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Y las policías ¿cuándo?

"...Lo que se aprecia es que diversas autoridades se han transformado en una suerte de voceros del punto de vista policial, sin cumplir el rol de analizar al sistema en su conjunto y ver los problemas en su funcionamiento con datos y evidencia más compleja..."

Lunes, 12 de diciembre de 2016 a las 12:31
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Mauricio Duce

Durante las últimas semanas diversos hechos e informaciones han puesto sobre la mesa una visión muy crítica sobre el rol que tendrían los actores del sistema de justicia penal en materia de delincuencia y seguridad ciudadana. En ellos se tiende a poner el acento en la crítica al trabajo de los actores legales del sistema (jueces, fiscales y defensores) y en la necesidad de hacer cambios legislativos a reglas del Código Procesal Penal (caracterizado siempre con la ambigua frase de ser “demasiado garantista”). Con todo, se echa de menos que nos preguntemos mínimamente acerca de la contribución que debieran hacer las policías en estas materias. Mi punto no es que fiscales, defensores y jueces hagan todo bien o que no sea razonable exigir mejoras su trabajo, sino lo que me sorprende es el verdadero “punto ciego” que hay en relación al funcionamiento y trabajo de las policías en todos estos debates. Estas instituciones parecieran no ser objeto de escrutinio ni por los ciudadanos ni por las diversas autoridades del ejecutivo y del congreso que se refieren a estos temas. En mi opinión, se trata un núcleo crítico a revisar para emprender cualquier mejora que en serio pretenda mejorar la prevención y aumentar la eficacia de las actividades de investigación y persecución penal en nuestro país.

Un primer hecho que generó un intenso debate público se produjo a propósito del caso conocido como el de los “vengadores” (ver link). Recordarán los lectores se trató de dos jóvenes que se hacían pasar por miembros de la PDI, usando identificaciones, vestimentas y diversos aparatos que simulaban tal condición. En su actuar, practicaban detenciones en casos de flagrancia para luego poner a esas personas a disposición de las policías reales. Sin entrar a los detalles del debate legal que su comportamiento generó, el hecho central fue que -como podía esperarse- su comportamiento generó un importante respaldo popular. Lo que más me llamó la atención fueron los motivos que se daban en redes sociales y medios de comunicación para su apoyo. En general, ellos se basaban en la supuesta falta de eficacia del sistema y el excesivo garantismo de jueces, lo que obligaba a los ciudadanos a tomar cartas en el asunto. El trabajo de las policías, en cambio, no aparecía para nada en la ecuación. Lo curioso de esto es que los autodenominados “vengadores” lo que en realidad hacían era sustituir el trabajo policial en casos en que ellos no habían estado presentes para ayudar a víctimas en contexto de flagrancia y compilar evidencia. En otras palabras, suplían más bien los problemas de eficacia policial que los derivados del trabajo de los actores legales del sistema.

Unos días antes, se dio a conocer un interesante estudio realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo sobre el costo en materia de delincuencia entre los años 2013-2015 que contiene datos relevantes sobre el gasto público en el área (ver link). El tono de la información era muy crítico nuevamente respecto al trabajo de los actores legales del sistema al constatarse que se había producido un aumento significativo del gasto público en los últimos años (un 9,25% entre 2013 y 2015) sin que ello produjera los resultados esperados en reducción de la violencia y delincuencia. Nuevamente lo que me llamó la atención es que cuando se analizaba la distribución de dicho gasto en el año 2015, por lejos las instituciones que mayor cantidad de recursos reciben son las policías, con un 49,1% del total (Carabineros con un 38% y la PDI un 11,1%). Luego de ellas, Gendarmería con un 14,8%. Esto en comparación con un 6,4% del Ministerio Público, un 5,7% de los jueces y un 2,1% de la Defensoría Penal Pública (en conjunto un 14,2%, inferior al de Gendarmería). Lo curioso es que si se tiene una visión crítica del impacto real que el aumento del gasto público ha tenido, no exista una mirada que problematice como primera cuestión la contribución que realizan las instituciones que se llevan la porción más significativa de esos recursos y no, en cambio, focalizar el debate en los jueces o fiscales. Otra vez, entonces, la policía quedaba fuera de la ecuación a pesar que la evidencia debiera llevar a ponerlas en el centro del debate.

La guinda de la torta ha estado por las recientes y especialmente desafortunadas declaraciones del subsecretario del interior Aleuy sobre la cantidad de personas que son detenidas y no quedan privadas de libertad (ver link). Esgrimiendo unos datos de fuente desconocida, señalaba que era un problema que de cada 250 personas detenidas 235 quedarán en libertad. No puedo dejar de mencionar que estas declaraciones no sólo reflejan la falta de profundidad de sus convicciones democráticas (ellas hablan mucho del peso y rol que él asigna a la libertad de las personas frente a otros valores), sino también de su escasa comprensión de los problemas de funcionamiento de la justicia penal en el país. Más allá de esto y volviendo a mi punto central, sus declaraciones dan cuenta de un fenómeno que se viene repitiendo hace tiempo en el comportamiento de varias autoridades del ejecutivo y el congreso. Se trata de una tendencia a ver los problemas de seguridad desde una perspectiva basada casi exclusivamente en el punto de vista policial, sin evaluar críticamente su corrección o pertinencia. Lo que se aprecia es que diversas autoridades se han transformado en una suerte de voceros del punto de vista policial, sin cumplir el rol de analizar al sistema en su conjunto y ver los problemas en su funcionamiento con datos y evidencia más compleja. Esto ha llevado que en forma permanente las únicas políticas públicas relevantes en el sector hayan sido aumentos de presupuesto, dotación de las instituciones policiales (es la promesa central de varios candidatos a la presidencia en las últimas elecciones), lo que ha venido acompañado de reformas legales de reforzamiento de las facultades policiales (vgr. Agenda corta anti delincuencia de julio de este año como caso paradigmático de reforma legal). Lo que se esperaría antes de poner esos datos tan básicos y con una interpretación tan gruesa es que el subsecretario del interior indagara algo más acerca de en qué consisten estas detenciones (por ejemplo muchas de ellas probablemente se refieren a faltas o incluso conductas no penalizadas), qué calidad de evidencia se ha recogido para sustentarlas en una audiencia, entre otras. Seguro que la respuesta a estas preguntas arrojaría muchas luces acerca de algunos problemas importantes del trabajo de las policías que sería urgente de revisar aún antes de nuevamente responsabilizar a jueces, fiscales o defensores. Lamentablemente, la forma en que se presenta el debate nuevamente deja fuera de la ecuación al trabajo policial.

Debido a la importancia que ha adquirido el problema de la seguridad ciudadana en nuestro país, resulta indispensable que tengamos un debate más amplio sobre las políticas públicas que deben llevarse adelante para mejorar la situación. En mi opinión, este debate debiera partir por mirar con mucha mayor intensidad que lo que hacemos ahora el trabajo policial. Sin mejoras importantes en esa materia, las que eventualmente pasan por cambios significativos de diseño institucional, no nos estaremos haciendo cargo de los problemas de fondo. ¿No será la hora que comencemos con esta discusión de una vez por todas?

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"...En lo personal, soy crítico de varios aspectos del equilibrio actual y estoy dispuesto a introducir cambios, algunos incluso importantes. Otra cosa muy distinta es derogar por medios indirectos nuestro diseño constitucional de proceso penal o, peor aún, aprovechar casos como este para intentar forzar un estatuto de privilegio en favor de ciertas categorías de personas..."

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"...¿Por qué se insiste tanto en aprobar leyes penales? La respuesta es compleja y no quiero sobre simplificar. Con todo, es muy 'barata' (sale rápido y no cuesta casi nada producirla, otra cosa es luego su adecuada implementación), permite —además— a la autoridad mostrar a la población que enfrenta los problemas con decisión y firmeza y, luego, cuando no produzca efectos, siempre será fácil responsabilizar a otros..."

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"...Me parece un error mirar el resultado de mayo solo desde la perspectiva de cuán duro o estricto ha sido el máximo tribunal. De una vez por todas, debiéramos comenzar a reflexionar acerca de qué es lo que impide que en muchos casos las policías, especialmente Carabineros, no cuente con las capacidades profesionales mínimas para realizar adecuadamente un control respetando los parámetros que ha regulado la ley..."

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