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Los estándares de la Corte Suprema a las intervenciones administrativas integradas

"...El caso Salmones demuestra una progresiva consolidación jurisprudencial del máximo tribunal que ha ido instalando un estándar exigible para la operación conjunta de organismos administrativos, desechando las tesis de las defensas estatales de competencias administrativas apreciadas como simples silos sectoriales donde se satisface el cumplimiento normativo estrictamente con la actuación individual..."

Martes, 29 de mayo de 2018 a las 12:47
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Luis Cordero
La Corte Suprema ha resuelto este mes uno de los ejemplos más evidentes de los efectos que implica un modelo de gestión administrativa en base a silos institucionales y una nueva advertencia a la manera en que ella entiende las competencias de la Administración.

Me refiero al caso “Salmones” (SCS 22.5.2018, rol 34594-2017), en que la Corte señaló que la actuación sectorial descoordinada de organismos administrativos, a pesar de existir información anticipada sobre los efectos de condiciones climáticas, impidió adoptar medidas preventivas adecuadas que permitiera abordar una crisis sanitaria predecible —reducir el impacto en la tasa de mortalidad de los salmónidos adoptando alguna medida preventiva en opinión del tribunal— que provocó la mortalidad de miles de salmones y que dada sus magnitudes y estado de descomposición llevó a la Directemar a autorizar el vertimiento de ellas en el mar, frente a la imposibilidad de lograr un tratamiento adecuado de una mortalidad masiva. La Corte cuestiona la legalidad y razonabilidad de la decisión de la autoridad marítima, pero también la de Sernapesca por emitir un informe favorable para dicha autorización, así como las de la Superintendencia del Medio Ambiente y la autoridad sanitaria por omitir el control en la operación de los centros de cultivo de salmones.

La Corte realizó un cuidadoso análisis de cuales eran las acciones exigibles a cada una de las instituciones, de acuerdo a sus competencias legales, de modo que al omitir “desplegarlas” adecuadamente permitió un funcionamiento descoordinado de las mismas, lo que afectó el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, especialmente porque con ellas se facilitó la contaminación del mar, violentando el “principio precautorio” que se aplica en virtud de la Convención sobre Prevención de la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias, que rige “toda decisión que arriesgue una afectación a la vida y la salud de las personas y de los animales, o del medio ambiente”.

Esta manera de razonar lleva a la Corte a ordenar que se adopten “las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos por los que cada uno debe regirse [los organismos públicos], propendiendo a una reacción oportuna y eficaz para evitar los riesgos para la salud de la población y los daños al medio ambiente”.

¿Por qué el caso es importante? Porque la Corte vuelve a utilizar las reglas de competencia como un criterio de garantía para los ciudadanos, tal como expliqué en otra oportunidad, pero además, al razonar de este modo, no solo entiende la competencia legal de esta manera, sino que también atribuye a las potestades la naturaleza de “reglas de fin”, es decir, “normas que configuran el caso mediante un conjunto de propiedades independientes del contenido, pero donde la conducta modalizada deónticamente no consiste en la realización de una acción [concreta], sino en la producción de un estado de cosas en una medida determinada” (Ródenas 2015, 17), en este caso, actuar oportunamente y de modo eficaz para prevenir daños por parte de todos los servicios públicos vinculados, lo que se traduce en que el Estado no puede desatenderse de las consecuencias de las acciones de sus organismos.

Esta es la tesis que la Corte ha aplicado precisamente en los asuntos vinculados al 27/F, especialmente en aquellos casos donde no se acreditaron las “medidas preventivas de información” establecidas en planes de emergencia para personas que habían accedido a lugares apartados y sin comunicación en los días previos al terremoto y posterior tsunami, descartando de eso modo la tesis exculpatoria de la defensa fiscal de la existencia de “un caso fortuito o fuerza mayor” (ver casos Isla Mocha, 16.11.2017, rol 4658-2017 e Isla Orrego, 17.4.2018, rol 18.225-2017).

De algún modo, este mismo criterio de exigencia de coherencia en la actuación conjunta, coordinada y preventiva es el que la Corte sistematizó en el caso “calle travesía” (SsCS 27.12.2017, roles 34536 y 37834-2017), estableciendo un verdadero test de idoneidad para evaluar la intervención administrativa, en el cual sostuvo que los organismos administrativos debían respetar los principios de: (1) proporcionalidad, considerando la idoneidad de la medida a favor de los administrados; (2) oportunidad, del cual depende la mayor o menor extensión del ejercicio de la atribución en el caso concreto; (3) coordinación entre organismos administrativos, de modo de evitar que unos con otros entraben sus funciones; (4) unidad de acción, que exige a los organismos que actúen coetáneamente una solución unificada para atender una necesidad pública, y (5) optimización del uso de medios, que exige maximizar los recursos escasos en la actuación administrativa, especialmente si corresponden al mismo fin. Eso explica que en este caso la Corte anticipe los criterios que aplicó en el caso Salmones al señalar que “las medidas precautorias que la autoridad debe adoptar para evitar la concreción de un riesgo deben ser proporcionales al nivel de protección; no discriminatorias en su aplicación y coherentes con medidas similares ya adoptadas, basadas en el examen de los posibles beneficios y costos de la acción o de la inacción”(c.10).

Este caso demuestra una progresiva consolidación jurisprudencial de la Corte Suprema, que ha ido instalando un estándar exigible para la operación conjunta de organismos administrativos, desechando las tesis de las defensas estatales de competencias administrativas apreciadas como simples silos sectoriales donde se satisface el cumplimiento normativo estrictamente con la actuación individual. Eso implica entender las normas de competencias como garantías y las potestades como reglas fines, existiendo tras ellas una especie de “expectativa normativa” (Luhmann, 2002) en el desempeño de las funciones que debe ejecutar la Administración en su conjunto, dado que su incumplimiento implica una “decepción” de la intervención estatal que requiere de un inevitable remedio judicial. Y es que como ha sostenido Sunstein (2016, 109), es “inevitable que los tribunales formen parte del proceso [de reforma regulatoria], puesto que son, al fin y al cabo, los encargados de interpretar las leyes reguladoras. La interpretación legal ha servido a veces como una forma de responder a un mal funcionamiento de la regulación”, pero también de corrección a una inadecuada integración de competencias públicas.

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"...La Segunda Sala de la Corte Suprema entiende que el hecho de la demora en que incurre el órgano administrativo no solo es un quebranto a la legalidad, sino que con ello afecta el derecho a la libertad personal y seguridad individual del solicitante…”

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"...La Corte define un estándar estricto de invalidez por infracción al principio de imparcialidad, porque pareciera entender que cualquier decisión administrativa adoptada por un funcionario que infringe tal principio, adolece de un vicio grave y esencial que afectará siempre la legitimidad del acto administrativo..."

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"...Su implementación sera por fases y grupos y su gradualidad se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 (...) Se trata de un gran desafío no solo para la Administración del Estado, por cuanto requiere la adaptación a un nuevo paradigma, consistente en transitar desde la lógica del papel a una modalidad electrónica, sino también para las personas y funcionarios públicos que tramitan o prestan servicios en ella..."

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