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Aplicación de los principios Unidroit como norma exclusiva y autónoma en la solución de conflictos de contratación internacional: alcances de un nuevo paradigma

"...En Francia, tanto el reglamento institucional como su normativa estatal se encuentran alineados. Esta es la senda que se debiera seguir (...) La lógica que subyace es simple: si los contratantes no previeron una ley estatal aplicable en el contrato arbitral y el conflicto tiene naturaleza internacional, habría que inferir que no pretenden resolver sus conflictos por aquellas, sino por normas contractuales modernas y armonizadas..."

Lunes, 15 de junio de 2020 a las 11:10
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María Fernanda Vásquez
A fines de febrero, la Corte de Apelaciones de París (No. 17/18001), en sentencia dictada en causa Prakash Steelage Ltd. con Uzuc, cambió el modelo imperante hasta esa fecha en resolución de conflictos y normas aplicables al fondo del litigio.

Sucintamente el caso era el siguiente: una empresa india (Prakash Steelage) celebró un contrato de venta con una empresa rumana (Uzuc S.A.) sobre tubos de acero inoxidable. Como parte de su proceso de fabricación Uzuc incorporó estos tubos en los intercambiadores de calor que fabricó para GE Oil & Gas quien, a su vez, instaló los intercambiadores en una planta de fertilizantes para el cliente final, QAFCO Qatar. La cuestión es que los tubos de acero inoxidable entregados a Uzuc fueron defectuosos, lo que obligó a esta empresa a presentar una demanda por incumplimiento contractual contra el vendedor (julio 2014). El contrato arbitral contenido en forma de cláusula en la orden de compra respectiva señalaba: "Arbitraje: tribunal de arbitraje en París". Frente a lo escueto de estas líneas, el tribunal arbitral debió dilucidar una serie de materias, entre ellas, su competencia y el derecho aplicable al fondo del conflicto. El laudo, dictado con fecha 13 de junio de 2017, sostuvo que Prakash Steelage incumplió el acuerdo y le ordenó pagar a Uzuc daños por un monto de un millón de euros más intereses en compensación por la pérdida causada. Prakash Steelage solicitó ante el tribunal de apelaciones de París la nulidad del laudo, argumentando, entre otros motivos, la falta de competencia del tribunal y la vulneración de la misión encomendada por las partes (art. 1520 1 y 3 CC francés). El fundamento más relevante estriba en que el tribunal arbitral habría excedido su mandato, pues resolvió la disputa exclusivamente en base a los Principios Unidroit sobre los contratos internacionales 2010 (PIC).

De la cláusula arbitral se advierte que las partes no eligieron la ley aplicable en relación a sus conflictos ni estuvieron de acuerdo sobre ello una vez que se inició el juicio, pues ambas partes solicitaron la aplicación de sus leyes estatales. En este escenario, tomando en consideración la naturaleza internacional del acuerdo en cuestión, el poder del tribunal para determinar la ley aplicable de acuerdo al artículo 21 de las Reglas de Arbitraje de la Corte Internacional de París y el artículo 1511 del Código de Procedimiento Civil francés, en cuanto ley de la sede arbitral, el tribunal resolvió la disputa exclusivamente sobre la base de los Principios UNIDROIT.

La Corte de París, en febrero pasado, desestimó todos los motivos planteados en la nulidad. En cuanto al primer punto señaló que el demandado no solo no argumentó la falta de competencia oportunamente, sino que a solicitud del tribunal confirmó después de las audiencias que no tenía objeción a ella. En cuanto al segundo, resolvió que el tribunal arbitral no vulneró de ningún modo su encargo al resolver la disputa por medio de la aplicación de los Principios Unidroit de 2010, pues se encontraba facultado para ello. Se trata de un fallo histórico, toda vez que la tendencia hasta la fecha era que los PIC se aplicaban solo como complemento de una ley estatal (a modo de ejemplo, sentencia de la CA de París, de fecha 2 de marzo de 2006, en causa Société Fashion Box Group SPA c. Société AJ Heelstone LLC), mientras que en este caso su aplicación fue exclusiva, por así dictaminarlo el tribunal arbitral en ausencia de una voluntad diversa de las partes.

Recordemos que los PIC fueron creados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), que es una organización no gubernamental que tiene por objeto estudiar y promover la unificación y armonización del derecho privado entre los distintos Estados. Los PIC surgen como fruto del trabajo iniciado en 1980 (una vez que fue dictada la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías/CIGS), donde el grupo conformado al efecto reunía representantes de las culturas jurídicas del civil law y common law. Los primeros PIC fueron dictados en 1994 y las siguientes revisiones en 2004, 2010 y 2016. Forman parte de las tendencias armonizadoras o de soft law del derecho contractual internacional, a diferencia de lo que ocurre con las convenciones y tratados internacionales que buscan una unificación menos flexible de las normas estatales. El objeto de ello se relaciona con el incremento de las contrataciones internacionales y la necesidad de disminuir la incerteza sobre las normas aplicables derivadas del Derecho internacional privado (sistema de conflicto de leyes), con la consiguiente disminución de costos y el incremento de la apertura y globalización económica. En otras palabras, frente a la variedad de derechos aplicables y la necesidad de contar con un derecho armonizado o trasnacional, la tarea se ha centrado en la creación de instrumentos de distintas envergaduras y formas que buscan la armonización del derecho privado patrimonial (civil-comercial) con el objeto de favorecer el flujo de transacciones contractuales.

Para un cierto sector doctrinal esto ha representado el resurgimiento de antiguas reglas del derecho mercantil, lo que se ha denominado como la nueva lex mercatoria, sin embargo, en nuestra modesta opinión tal tesis ha provocado una notable confusión que no contribuye de manera positiva en la materia, pues los instrumentos que parecen converger en ella (costumbres, usos, prácticas, principios, entre otros) son tan variados entre sí que no corresponde comprenderlos bajo una terminología de ribetes ambiguos y equívocos. Con todo, esta intelección ha estado tan presente en la construcción del proceso de armonización contractual que podemos encontrarla asentada en diversas fuentes, aun cuando en la práctica es muy infrecuente que se aluda a ella. Un ejemplo de lo que comentamos lo encontramos en el mismo preámbulo de los PIC, donde en relación a los propósitos de los principios se señala:

Estos Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales.

Estos Principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos.

Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la ‘lex mercatoria’ o expresiones semejantes.

Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato.

Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme.

Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional.

Estos Principios pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales
”.

De la revisión de este fallo surgen al menos dos preguntas: ¿resolver de este modo implica fallar conforme a derecho o equidad? y ¿llegaríamos a la misma conclusión si Chile fuese la sede de este arbitraje?

La primera inquietud se despeja rápidamente si comprendemos que los PIC constituyen una norma jurídica sustantiva diseñada para su aplicación directa e indirecta (por vía interpretativa o complementaria). No se trata evidentemente de un derecho estatal, sino supranacional de carácter flexible que si bien no presenta una naturaleza vinculante para los Estados, puede llegar a tenerla a partir de la autonomía de la voluntad de las partes o, en subsidio, del árbitro que resuelve el conflicto. Esta aclaración resulta relevante, pues con ello se despeja la variable de posible contrariedad al orden público internacional cuando se falla conforme a aquellos. Así también lo resolvió la Corte de Apelaciones de París al pronunciarse sobre este punto en el caso en comento.

Respecto de la segunda, debemos distinguir si el arbitraje sigue las reglas institucionales o estatales. En el primer caso, veremos que el art. 29 del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago establece que "el tribunal arbitral deberá resolver la controversia según las normas de derecho que hayan sido elegidas por las partes, como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación relativa al derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. A falta de elección de las partes en los términos del párrafo 1 precedente, el tribunal arbitral aplicará las reglas de derecho que considere apropiadas según las circunstancias del caso. El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor, solo si las partes expresamente así lo han acordado. En cualquier caso, el tribunal arbitral tomará en consideración las estipulaciones del contrato y los usos del comercio pertinentes".

Por su parte, el art. 28 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (LACI, 2004) dispone: "El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables. El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso".

A simple vista parecen normas idénticas, pero no lo son. El Reglamento de la CAM, en la misma senda que el Reglamento de la Cámara de Comercio de París, plantea que en defecto de la voluntad de las partes el tribunal arbitral decidirá el litigio de acuerdo a las “normas de derecho” que considere aplicables, mientras que la LACI, frente al mismo supuesto, plantea que el tribunal aplicará “la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que consideren aplicables”. La expresión “normas de derecho” no puede entenderse reducida a las leyes estatales y de allí deviene su mayor amplitud a la hora de escoger a los PIC como normas aplicables de manera autónoma.

En vista de ello, frente a una eventual solicitud de nulidad del laudo pronunciado en Chile como sede arbitral, donde el tribunal arbitral ha aplicado los PIC en ausencia de voluntad de las partes, la corte de apelaciones respectiva debiera rechazar tal acción si el arbitraje se fundó en las normas de la CAM y acogerlo, en cambio, si fue aplicable la LACI como ley procedimental, a menos que se estime que el contrato arbitral es nulo, pues ello provocaría la caída de todo el procedimiento, pero si ello no es así, no podría entenderse que el laudo es contrario al orden público, pues el art. 34. b. II de la LACI, debe —en nuestra opinión— interpretarse desde una óptica internacional.

La legislación francesa entendió la importancia de esta diferencia hace bastante tiempo, de allí que en su art. 1511 de Código de Procedimiento Civil confiera derecho al tribunal arbitral, en ausencia de una elección de las partes, para resolver el conflicto de acuerdo con las "normas jurídicas que considere adecuadas” (Decreto N° 2011-48, de 13 de enero de 2011), de manera que en su elección no debe dar cuenta de un sistema de solución de conflictos como acontece en nuestra normativa nacional (que copia la Ley Modelo Arbitral CNUDMI de 1985 también en este punto).

En Francia, tanto el reglamento institucional como su normativa estatal se encuentran alineados. Esta es la senda que debieran seguir los derechos nacionales e institucionales en esta materia. La lógica que subyace es simple: si los contratantes no previeron una ley estatal aplicable en el contrato arbitral y el conflicto tiene naturaleza internacional, habría que inferir que no pretenden resolver sus conflictos por aquellas, sino por normas contractuales modernas y armonizadas, como ocurre con los PIC.

Desde la dictación del fallo en referencia se ha superado un obstáculo relevante en orden a la aplicación autónoma de normas del soft law en conflictos contractuales internacionales y todo hace pensar que ello irá consolidándose en el tiempo. Nuestra deuda como país parece clara, pues no solo tenemos la obligación de modernizar nuestra legislación arbitral interna sino también la internacional, pues resulta evidente que las normas de conflictos de leyes a que alude el art. 28 de la LACI se encuentra obsoleta y en franca retirada. Esperemos que algún día ello sea posible.

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"...La justificación de los deberes de información suele radicarse en la autonomía de las personas (...) A veces, debiésemos ocultarle información porque eso mejorará su bienestar. Por supuesto, el problema es cómo hacer eso y mantener la caja de Pandora del paternalismo jurídico cerrada o, al menos, únicamente entreabierta..."

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