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Estado subsidiario y Estado solidario

"...La subsidiariedad viene a garantizar la autonomía asociativa y la riqueza de vida de toda la comunidad, en el entendido de que cada cuerpo asociativo cumpla sus responsabilidades (,...) Si los particulares son llamados a satisfacer necesidades sociales bajo formas empresariales lucrativas —provisión de medicamentos, por ejemplo—, el ánimo de ganancia no puede escamotear la responsabilidad social que ello significa..."

Lunes, 20 de enero de 2020 a las 9:46
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Julio Alvear

Como si estuvieran en trincheras opuestas, hay quienes oponen el principio de subsidiariedad al denominado principio de solidaridad. Se equivocan profundamente.

La subsidiariedad se puede exponer desde diversos ángulos. Pienso que el mejor anclaje doctrinario de este principio se encuentra en la filosofía social católica, de la que, en parte, bebió la Constitución de 1980. Se trata de una doctrina que tiene siglos de existencia (y de realidad vivida), que remonta sus orígenes al pensamiento clásico (véase, por ejemplo, el Libro I de la Política de Aristóteles), pero que se explicita sistemáticamente a lo largo de los siglos XIX y XX para hacer frente a las innovaciones disruptivas del liberalismo y del socialismo. Son particularmente interesantes los aportes de los pensadores alemanes (Cathrein, Utz, Messner, Gestel, etc.), italianos (Taparelli, Liberatore, Rosmini, D ´Agostino, Castellano, etc.) y españoles (Vázquez de Mella, Gil Robles, Víctor Pradera, Vallet de Goytisolo, etc.). Sobresalen, también, un buen número de hispanoamericanos, donde hay que incluir a brillantes chilenos, más o menos olvidados por el gran público (Rafael Fernández Concha, Osvaldo Lira y otros). En la actualidad, hay un cúmulo ingente de estudios en la doctrina constitucional comparada, con motivo de la consagración del principio de subsidiariedad en el Tratado de la Unión Europea.

La subsidiariedad parte del supuesto de que lo que denominamos “sociedad” no es un colectivo igualitario, una masa amorfa de individuos, sino una sociedad de sociedades, donde el poder político tiene una misión muy específica: la de regir todo ese conjunto de realidades plurales rumbo al bien común. La subsidiariedad origina, por tanto, criterios políticos-jurídicos de correlación entre el Estado y las sociedades inferiores, pero también (aunque escapa al campo constitucional) entre las distintas sociedades, particularmente de las mayores respecto de las menores.

Un segundo supuesto de la subsidiariedad es que la vida social nace “desde abajo”, desde el suelo asociativo familiar, gremial, municipal, educativo, cultural, religioso, económico, entre otros, y no “desde arriba”, desde los dictámenes planificadores del poder, de la “voluntad soberana”. Una auténtica comprensión de la subsidiariedad origina, por tanto, una actitud normativa de profundo respeto por parte del Estado hacia las sociedades que le son inferiores.

En este contexto, la subsidiariedad viene a garantizar la autonomía asociativa y la riqueza de vida de toda la comunidad, en el entendido de que cada cuerpo asociativo cumpla, asimismo, sus responsabilidades, de acuerdo con la naturaleza de cada actividad. Si los particulares son llamados a satisfacer necesidades sociales bajo formas empresariales lucrativas —provisión de medicamentos, por ejemplo—, el ánimo de ganancia no puede escamotear la responsabilidad social que ello significa: dispensar medicamentos a precios accesibles, con un estatuto jurídico propio de una farmacia y no de la lógica de un simple retail.

Se comprende, entonces, por qué la subsidiariedad comporta una dimensión pasiva y una dimensión activa. En las relaciones del Estado con las sociedades inferiores, aquel tiene una función mucho más amplia que la escuálida y simple “no intervención”. Su papel es el de “fomentar, estimular, ordenar, suplir y completar” (“fovet, excitat, ordinat, supple tat que complet”, Mater et Magistra, 53). De aquí nace la solidaridad, y las preocupaciones (con las respectivas atribuciones de competencias) de lo que hoy llamamos Estado social, obligado a velar por las necesidades sociales ante el retiro, desidia o desinterés de los particulares, según las circunstancias.

Estado social no equivale, sin embargo, a Estado total o a Estado “Providencia”. Aquí, una vez más, la subsidiariedad tiene mucho que decir, en cuanto este principio se opone a que la familia y la sociedad sean absorbidas por aquellos bajo el pretexto engañoso de humanitarias y burocráticas razones.

Todo este esquema obviamente se complica en el derrotero político económico de las últimas décadas, donde empresas transnacionales son superiores a muchos Estados, donde se hace ver de manera desequilibrante la influencia del poder económico y financiero sobre el poder político, o donde no hay gobierno, sino simplemente tecnocracia. Son circunstancias nuevas, en las que la subsidiariedad cobra aplicaciones que habría que tratar en otro momento.

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