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La primacía de la realidad

"...Esta modalidad (teletrabajo) estaba en estudio y análisis hace ya un tiempo, pero lo ocurrido en el orden sanitario y económico transformó en imperiosa la necesidad de contar con ella, a fin de lograr fórmulas de trabajo que evitasen la destrucción del empleo y posibilitasen que este pudiere desarrollarse, si bien de no idéntica forma, al menos de una manera tal que pudiere cumplir con su objetivo..."

Viernes, 10 de julio de 2020 a las 10:23
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Héctor Humeres
Innecesario es describir los efectos sociales de la pandemia que afecta a nuestro país y al mundo entero. La institucionalidad nacional ha provisto de respuestas frente a los estados de necesidad desde el plano sanitario y económico, y, muy importantemente, dicho rol les ha correspondido a las prestaciones que emanan del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Diversas nuevas leyes han regulado importantes materias destinadas a otorgar soluciones rápidas para enfrentar los profundos impactos de esta inesperada crisis.

Así, se han dictado normas vinculadas al acceso excepcional al Seguro de Desempleo, con la finalidad de proteger los ingresos y evitar la destrucción masiva de empleos —leyes N° 21.227 (6.04.2020) y N° 21.232 (1.06.2020)—, lo que puede beneficiar a casi 4,7 millones de trabajadores dependientes en su acceso a las prestaciones derivadas de este seguro, que ha demostrado ser robusto en su estructura y oportuno en su materialización, ocurrida hace ya casi dos décadas.

Las mencionadas leyes establecieron asimismo la suspensión de pleno derecho de los contratos de trabajo (aplicable en las empresas impedidas de tener actividad), posibilitaron pactos sustitutivos de las condiciones de trabajo (para aquellas que se encuentren afectadas, pero no paralizadas) y establecieron la opción de pactar reducciones de jornadas de trabajo hasta en 50% (cuando la empresa se encuentre bajo condiciones que afecten gravemente su operación).

Todas estas normativas son de carácter temporal, novedosas y motivadas por circunstancias excepcionales, lo que ha venido a demostrar la gran capacidad de adecuarse a la realidad del mundo en que nos desenvolvemos que tiene la normativa laboral y de seguridad social, bajo lo que se denomina el principio de “la primacía de la realidad”.

También cabe consignar, en similar sentido al anotado, la dictación de la Ley N° 21.220 (26.3.2020), que adicionó al Código del Trabajo el contrato especial relativo al trabajo a distancia y al teletrabajo. De esta forma, se posibilitó la mantención del vínculo jurídico y, especialmente, el ingreso, ante el cambio del lugar de la prestación del servicio.

Esta modalidad estaba en estudio y análisis hace ya un tiempo, pero lo ocurrido en el orden sanitario y económico transformó en imperiosa la necesidad de contar con ella, a fin de lograr fórmulas de trabajo que evitasen la destrucción del empleo y posibilitasen que este pudiere desarrollarse, si bien de no idéntica forma, al menos de una manera tal que pudiere cumplir con su objetivo.

Se dio paso así a una mutación contractual que contiene aspectos de sumo interés en el campo del derecho laboral, como son los temas de la jornada, el derecho a retracto, el derecho a la desconexión, el cuidado de la seguridad y salud del trabajador en su domicilio y la asunción de los costos vinculados a esta particular forma del trabajo por parte del empleador. Creemos que esta forma de prestación de servicios representa una innovación que no es solo temporal, sino que significará que la forma de trabajar no volverá a ser como antes.

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"...Surgen varias interrogantes a raíz de esta nueva normativa, como son, ¿qué ocurrirá con la validez de los finiquitos que no cumplan con las menciones requeridas? ¿Cómo se exigirá al empleador el pago de las cantidades no disputadas? ¿Cómo operara el servicio de tesorerías o la entidad similar? (...) Es de esperar que algunas de estas dudas sean salvadas en la resolución de la Dirección del Trabajo..."

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"...Un sistema armónico y equitativo, ante circunstancias exógenas a la relación laboral —como es el caso de la obligada detención económica derivada de la pandemia—, corresponde hacer recaer en la sociedad todo su impacto, sin causar un detrimento en las cotizaciones acumuladas por los trabajadores en aspectos básicos de la protección social..."

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"...Es deseable que las obligaciones y deberes que esta nueva norma impone se concreten en un cumplimiento efectivo por parte de todos y cada uno de los actores que intervienen desde alguna perspectiva en la relación de trabajo, incluidos los comités paritarios de empresas y los órganos de supervisión y fiscalización estatales, y constituya un paso significativo del incremento y mejora sostenida de la protección sanitaria del mundo laboral..."

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