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El Club de la Pelea: recargado

“...Pareciera conveniente no olvidar que los diseños institucionales generan las condiciones sobre las cuales los sujetos se comportan estratégicamente y eso también vale para la relación entre instituciones, sobre todo cuando está en juego quién es el supremo intérprete de la Constitución...”

Martes, 26 de febrero de 2019 a las 12:16
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Luis Cordero

Hace poco más de dos años, en este mismo lugar, expliqué por qué creía que se asomaba un conflicto inevitable entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Tercera Sala de la Corte Suprema (la Corte) a consecuencia de la jurisprudencia de esta última que, aunque dividida, señalaba que si una regla legal anterior a la Constitución de 1980 —en el caso era la norma de la ley de extranjería que exigía la regularización de residencia para contraer matrimonio— era contraria a la Constitución, era el juez, que tutela directamente derechos fundamentales según la Corte, al que le correspondía señalar si existía derogación tácita por compatibilidad de normas constitucional posterior sin necesidad de recurrir al TC para efectos de declarar inaplicable la disposición.

La tesis de la Corte generó una reacción inmediata del TC, quien utilizó las conclusiones de su jornada de reflexión de noviembre de 2016 para manifestar su molestia, señalando que decisiones como estas alteraban los criterios establecidos por el Congreso tras la reforma constitucional de 2005 sobre quién es finalmente el “supremo” intérprete de la Constitución, afectando la “seguridad jurídica” y atribuyéndose “por sí y ante sí” una competencia de la cual carecía la Corte.

Las disputas de quien tiene la última palabra sobre la aplicación de la Constitución, especialmente cuando están en juego la solución de casos de derechos fundamentales, se ha vuelto a plantear este mes a consecuencia de la decisión de la Corte de declarar admisible un recurso de protección interpuesto por la Confederación de Funcionarios Municipales contra la sentencia del TC que se pronunció sobre la inaplicabilidad del procedimiento de tutela laboral en el caso de funcionarios públicos (CS 20.2.2019, rol Nº2800-2019) en base a la “constitucionalización del principio de legalidad” (STC Rol Nº3853-17, c. 20 y 21), decidiendo el asunto, en mi opinión, como si fuese una contienda de competencias. Mientras la Corte de Apelaciones señaló que este era inadmisible por tratarse de una sentencia del TC, la Corte Suprema indicó que nada impedía declararlo admisible, pues en el recurso se relataban cuestiones que podían afectar derechos fundamentales.

A este conflicto se puede agregar otra disputa que, en principio, podría ser considerada de menor entidad, pero que tiene consecuencias sistémicas importantes sobre los efectos de la interposición de un recurso de inaplicabilidad en las gestiones judiciales pendientes, como es lo que sucedió en la resolución del “falso recurso de hecho” interpuesto por Conadecus en el caso sobre la ejecución de la sentencia del “desprendimiento de espectro” ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Mientras las empresas de telecomunicaciones afectadas recurrieron de inaplicabilidad contra la norma legal que impide los recursos procesales en esta etapa y el TC ordenó la suspensión de la tramitación (roles Nº6019 y 6023), el falso recurso de hecho permitió que la Corte resolviera el fondo de lo que se debatía ante el TC bajo la tesis de que los efectos suspensivos deben ser entendidos en términos restringidos y según lo explícitamente ordenado, sin que se pueda hacer extensivo a otros procedimientos en los cuales no se hubiese solicitado expresamente la suspensión (CS 6.2.2019, rol Nº2573-2019).

Este debate del verano se da en el preciso momento en que existe un cierto consenso de la necesidad de reformar el sistema de justicia constitucional, pensando principalmente en el TC, donde existen propuestas desde el número de sus miembros, los requisitos para ser juez constitucional y el mecanismo de nombramiento, hasta las atribuciones, incluida la necesidad de evaluar la concentración de las mismas, especialmente cuando se reúne en una misma mano —sin un escrutinio institucional sobre sus miembros— un cuestionable control preventivo de la ley con los poderes para declarar inaplicable e inconstitucional normas legales.

Esta discusión no es para nada trivial, pues la pregunta de quién es el que interpreta la Constitución fue particularmente polémica en el siglo XX en el derecho comparado, lo que explica los diversos modelos de justicia constitucional y que han dado origen a ácidas disputas doctrinarias, políticas y jurisprudenciales. Un ejemplo de esto último fue lo ocurrido en el Derecho español entre el TC y el Tribunal Supremo (TS), primero en 1994, cuando este último apeló a la intervención del Rey para moderar el rol del TC frente al cumplimiento de una sentencia que se había anulado, hasta la ocurrida en 2004 en donde el TS condenó a 11 jueces del TC a indemnizar a un abogado por rechazar un recurso de amparo sin examinarlo, asunto que nuevamente terminó en el TC en el 2013, acogiendo un amparo contra el TS y a favor de los magistrados condenados por el TC, porque las decisiones de este último no podían estar sometidas por ningún otro organismo jurisdiccional del Estado, una regla similar que dispone nuestro Tribunal Constitucional (art. 41 LOCTC).

Y es que pareciera conveniente no olvidar que los diseños institucionales generan las condiciones sobre las cuales los sujetos se comportan estratégicamente y eso también vale para la relación entre instituciones, sobre todo cuando está en juego quién es el supremo interprete de la Constitución.

En el sistema institucional chileno la Corte Suprema ha consolidado una legitimidad sustantiva en la protección de la Constitución especialmente en materia de derechos fundamentales. El TC solo ha logrado una simple legitimidad formal. Mientras el primero gestiona el instrumento más poderoso de tutela de derechos, como el recurso de protección, el segundo está utilizando el recurso de inaplicabilidad con un propósito similar, pero con interpretaciones discrepantes. Esa tensión cada vez resulta más evidente y pareciera conveniente evaluar si debiésemos volver las competencias sobre la inaplicabilidad a la Corte Suprema, una institución sustancialmente distinta a la de una década atrás, y sustraerlas del conocimiento del TC para que el sistema de justicia constitucional tenga cierta racionalidad y coherencia para las decisiones judiciales.

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