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Amparo económico eficaz

"... Como puede apreciarse, la Sala Constitucional, liderada por el ministro Sergio Muñoz —que fue quien comenzó en votos de minoría a revertir la tesis restrictiva sostenida desde el año 2009 y a la que se sumó desde un principio la ministra Egnem— ha retomado la senda verdaderamente protectora de los derechos fundamentales, aplicando directamente los principios y valores constitucionales..."

Lunes, 17 de julio de 2017 a las 14:30
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Enrique Navarro
En un notable reciente fallo (Rol 6080-2017, 4 de julio de 2017), redactado por la ministra María Eugenia Sandoval, la Sala Constitucional de la Corte Suprema reitera su ya asentada jurisprudencia en cuanto a que la denuncia de amparo económico, regulada en el artículo único de la Ley 18.971, está destinada a garantizar ambos incisos del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad económica y las limitaciones impuestas a las actuaciones empresariales estatales.

Luego de analizar los antecedentes de la disposición, la doctrina y jurisprudencia, a la vez que los principios propios de la protección de los derechos fundamentales, se refirma la tesis de que “el menoscabo que pueda sufrir la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 21 en el ejercicio de cualquier actividad económica, no está sujeta a limitación alguna, por lo que no puede hacerse distingo sobre sus titulares”. De esta manera, “no se advierte razón por la cual fuese razonable utilizar, incluso, reglas de hermenéutica legal para introducir una restricción que el legislador no ha querido. En efecto, su intención aparece dirigida a otorgar una protección más bien general, sin discriminación alguna” (c. 9°).

En este caso, lo que se cuestionaba eran las bases administrativas de la licitación para la contratación de servicios de raciones alimenticias para los beneficiarios de los programas de alimentación escolar y párvulos para los años 2017 a 2011. Si bien se desechan las impugnaciones al sistema de sanciones y multas que contempla las bases, junto a otros aspectos, la Corte Suprema cuestiona tres aspectos.

En primer lugar, la implementación de un sistema digital de certificación biométrica que involucra la identificación del beneficiario mediante el reconocimiento de rasgos y/o características físicas estáticas (tales como huellas dactilares o el reconocimiento facial o de iris). Dicho sistema, en la forma presentada, importa una traba al ejercicio de la actividad económica de los prestadores del servicio de alimentación, pues “aun cuando se les impone una obligación que no están en condiciones de satisfacer, al menos en su integridad, deben entregar la ración de alimentos a aquellos estudiantes beneficiarios —declarados por la JUNAEB al proveedor—, que no se encuentren enrolados en el sistema biométrico”. Desde luego, “la relación con la afectación de la contraprestación que tienen derecho a recibir cada uno de los prestadores por el servicio de alimentación que proporcionan, resulta evidente, puesto que la JUNAEB no pagará el valor de la/s ración/es servidas de los estudiantes que no se hayan autentificado en el sistema biométrico” (c. 27). De esta forma, se afirma que la actuación de la recurrida, “al establecer en términos imperativos la ejecución de un método de certificación exclusivo, que los prestadores del servicio de alimentación no se encuentran en situación de cumplir, sin otorgar la posibilidad de implementar sistemas alternativos para tal propósito, importa, en definitiva, una traba a la actividad económica que desarrollan, al verse impedidos de recibir la contraprestación por el servicio que suministran en aquellos casos que no les haya sido posible registrar y enrolar a los beneficiarios del modo propuesto” (c. 28).

A su vez, se indica que el ejercicio de la facultad que se reconoce a la JUNAEB, en relación a la liberación de uno o más oferentes del cumplimiento íntegro de las obligaciones que a cada uno de ellos imponen las bases de licitación “autorizando rebajas parciales de los porcentajes exigidos” o al adecuar, modificar o suspender el sistema de certificación biométrica, importa “la afectación del equilibrio económico del contrato, pues, es de toda lógica que los oferentes al momento de evaluar la posibilidad de participar en un proceso de licitación, calculen los costos y beneficios asociados a la ejecución del contrato de suministro de que se trata, considerando desde luego el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que les asisten en calidad de prestadores del servicio de alimentación, así como también las condiciones establecidas en las bases de licitación” (c. 34). De esta forma, no se estima plausible que los oferentes no se encuentren en situación de evaluar, conforme a parámetros objetivos, las condiciones en las cuales han de participar en el proceso en cuestión, atendidas las reservas de la recurrida.

Igualmente, se cuestiona la exigencia de antecedentes e información comercial exclusivamente a aquellos proveedores domiciliados en el país, estimándose que se trata de una desigualdad de trato, haciendo presente que ello “importa un impedimento para el desarrollo de la actividad económica de los oferentes, pues, del modo propuesto en las Bases Administrativas, aquellos oferentes extranjeros que no hayan iniciado actividades en el país gozan de una ventaja respecto de los oferentes nacionales y de aquellos que en la misma calidad de extranjeros iniciaron actividades en el país, toda vez que la mejor evaluación de la oferta de estos últimos queda supeditada a la existencia o inexistencia de deudas en el informe comercial que han de presentar, mientras que tratándose de un oferente extranjero sin iniciación de actividades en Chile, no sólo queda relevado de la obligación de presentar un informe que demuestre la existencia o inexistencia de deudas comerciales, sino que además, prescindiendo de tal información, se le asigna el mayor puntaje contemplado en esta materia” (c. 41).

Esta sentencia de amparo económico eficaz continúa la línea protectora sostenida en el último año.

Así, pueden citarse, a fines del año pasado, el caso de declaración de caducidad de patente de alcoholes sin seguir el procedimiento legal, debiendo contar con acuerdo del Concejo Municipal (Rol 34390-2016, 29 de septiembre de 2016). Igualmente, el cierre del único lugar de acceso a la playa de mar, en un sector ocupado durante años para ingresar al lugar en que se realiza la actividad económica de pesca artesanal, adoptándose como medida conservativa el que la Intendencia Regional fije el punto de acceso a la playa (Rol 47914-2016, 5 de octubre de 2016). O, durante este 2017, la decisión arbitraria de cerrar rejas de ingreso y de salida de terminal pesquero (Rol 5086-2017, 25 de abril de 2017), como también la declaración de que una municipalidad no puede imponer nuevas condiciones en relación a determinadas construcciones en zonas de riesgo (Rol 2856-2017, 12 de abril de 2017).

Más recientemente puede mencionarse una denuncia desechada, que versaba sobre un conflicto de carácter contractual, en el marco de un convenio con CORFO, lo que se estimó debía ser sometido a conocimiento de los jueces del fondo y resuelta en el procedimiento judicial correspondiente, en un proceso de lato conocimiento, que asegurare la adecuada producción de pruebas y respete el derecho de las partes a un debido proceso legal (Rol 95.083-2016, 29 de mayo de 2017).

Como puede apreciarse, la Sala Constitucional, liderada por el ministro Sergio Muñoz —que fue quien comenzó en votos de minoría a revertir la tesis restrictiva sostenida desde el año 2009 y a la que se sumó desde un principio la ministra Egnem— ha retomado la senda verdaderamente protectora de los derechos fundamentales, aplicando directamente los principios y valores constitucionales.

Así, la Corte Suprema —en las cercanías de su bicentenario— entiende que la tutela de las garantías constitucionales económicas no tiene límites o restricciones, que no contempla por lo demás la Ley 18.971, tal como lo entendió entre los años 1995 a 2009, debiendo ejercer en plenitud sus atribuciones conservativas, lo que se corresponde con un verdadero y moderno Estado de Derecho Democrático.

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