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Tribunales Ambientales

"... Tras la entrada en operaciones de todo el régimen institucional en materia ambiental, seremos testigos no sólo de maneras distintas de ejercer la práctica profesional en estas materias, sino que enfrentaremos interesantes dilemas de derecho público regulatorio...".

Viernes, 20 de enero de 2012 a las 9:19
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Luis Cordero
El día de ayer el Congreso despachó finalmente el proyecto de Tribunales Ambientales , quedando sólo pendiente el control preventivo del Tribunal Constitucional, así como la promulgación y publicación de la ley, cuestiones que sucederán con certeza en marzo y abril del presente año.

Como se sabe, el origen de este proyecto es el protocolo de acuerdo que en octubre de 2009 permitió la aprobación del proyecto que reformaba la institucionalidad ambiental y creo el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (Ley N° 20.417).

En efecto, en la discusión de la precitada reforma algunos sostuvieron que la Superintendencia disponía de poderes de fiscalización y sanción exorbitantes, de manera que resultaba esencial crear un órgano de control de sus decisiones. Por otro lado existía en muchos sectores la sensación de que las Cortes no estaban resolviendo adecuadamente los casos ambientales, porque desconocían el Derecho Ambiental o bien porque no estaban preparados para resolver asuntos técnicos, cuestión que fue especialmente amplificada para el sector privado tras la resolución del caso Campiche por la Corte Suprema, que dio inicio a la denominada etapa del “enverdecimiento de la Corte”.

En ese contexto a fines de Octubre de 2009 se envío el proyecto de Tribunal Ambiental bajo un modelo de órgano jurisdiccional especializado, de integración mixta, con jueces expertos ajenos a la carrera judicial y con un sistema de competencias mayoritariamente contenciosas administrativas, es decir, la posibilidad de impugnar los decretos del Presidente en materia de regulación ambiental (normas, planes y zonas), la resolución de calificación ambiental, los actos sectoriales asociados a instrumentos de gestión ambiental, las decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente y las acciones por daño ambiental.

Durante la tramitación legislativa cuatro fueron las principales áreas de discusión. La primera y quizá la más citada, fue la oposición de la Corte Suprema a la creación de un tribunal de estas características, pues lesionaba la estructura unitaria del Poder Judicial. Tal como lo comenté en su oportunidad, esa crítica era sobre Gobierno Judicial frente a la gran cantidad de soluciones jurisdiccionales especializadas que ha aprobado el Congreso y no una oposición a la creación de un tribunal especializado de estas características.

La segunda, la constituían las demandas de las ONGs por ampliar la competencia y el número de tribunales sobre la base de la demanda por acceso a justicia ambiental. El resultado fue que el Congreso aprobó tres tribunales constituidos sobre macrozonas (norte, centro y sur) y consagró una competencia general para resolver las reclamaciones de los procesos de invalidación de los actos administrativos de carácter ambiental, la que constituirá sin duda la norma de apertura para llegar en un número significativo de casos al tribunal, agotando la vía administrativa previa.

La tercera corresponde al sistema de nominación de los jueces, en que existieron discrepancias abiertas entre el Senado y la Cámara que finalmente se resolvieron en la Comisión Mixta. Todos los ministros del tribunal y sus suplentes serán reclutados por el sistema de Alta Dirección Pública, para que luego la Corte Suprema proponga una quina al Presidente de la República, que a su vez elegirá los nombre que deberá aprobar el Senado. En mi opinión, este es el principal riesgo de la implementación de la ley. Dado que las exigencias ya son estrictas para poder postular (especialistas con diez años de experiencia profesional), las reglas complejas de procedimiento de nombramiento constituyen un riesgo para el fracaso de procedimientos consecutivos y por esa vía de amplias capacidades de veto de quienes intervienen.

La última, estuvo vinculada al procedimiento. La tesis central, era disponer de un procedimiento ágil, oral y con reglas modernas de litigación. Buena parte de esas demandas se consagraron, incluyendo la figura de “amicus curiae” una institución destinada a promover la participación de terceros en los casos que lleguen al tribunal y que desean expresar su opinión en beneficio del interés público.

Más allá de los aspectos técnicos, la noticia de la aprobación del Tribunal Ambiental permite, además, que la reforma a la institucionalidad ambiental aprobada por el Congreso en noviembre de 2009 termine de implementarse completamente. No se debe olvidar, que sólo el día que comience a operar el tribunal (seis meses desde la publicación de la ley), podrá iniciar los procedimientos de fiscalización y sanción la Superintendencia del Medio Ambiente, en mi opinión el verdadero motor y revolución de la reforma a la institucionalidad ambiental.

No cabe duda que tras la entrada en operaciones de todo el régimen institucional en materia ambiental, seremos testigos no sólo de maneras distintas de ejercer la práctica profesional en estas materias, sino que enfrentaremos interesantes dilemas de derecho público regulatorio como la discrecionalidad técnica y su control por parte de los jueces, así como discusiones de legitimación activa en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, la estabilidad de los actos administrativos resueltas las reclamaciones, la compatibilidad de las acciones con el recurso de protección ambiental y otros que con certeza, implicarán enfrentar posiciones públicas.

Por ahora sólo esperemos que el primer nombramiento de los jueces del tribunal sea sensato y razonable. Eso lo comenzaremos a saber desde abril del presente año.

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