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El Club de la Pelea

"... Han pasado pocos meses para que las tres instituciones más importantes asociadas a las decisiones jurisprudenciales en Derecho Administrativo se encuentren enfrentadas, con resultados impredecibles, por ahora, para el sistema institucional..."

Miércoles, 30 de noviembre de 2016 a las 9:45
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Luis Cordero

En agosto de este año la Corte Suprema acogió —en votación dividida— un recurso de protección (30.08.2016, rol 35.237-2016) mediante el cual sostuvo que los jueces pueden, aún después de la reforma constitucional de 2005, que trasladó el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC), decretar la derogación tácita de una ley preconstitucional por ser contraria a la Constitución y, por esa vía, prescindir de la aplicación de la misma. En octubre, sin embargo, tres casos exactamente iguales fueron rechazados (06.10.2016, roles 43.367, 44.965 y 44.989-2016). La razón: el voto decisivo y la tesis del primer caso estuvo a cargo del ministro Sergio Muñoz, quien no integró la tercera sala en los casos de octubre, pero la minoría de los ministros Aránguiz y Valderrama siguieron defendiendo la tesis del primer asunto.

Este mes de noviembre la reacción no se hizo esperar. En un hecho inédito el TC hizo pública las conclusiones de sus jornadas de reflexión. En ellas explícitamente se refieren a la tesis del fallo de Muñoz, objetando su argumento y conclusiones. Para el TC, tras la reforma constitucional del 2005 el único que tiene atribuciones para pronunciarse sobre la vigencia constitucional de una norma preconstitucional es él, lo que explica que si el juez que conoce el asunto tiene duda sobre esto debe recurrir de inaplicabilidad ante el TC. Actuar de otro modo importaría que la Corte podría alterar los criterios establecidos por la Constitución tras la reforma de 2005, afectando la “seguridad jurídica” y atribuyéndose “por sí y ante sí” una competencia de la que carece. Para el TC, se encuentra en juego quién es el “supremo” intérprete y custodio de la Constitución.

Esta cuestión es compleja no solo en relación al fondo de este asunto, sino que también desde el punto de vista estratégico. Por estos días el TC está conociendo de importantes impugnaciones contra las potestades normativas de la Corte Suprema mediante autos acordados. Por un lado, en el caso de los requisitos para desempeñarse como juez de policía local al imponer por vía reglamentaria su retiro a los 75 años (rol 2961-2016, acumulados) y, por el otro, en los asuntos vinculados a la regulación infralegal de los procedimientos disciplinarios contra jueces (roles 3136 y 3137-2016). Estos casos pueden terminar siendo utilizados como mensajes explícitos del TC a la Corte sobre quién es el que debe resguardar la Constitución y su vigencia.

Pero, además, por estos días la Contraloría General de la República ha abierto una nueva discusión, que enfrentará nuevamente a los jueces con el TC. Se trata de la contienda de competencias que decidió trabar el contralor la semana pasada contra el 29° Juzgado Civil de Santiago a consecuencia de la acción de mera certeza intentada por un grupo de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para que el tribunal dirima el régimen previsional al cual esta institución se encuentra sujeta. Mientras la tesis de ellos es que este es el de las Fuerzas Armadas —así por lo demás lo sostuvo otra acción de mera certeza que resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago (09.08.2016, rol 4049-2016)—, la tesis de la Contraloría es que a estos funcionarios se les debe aplicar el sistema previsional general de todo trabajador, es decir, el de AFP, como lo ha sostenido ella misma en sus dictámenes.

Para lograr esto la Contraloría se hizo parte en el juicio civil (rol C-25213-2016) como tercero interesado —a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es el demandado como representante del fisco—, comparecencia que aceptó el tribunal y, sobre esa base, la Contraloría trabó la contienda de competencia sin esperar siquiera la contestación del CDE a dicha demanda.

Lo que pretende la Contraloría es que el TC señale que solo a ella le corresponde interpretar con alcance general y obligatorio la ley administrativa mediante sus dictámenes, lo que implicaría desconocer la competencia de un juez para conocer la impugnación de una interpretación realizada por Contraloría mediante su potestad dictaminadora. Algo que en el pasado la Contraloría jamás cuestionó en otras acciones de mera certeza interpuesta contra sus decisiones y en casos donde el demandante era otro organismo de la Administración.

Al final del día, la pretensión del contralor es que los dictámenes en los que sostenga la interpretación de una regla aplicable a la Administración Pública —como sucede en la mayoría de sus decisiones— no puedan ser judicialmente impugnados, lo que desafía un principio elemental de justicia administrativa respecto de las acciones que las personas pueden ejercer contra un acto administrativo, considerando especialmente que la dictaminación es una competencia meramente legal, diferente a la toma de razón que sí se encuentra reservada constitucionalmente al organismo contralor y al cual las contiendas del pasado han dado tutela.

La pretensión de Contraloría recuerda el famoso caso de la Municipalidad de Zapallar. En ese asunto la Corte Suprema —en una sentencia redactada por el entonces ministro Pedro Pierry— le recordó a la Contraloría que su jurisprudencia administrativa —la que deriva de su dictaminación— debía inclinarse frente a la jurisprudencia judicial cuando la decisión de los jueces correspondiera a una interpretación distinta a la del órgano contralor. La contienda de competencias presentada pareciera precisamente desafiar el criterio sostenido por la Corte en su oportunidad.

Como se ve, han pasado pocos meses para que las tres instituciones más importantes asociadas a las decisiones jurisprudenciales en Derecho Administrativo se encuentren enfrentadas y con resultados impredecibles, por ahora, para el sistema institucional. De modo que, así como en el “Club de la Pelea” habrá que esperar “que las astillas caigan donde puedan”, luego de los resultados de estas acciones.

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