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La relevancia de precisar el monto del menoscabo a efectos de la fijación judicial de la compensación económica

"..No es una determinación arbitraria, pues debe sujetarse al mérito de los antecedentes que arroja el proceso y deben observarse las normas sustantivas que regulan dicha determinación y también las propiamente procesales, debiendo quedar expresado en la sentencia el juicio lógico que condujo a fijar tal o cual monto, lo que representa una exigencia del ejercicio de la función jurisdiccional..."

Lunes, 02 de marzo de 2020 a las 11:17
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Marcela Acuña San Martín

La compensación económica es una institución extraordinaria que se otorga en la medida en que se acrediten los requisitos que taxativamente impone la ley. No constituye una regla general que debe tener lugar a todo evento por el solo hecho de haber existido matrimonio y una vez declarada la nulidad del mismo o el divorcio. El menoscabo económico, la imposibilidad de desarrollo en plenitud de alguna actividad lucrativa o remunerada y la dedicación al cuidado de los hijos o del hogar común (trabajo doméstico) conforman una red de condicionantes de concurrencia necesaria para hacer operativo el derecho a compensación. El que alega la procedencia de la compensación deberá probar los antecedentes fácticos de aquellos presupuestos legales.

De todos ellos, el requisito más esencial es el menoscabo económico, presupuesto de la acción que se intenta en juicio. La Corte Suprema reconoce uniformemente la centralidad de este elemento y lo conceptualiza como el efecto patrimonial que se produce en aquella de las partes que no pudo trabajar o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, por dedicarse a la familia. Así, este presupuesto aparece ligado al empobrecimiento de uno de los cónyuges en razón de las circunstancias antes descritas, el que se manifiesta al concluir el vínculo matrimonial y se traduce en la disparidad económica entre aquellos y en la carencia de medios del cónyuge beneficiario para enfrentar su vida separada” (entre otras, sentencia de 9 de mayo de 2011 en autos rol Nº 726-2011 y sentencia de 23 de junio de 2016 en autos rol Nº 32970-2016). La independencia económica de los cónyuges o la existencia de ingresos económicos de ambos no excluye la posibilidad de compensación, pues, a pesar de ello, puede haber menoscabo en la situación económica de un ex cónyuge.

El menoscabo económico que queda en evidencia al tiempo del divorcio es específico y debe reunir necesariamente una serie de exigencias relacionadas causalmente para hacer operativa la compensación, de tal modo que su procedencia está condicionada a la concurrencia de los presupuestos legales señalados en el art. 61 de la Ley de Matrimonio Civil. No se compensa todo menoscabo económico que puede producirse en el matrimonio, sino solo el previsto por el legislador; no basta que uno de los cónyuges haya sufrido un menoscabo económico, sino que este debe haberse producido necesariamente como consecuencia de la imposibilidad de desarrollo de actividad remunerada o lucrativa y esta “inactividad” lucrativa no puede haber tenido otra causa que la de haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común; todo ello, durante la vigencia del matrimonio y no en fecha posterior. La esencialidad del menoscabo es tal que aunque haya existido la dedicación a esos trabajos domésticos durante el matrimonio, y de ello obre prueba en el proceso, si no ha devenido un menoscabo económico como consecuencia directa de aquellos, aunque haya existido la referida imposibilidad, no habrá lugar a la compensación.

La centralidad del menoscabo económico en la configuración del derecho acarrea que deba verificarse en juicio no solo su existencia, sino también su cuantía, con independencia de la modalidad de pago que se fije a la compensación que se determine. Ello es así porque el monto de la compensación económica que se condene a pagar a un cónyuge debe ser consistente con la magnitud del menoscabo probado en juicio; o dicho de otro modo, el monto de la compensación económica que se le reconoce a un cónyuge debe ser acorde con el menoscabo que el mismo experimentó.

El menoscabo económico a que alude el ordenamiento debe ser real y objetivo y, por tanto, como cualquier cuestión de hecho, deberá ser probado en el juicio por la parte que lo alega. La determinación de su quantum constituye una facultad privativa de los jueces de la causa, quienes deben realizar una fijación prudencial conforme a las reglas de la sana crítica. No es una determinación arbitraria, pues debe sujetarse al mérito de los antecedentes que arroja el proceso y deben observarse las normas sustantivas que regulan dicha determinación y también las propiamente procesales, debiendo quedar expresado en la sentencia el juicio lógico que condujo a fijar tal o cual monto, lo que representa una exigencia del ejercicio de la función jurisdiccional: el deber de motivar o fundar sus decisiones, exteriorizando los razonamientos que les han llevado a adquirir convicción. Dentro de las normas sustantivas se encuentra el catálogo de circunstancias apreciables proporcionadas por el legislador en el art. 62 de la Ley de Matrimonio Civil.

Lamentablemente, no siempre las sentencias expresan la estrategia o secuencia operacional seguida en la determinación del monto de la compensación. Nuestro máximo tribunal ha insistido en que los sentenciadores del fondo se encuentran obligados, por imperativo legal, no solo a dar razones que sustenten su decisión relativa a la procedencia de los presupuestos fácticos del instituto de la compensación económica, sino también a la justificación del monto o quantum indemnizatorio, atendida la regla de la lógica conocida como el “principio de la razón suficiente”, cuya implicancia contempla que cualquier afirmación o proposición debe estar necesariamente fundamentada o probada, como garantía del derecho al debido proceso (Corte Suprema, sentencia de 20 de septiembre de 2018, en autos rol Nº 2455-2018).

La determinación del monto del menoscabo es relevante al constituir la única forma de saber si en definitiva la institución en comento satisface su propósito que es reparar, compensar o, al menos, mitigar el menoscabo económico que se genera al término del matrimonio. El detrimento económico experimentado por un cónyuge queda expresado a través de un monto global o suma determinada indicada en la sentencia. La sentencia debe fijar siempre la suma o importe único a título de compensación; dicha determinación es esencial y otorga certeza jurídica tanto al deudor como al acreedor del derecho personal que se genera; por ello, es que toda modalidad de compensación debe establecerse previo razonamiento en torno al monto específico del menoscabo patrimonial sufrido.

Pudiera pensarse erradamente que la fijación del monto de la compensación, por la vía de determinar el monto a que asciende el menoscabo económico en el caso concreto, solo es necesario para ciertas modalidades de pago y no para otras. Cabe recordar que el legislador considera como modalidades posibles no solo la entrega de una suma de dinero, sino también la entrega de acciones u otros bienes y la constitucio´n de derechos de usufructo, uso o habitacio´n, respecto de bienes que sean de propiedad del co´nyuge deudor (art. 65 de la Ley de Matrimonio Civil). En diversas oportunidades, la Corte Suprema ha debido invalidar sentencias por la indeterminación en el monto del menoscabo y de la compensación. Recientemente lo ha hecho respecto de la última de las modalidades fijadas señalando que resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley N° 19.947 establecer un derecho real de usufructo sobre un inmueble de propiedad del demandado, por concepto de compensación económica, ello en favor de la actora reconvencional, sin señalar ni razonar, en forma específica, utilizando parámetros concretos para determinar el monto al que asciende el menoscabo económico en el caso concreto, y cómo se encontraría satisfecho con la opción de los tribunales al utilizar la facultad del artículo 65 del referido texto legal, en el sentido de constituir un derecho de dominio en un bien raíz de propiedad del cónyuge deudor (sentencia de 3 de febrero de 2020, en autos rol 4523-2019).

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