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Tutela laboral de funcionarios públicos: comedia jurisprudencial en tres actos y una trastienda (Parte II: ante el Tribunal Constitucional)

"...La línea jurisprudencial mayoritaria pareciera que, en el fondo, se sostiene por el actual convencimiento y empeño de los ministros Aróstica, Romero, Letelier, Brahm, Vásquez y Fernández de evitar los efectos fiscales, en el erario, de una jurisprudencia garantista de la Corte Suprema y no estrictamente en base a razonabilidad jurídico-constitucional..."

Viernes, 06 de diciembre de 2019 a las 12:55
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Alejandro Vergara

En un comentario anterior me referí al primer acto de esta especie de comedia entre dos salas de la Corte Suprema (CS) y el Tribunal Constitucional (TC). Me refiero ahora al segundo acto. El tercero y la trastienda quedan para una tercera parte.

Segundo acto: una inesperada intervención activista. Lugar: Tribunal Constitucional. Protagonistas: sus ministros, divididos en mayoría y minoría con votos uniformes. Con algún zigzag.

El TC ha conocido 31 recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en casos de acciones de tutela laboral de funcionarios públicos. Focalizo el análisis en 23 casos, en los cuales ha declarado que los arts. 1° inc. 3° y 485 CT son inaplicables para resolver conflictos de tutela laboral entre órganos de la Administración del Estado y funcionarios públicos, lo cual entra en abierta contradicción con la actual línea jurisprudencial (uniforme desde 2015) de la Cuarta Sala de la CS, que considera aplicables tales disposiciones legales a las acciones de tutela laboral, como analizo en la columna anterior. Veamos las distintas escenas ante el TC.

Primera escena: rechazo transversal de la inaplicabilidad; aparente concordia.

El 25 de julio de 2017 el TC emitió la STC 2926-15, a la que concurrieron, de modo transversal y unánime, nueve ministros: Carmona y Aróstica (ambos aparecen como redactores), García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo y Vásquez.

Pero, cabe observar que, no obstante sus deberes constitucionales y legales, el TC decide declarar improcedente el requerimiento por una extraña razón: aduce que la causa estaba pendiente en la CS, quien conocía un recurso de unificación jurisprudencial (consid. 16°), olvidando el mandato de inexcusabilidad que obliga al TC a pronunciarse precisamente respecto de las causas que estén pendientes ante un tribunal, incluida la CS y la instancia de unificación (arts. 93 N° 6 CPR y 47A Ley N° 17.997). Esta resulta ser entonces una especie de no-sentencia que quebranta el non liquet.

Pero la sentencia se muestra locuaz. Dedica un primer capítulo a realizar un pormenorizado análisis de la que llama gama de posibilidades con que cuenta el ordenamiento jurídico para preservar las garantías constitucionales (consid. 4°); revisa el modo en que el Legislador establece competencias judiciales respecto de la administración (consids. 5° y 6°), y las competencias de los juzgados del trabajo (consids. 7° y 8°), para concluir que es necesario el texto expreso para que estos tengan competencia respecto de conflictos de la administración cabe desde ya resaltar que el TC solo cita la letra e) del art. 420 CT y olvida la letra a)—.

Luego realiza un acucioso análisis de la Constitución, artículo por artículo, para afirmar lo obvio: que esta regula separadamente a los funcionarios del sector público de los trabajadores del sector privado (consid. 9°). Agrega el TC, de un modo bien coloquial, que el Estatuto Administrativo “no es un cuerpo legal cualquiera” (sic), para querer decir que la relación jurídica de los funcionarios con la Administración es “distinta y especial” (consid. 10°), y que la indemnización en los funcionarios es excepcional (consid. 11°) y que requeriría “texto expreso de ley”. Luego analiza lo que llama “el conflicto sobre el artículo 1° del Código del Trabajo”, describiendo las dos interpretaciones, una restrictiva y otra extensiva, que al respecto se han dado en sede judicial, para concluir señalando que la jurisprudencia judicial “aún no consolida una sola interpretación” no obstante, como muestro en el comentario anterior, dicha jurisprudencia ya era uniforme desde 2015—.

Si la razón para declarar improcedente el recurso fue la señalada en el consid. 16° (como describo más arriba), no se ve razón para agregar estos consid. 4° a 11°, constitutivos de un innecesario obiterdictum. Es curioso, en fin, que los ministros que a partir de las sentencias siguientes conformarán el voto de minoría, aquí firmantes, no hayan reparado en los consid. 4° a 11°, los que parecieran más armónicos con las postura mayoritaria.

Segunda escena: el tribunal se divide en dos bandos transversales.

El 6 de diciembre de 2018, en el caso Navarrete con I. Municipalidad de San Joaquín (2018), el TC cambia su tendencia y dicta una sentencia en que acoge la inaplicabilidad por inconstitucionalidad (STC 3853-17). Es un fallo dividido: por acogerlo (mayoría) votan los ministros Aróstica (redactor), Romero, Brahm, Letelier y Vásquez; por el rechazo (disidentes), los ministros Peña, García, Hernández y Pozo (redactor). Como se ve, no hay una tendencia ideológica del TC.

Según el voto de mayoría cabe declarar inaplicables por inconstitucionales los arts. 1° inc.3° y 485 CT. Argumenta de un modo muy genérico, sindicando como disposiciones infringidas a los arts. 6 y 7 (olvida el 38, aunque lo anuncia) de la Constitución, y agrega un argumento de interpretación de ley como fundamento de la inconstitucionalidad (esto es, no de interpretación de una disposición de la Constitución, pues no existe una tal sobre esta materia de la tutela laboral), para afirmar que los tribunales laborales no tendrían competencia para conocer de estas acciones de tutela laboral (consid. 20° y 21°). Califica de quebranto a los arts. 6 y 7 CPR la “aplicación expansiva del Código del Trabajo”, dado que el inciso tercero del art. 1° del CT sería, a su juicio, “indeterminado” (sic: pero en verdad pareciera bien claro), agregando que eso “desvirtúa el régimen constitucional y legal que les es propio, amén de abrir la intervención de los juzgados de letras del trabajo respecto de una materia en que no han recibido expresa competencia legal” (sic: exigiendo así que el art. 420 CT enumere una a una las materias de competencia).

Según el voto de minoría, el dilema constitucional consiste en determinar si resulta inconstitucional la interpretación que se ha dado al art. 1° inc. 3° y 485 CT en la medida que hace procedente la tutela laboral a trabajadores del sector públicolo que es una relevante precisión: ya anticipan que no serían los artículos mismos los inconstitucionales, sino la dicha interpretación—.

Analiza con detalle el estatuto de los funcionarios públicos y los sistemas de contratas. Luego afirma que resulta “poco idóneo invocar los principios de juridicidad y supremacía constitucional para inaplicar normas laborales” y que la competencia de los tribunales para conocer juicios del tutela laboral debiesen, en su caso, ser materia de contienda de competencia y no de inaplicabilidad (consid. 17°). Agrega que revisadas las disposiciones del estatuto administrativo existe efectivamente un vacío legal en materia de tutela laboral, que puede ser llenado mediante la interpretación del art. 1° inc. 3° y 485 CT, y que tampoco son contradictorias con dicho estatuto, por lo que no existe impedimento para aplicar la tutela laboral a los funcionarios públicos. Concluye que este es un tema de interpretación de los jueces del fondo y no existen fundamentos para una inaplicabilidad constitucional.

Tercera escena: el voto de minoría ya no es transversal y el de mayoría debe recurrir a mayor artillería.

El 2 de mayo de 2019 el TC retoma el tema, en Toro con Hospital (2019) (STC 3892-17), en una sentencia dividida, con la misma integración anterior, y, por lo tanto, con la misma repartición de votos del caso anterior (solo hay algunas correcciones y agregados al texto del voto); pero al dejar el TC la ministra Peña, el voto de minoría ya no es transversal.

El voto de mayoría ostensiblemente considera insuficientes los argumentos de su voto anterior (que contenía la mera referencia a los arts. 6 y 7 CPR), dice ahora que “no se trata de examinar si es correcta o no la interpretación extensiva que una parte de la jurisprudencia judicial le viene atribuyendo al art. 1° inc. 3° CT”, sino que lo que cabe resolver es “si la norma legal objetada de esa manera entendida y consiguientemente aplicada— produce o no un resultado inconstitucional en el caso sub lite” (consid. 2°). Señala ahora que es el art. 77 CPR el que “bastaría para zanjar la cuestión” el que solo ahora invoca, si bien en conjunto con el art. 7 CPR, lo que complementa “con un examen atento del artículo 420 y 485 CT” y cita a la pasada, sin analizar, el art. 1° inc. 3° CT (sic: ¡estas dos son normas legales! que las usa como argumento para una inaplicabilidad).

Se refiere luego a lo que pareciera ser la motivación, extra jurídica, por cierto, de este voto de mayoría: las consecuencias de estos juicios, señalando que estas acciones tienen por consecuencia “ordenar al Estado a pagar cuantiosas indemnizaciones a modo de reparación”, lo que, recubre con un argumento de procedimiento legislativo, debiese ser motivo de norma expresa, de acuerdo al art. 65 inc. 4° N° 4 CPR olvidando que esta es una causa de inaplicabilidad y no de control a priori de un proyecto de ley, donde sería aplicable dicho argumento. En fin, señala que “los funcionarios públicos no están desprovistos de otros medios de reclamo ni se encuentran en indefensión” (consid. 4° y 5°), lo que no se comprende.

El voto de mayoría repasa además la breve historia jurisprudencial (que se reduce a solo dos sentencias anteriores, la verdad), seguramente para saldar cuentas con esa historia: respecto de la STC 2926-15 señala de modo irreal que en tal sentencia “esta Magistratura dio a conocer su criterio sobre el asunto” (pero se trata de un obiter dictum en un caso que rechazó el recurso, que solo trasluce el descuido de los demás firmantes). Afirma que en ese caso el TC no declaró la inaplicabilidad “como una muestra inequívoca de deferencia” a la CS, lo que es distinto a lo que se afirma en esa sentencia. Al analizar la STC 3853-17 dice que el TC “debió declarar la inaplicabilidad (…) impelido a cumplir con el deber de inexcusabilidad”; recordando solo ahora el tenor de los arts. 93 N° 6 CPR y 84 Ley N° 17.997, olvidados en la sentencia anterior.

En fin, de un modo retórico señala que las sentencias anteriores del TC sobre la materia, citadas, serían acumulativas y da por reproducidos sus términos, ofreciendo una síntesis de sus conclusiones, pero agregando ahora nueva artillería (que no estaba en la sentencia anterior): los arts. 38 ambos incisos; 65 inc. 4° N° 4 y 77 CPR.

Cuarta escena: argumentos van y vienen entre los votos en pugna.

El tercer caso relevante es la STC 4033-17, de 28 de mayo de 2019. Cambia ahora levemente la composición del TC, pero se mantiene la mayoría anterior. Fallan este caso, por la mayoría, los ministros Aróstica (redactor), Romero, Brahm, Letelier, Vásquez y Fernández; por la minoría, los ministros Silva, García y Hernández (redactor).

El voto de mayoría parte ahora argumentando “que la especie no envuelve una cuestión de simple interpretación de la ley” (consid.3°) quien se excusa, se acusa, según el dicho—. Señala que “no cabe sino ratificar los criterios que informaron las STC roles N°s. 2926, 3853 y 3892” (consid. 5°) y, en relación al tema de la competencia, agrega el siguiente epigrama: “La cuestión aquí no versa sobre la competencia de dichos tribunales [laborales], sino que acerca de su jurisdicción”, sin agregar fundamento alguno a tan lacónico enunciado.

Pero es el voto disidente el que encargará de contradecirlo. Este voto es reformulado y postula que esta es “una cuestión de interpretación de dos preceptos legales” y que “que el órgano competente en este caso, la Corte Suprema— deberá resolver, por insertarse en el ámbito propio de su jurisdicción” (consid. 3°). Ofrece una nueva versión de sus argumentos, con amplias citas a sentencias de la CS, para concluir que la acción de tutela laboral como vía idónea para la aplicación de normas sustantivas del CT “es un tema de ‘interpretación legal’ que debe ser resuelto en sede judicial” (consid. 18°). Se refiere latamente a la distinción entre jurisdicción y competencia, que apenas enuncia el voto de mayoría; también a los conflictos normativos entre normas de igual jerarquía, para concluir que el TC no está autorizado para sustituir al juez natural para conocer y juzgar las causas laborales (consid. 19°).

Quinta escena: la consolidación de la línea jurisprudencial.

En el cuarto caso, STC 4046-17, el voto de mayoría básicamente repite el texto de la sentencia anterior, pero no reincide en la supuesta bipolaridad competencia/jurisdicción, que elimina ahora. El voto de minoría igualmente es escueto y argumenta la existencia de un incidente de incompetencia en la causa respectiva y el ya esgrimido antes de que se trata de una cuestión de interpretación entre dos normas.

Pero en las siguientes 19 sentencias (roles 5324-18, 5030-18, 5128-18, 5853-18, 5854-18, 5890-18, 5710-18, 5860-19, 5971-19, 5914-19, 6046-19, 5920-19, 5921-19, 6162-19, 5539-19, 6069-19, 6134-19, 5903-19 y 6027-19) se mantiene el mismo texto y molde. Del mismo modo, los votos de minoría, con algunas prevenciones; no obstante, algún reforzamiento en los argumentos. Solo en el rol 5710-2018 hay un cambio de redacción del voto de mayoría, agregando una referencia a la unificación de jurisprudencia, en que reitera su línea, para rematar al final “que no existen motivos que muevan al TC a cambiar su criterio".

En la STC 4995-18 (Osse con Municipalidad de Lo Espejo) se produce un cambio de jurisprudencia (se diluye así el voto de mayoría de los anteriores casos) y el TC decide por mayoría rechazar un recurso de inaplicabilidad en el caso de una docente del Departamento de Educación Municipal, dado que, en este caso, habría ley especial que declara expresamente aplicable el CT (art. 71 Ley N° 19.070), pero tres de sus ministros (Aróstica, Brahm y Vásquez) firman un voto de minoría, señalando que, aún en este caso, dicho art. 71 es contrario a los arts. 38, 65 y 77 CPR olvidando ahora los iniciales solitarios arts. 6 y 7 CPR—. Hay una prevención del ministro Pozo. Se originará, entonces, un zigzag.

Coda: recuento de sentencias.

El recuento es el siguiente: de los 31 recursos de inaplicabilidad que ha conocido el TC en la materia desde 2017 ha rechazado dos casos: el primero (STC 2926-15) y el octavo (STC 4995-18); ha declarado inadmisibles seis (roles 474-18; 6089-19; 5810-18; 5894-19; 5809-18 y 5808-18), y ha acogido un total de 23 recursos (señalados más arriba, uno a uno) (*)

Hay un caso número 32, si se quiere: la STC 5057-18 (redactor, ministro Fernández) expande la jurisprudencia a otra materia y acoge el recurso e inaplica los arts. 1 y 485 CT en un caso de prácticas antisindicales (**).

La línea jurisprudencial mayoritaria pareciera que, en el fondo, se sostiene por el actual convencimiento y empeño de los ministros Aróstica, Romero, Letelier, Brahm, Vásquez y Fernández de evitar los efectos fiscales, en el erario, de una jurisprudencia garantista de la CS y no estrictamente en base a razonabilidad jurídico-constitucional; sin perjuicio de la fractura que tuvo esa mayoría en la STC 4995-18, en que los ministros Romero y Fernández abandonan esa línea originando el zigzag del TC. Respecto del voto de minoría, se mantuvieron constantes las disidencias de la ministra Peña (en los dos primeros casos) y de los ministros García, Hernández, Pozo (en los casos siguientes) y Silva (al ingresar al TC).

En suma, todos los ministros, de una y otra tendencia, han sido consistentes en su línea jurisprudencial, salvo la primera sentencia de 2017, en que todos parecieron confundirse, y en la STC 4995-18, que originó el zigzag.

El análisis crítico de los argumentos de fondo de esta línea jurisprudencial (que ya anuncio en algunos paréntesis) lo dejo para una columna siguiente.


(*) Casos fallados por el TCsobre tutela laboral de funcionarios públicos en que acoge, rechaza o inadmite recursos de inaplicabilidad:

1) Solís con Municipalidad de La Calera (2017): Tribunal Constitucional, 25 julio 2017 (STC 2926-15). Ministros(as): Carmona (redactor), Aróstica (redactor), García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo, Vásquez [rechaza].

2) Navarrete con Municipalidad de San Miguel (2018): Tribunal Constitucional, 6 diciembre 2018 (STC 3853-17). Ministros(as): Aróstica (redactor), Peña (disidente), García (disidente), Hernández (disidente), Pozo (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Vásquez [acoge].

3) Guzmán con USACH (2019): Tribunal Constitucional, 6 marzo 2019 (STC 4744-18). Ministros(as): García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier (redactor), Pozo (prevención), Vásquez, Silva, Fernández [indamisibilidad].

4) Toro con Hospital Luis Tisné (2019): Tribunal Constitucional, 2 mayo 2019 (STC 3892-17). Ministros(as): Aróstica (redactor), Peña (disidente), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez [acoge].

5) Báez con Municipalidad de San Miguel (2019): Tribunal Constitucional, 28 mayo 2019 (STC 4033-17). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

6) Olivares con Municipalidad de Molina (2019): Tribunal Constitucional, 28 mayo 2019 (STC 4046-17). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (redactor y disidente), Romero, Brahm, Letelier, Vásquez, Silva, Fernández [acoge].

7) Espinoza con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 20 junio 2019 (STC 6089-19). Ministros(as): Aróstica, García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo, Vásquez, Silva, Fernández (“redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben”) [indamisibilidad].

8) Osse con Municipalidad de Lo Espejo (2019): Tribunal Constitucional, 11 julio 2019 (STC 4995-18). Ministros(as): Aróstica (disidente), García, Hernández, Romero, Brahm (disidente), Letelier, Pozo (disidente), Vásquez (disidente), Silva, Fernández (redactor) [rechaza].

9) Alvarado con Municipalidad de Alto del Carmen (2019): Tribunal Constitucional, 11 julio 2019 (STC 5324-18). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva, Fernández [acoge].

10) Suazo con Municipalidad de Coronel (2019): Tribunal Constitucional, 11 julio 2019 (STC 5030-18). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

11) Cruces con Municipalidad de Coronel (2019): Tribunal Constitucional, 11 julio 2019 (STC 5128-18). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

12) Astudillo con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 6 agosto 2019 (STC 5810-18). Ministros(as): Aróstica (disidente), García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo (prevención), Vásquez (disidente), Silva (redactora), Fernández [indamisibilidad].

13) Brito con Subsecretaría de Prevención del Delito (2019): Tribunal Constitucional, 6 agosto 2019 (STC 5894-19). Ministros(as): Aróstica (disidente), García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo (prevención), Vásquez (disidente), Silva (redactora), Fernández [indamisibilidad].

14) Ortega con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 6 agosto 2019 (STC 5809-18). Ministros(as): Aróstica (disidente), García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo (prevención), Vásquez (disidente), Silva (redactora), Fernández [indamisibilidad].

15) Rayo con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 6 agosto 2019 (STC 5808-18). Ministros(as): Aróstica (disidente), García, Hernández, Romero, Brahm, Letelier, Pozo (prevención), Vásquez (disidente), Silva (redactora), Fernández [indamisibilidad].

16) Simpson con SENAME (2019): Tribunal Constitucional, 13 agosto 2019 (STC 5853-18). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

17) Cariaga con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 13 agosto 2019 (STC 5854-18). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

18) Sepúlveda con GORE Los Lagos (2019): Tribunal Constitucional, 27 agosto 2019 (STC 5890-18). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Fernández [acoge].

19) Contreras con Municipalidad de San Miguel (2019): Tribunal Constitucional, 27 agosto 2019 (STC 5710-18). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

20) Silva con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 27 agosto 2019 (STC 5860-19). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

21) Burgos con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 27 agosto 2019 (STC 5971-19). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

22) Vicencio con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 27 agosto 2019 (STC 5914-19). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

23) Rives con Fisco (2019): Tribunal Constitucional, 27 agosto 2019 (STC 6046-19). Ministros(as): Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

24) Muñoz con Municipalidad de Pitrufquén (2019): Tribunal Constitucional, 24 septiembre 2019 (STC 5920-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente) [acoge].

25) Gutiérrez con Municipalidad de Pitrufquén (2019): Tribunal Constitucional, 24 septiembre 2019 (STC 5921-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

26) Arriagada con Universidad de Chile (2019): Tribunal Constitucional, 8 octubre 2019 (STC 6162-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente) [acoge].

27) Zúñiga con Municipalidad de Peumo (2019): Tribunal Constitucional, 8 octubre 2019 (STC 5539-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Fernández. [acoge]

28) Inostroza con Municipalidad de Maipú (2019): Tribunal Constitucional, 8 octubre 2019 (STC 6069-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Fernández [acoge].

29) Fuentes con Municipalidad de Ránquil (2019): Tribunal Constitucional, 8 octubre 2019 (STC 6134-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

30) Olivares con Municipalidad de San Felipe (2019): Tribunal Constitucional, 10 octubre 2019 (STC 5903-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

31) Cleveland con Municipalidad de Quilicura (2019): Tribunal Constitucional, 10 octubre 2019 (STC 6027-19). Ministros(as): Brahm, Aróstica (redactor), García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Letelier, Vásquez, Silva (disidente), Fernández [acoge].

(**) Caso fallado por el TCsobre prácticas antisindicales en administración pública:

Asociación Funcionarios con Municipalidad de Nogales (2019): Tribunal Constitucional, 13 agosto 2019 (STC 5057-18). Ministros(as): Aróstica, García (disidente), Hernández (disidente), Romero, Brahm, Letelier, Pozo (disidente), Vásquez, Silva (disidente), Fernández (redactor).

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