análisis, de 20 de julio de 2020, no constituye la primera oportunidad en que el máximo tribunal se pronuncia sobre esta construcción de tipo pretoriana originada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de 2006 con el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. ]

El primer fallo en que el tribunal supremo aludió al término data del 19 de noviembre de 2013, en una sentencia sobre extradición en el que definió al control de convencionalidad como la aplicación directa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a los casos concretos de que conocen los jueces nacionales y, al mismo tiempo, como el deber de estos últimos de interpretar la normativa interna conforme al Derecho Internacional. La segunda sentencia fue dictada por la Corte Suprema el 3 de octubre de 2016, en cumplimiento de la sentencia emanada de la Corte Interamericana contra el Estado de Chile en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas vs. Chile, de 2 de septiembre de 2015, ocasión en que refirió al control de convencionalidad como un control de compatibilidad entre normas, en el sentido de la interpretación conforme que deben realizar los jueces respecto de la Convención Americana. La tercera sentencia, de 15 de mayo de 2017, recayó en segunda instancia en sede de protección, en la que caracterizó al control de convencionalidad como un examen de compatibilidad entre normas que implica la interpretación conforme al parámetro convencional. El 16 de mayo de 2019, la Corte Suprema, en razón de la resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana Norín Catrimán y otros vs. Chile, de 28 de noviembre de 2018, señaló que el control de convencionalidad corresponde a la obligación de las autoridades e integrantes del Estado de interpretar sistemática e integralmente las disposiciones que informan el sistema jurídico, de forma tal que sus determinaciones guarden la mayor correspondencia y compatibilidad con las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por este.

En el fallo que se examina, la Corte Suprema se pronunció sobre el control de convencionalidad por tratarse de uno de los principales argumentos del recurso de apelación que le correspondió conocer. En tal sentido, en el considerando décimo octavo enumeró, siguiendo el Cuadernillo de Jurisprudencia N° 7 de la Corte Interamericana, sus elementos, afirmando que consiste en “a) verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Comisión (sic) Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás Tratados Interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no solo se debe tomar en consideración el Tratado, sino que también la jurisprudencia de la CIDH y los demás Tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) es un control que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública; y e) su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH, o bien, su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública”.

Siguiendo esta caracterización, el máximo tribunal reconoció que se trata de un control interno de compatibilidad entre las normas aplicables en el caso concreto, entendiéndolo en su versión res interpretata. Al respecto, cabe recordar que la Corte Interamericana, desde la resolución de supervisión del cumplimiento de la sentencia Gelman vs. Uruguay, de 20 de marzo de 2013, distinguió dos manifestaciones del control de convencionalidad: res interpretata y res judicata. La primera manifestación supone “un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”. Por la segunda manifestación, el Estado está obligado a cumplir y aplicar una sentencia dictada por la Corte Interamericana y, por ello, el control de convencionalidad se entiende como “una institución que se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal”.

Sin embargo, la Corte Suprema no consideró esta diferenciación en los fallos referidos. Un ejemplo, son las sentencias de 2016 y 2019, que dictó en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana, en las que concibió al control de convencionalidad como un control de compatibilidad entre normas, es decir como res interpretata, en circunstancias que se trataba de dar cumplimiento a sentencias internacionales dictadas con carácter de cosa juzgada respecto al Estado de Chile. En estos casos, a juicio del tribunal interamericano, el control opera como una institución que sirve para la aplicación del Derecho Internacional, esto es, como res judicata. Más evidente es la confusión en la primera decisión de 2013, en la que definió al examen en comento combinando ambas manifestaciones.

Con respecto al parámetro del control de convencionalidad, el considerando décimo octavo del fallo bajo análisis señaló que este comprende tanto “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás Tratados Interamericanos de los cuales el Estado sea parte”. La Corte nacional cuestionó que la Opinión Consultiva 24/17, invocada por las partes, sea integrante del material controlante. Así lo expuso en el considerando décimonoveno: “Que, así planteado el asunto, la alegación no puede ser acogida, toda vez que el control de convencionalidad presupone atender a la jurisprudencia e interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En base a ello, rechaza el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, lo que la Corte afirma tan categóricamente, esto es, que las opiniones consultivas no forman el material controlante, es a lo menos discutido en la doctrina especializada y contradicho por la propia Corte Interamericana. En la Opinión Consultiva N° 21 (2014), la Corte Interamericana precisó que “es necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos”, esto es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”. Así lo ha reiterado en la Opinión Consultiva N° 22 (2016), en la que además agregó que las Opiniones Consultivas “cumplen, en alguna medida, la función propia de un control de convencionalidad preventivo”.

Para finalizar, y como se advierte, el control de convencionalidad es un constructo que la Corte Suprema no desconoce ni rechaza estar facultada para ejercer. Sin embargo, sus decisiones carecen de uniformidad sobre sus contornos, generando interrogantes sobre la precisión y coherencia de su noción y alcance.

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