En Australia las pensiones obligatorias contributivas se financian por capitalización y pasan los riesgos financieros a los afiliados (contribución definida). Al igual que Suecia, Australia sacó la función redistributiva fuera de las pensiones contributivas y la radicó en los subsidios (una pensión básica que sólo retira en el percentil 80) y en los tributos.

El gobierno de Australia (centroderecha) autorizó retiros tempranos de hasta AUD 10.000 ($3,2 millones a paridad de poder de compra) en abril. Para retirar, exigió una de las siguientes condiciones: (a) haber sufrido una reducción de ingreso o de horas de 20% o más, (b) trabajar por cuenta propia y sufrir una reducción en ventas (formales) superior a 20% o (c) estar desempleado. El primer ministro Morrison justificó: “Nuestras reglas siempre han permitido acceder a estos ahorros en caso de privación”. El fundamento es evidente: cuando sobrevienen contingencias graves, reservar ahorro sólo para una vejez larga que se iniciará a los 65 años es un error.

¿Por qué no dio en vez subsidios fiscales directos, como propusieron en julio el gobierno chileno y economistas de centroizquierda? Las ventajas serían proteger la pensión contributiva y limitar el gasto fiscal futuro en subsidios a los mayores desvalidos. El gobierno de Morrison rechazó eso y usó ambos instrumentos: creó un subsidio de AUD 550 por quincena durante 6 meses, sin focalizar. Eligió actuar como asegurador de última instancia para la clase media.

En Australia la tasa de informalidad es 12% del empleo. Los informales de hoy tienen ahorros para pensión de vejez porque cotizaron hace 5, 10 o 15 años en algún empleo formal previo. En teoría, no podían retirar porque no podían acreditar las condiciones citadas. En los hechos la Oficina de Impuestos no fiscalizó, como admitió el Subdirector Hirschhorn el 30 de julio. Dijo “Trabajamos bajo el supuesto de que los australianos son honestos”, lo que provocó críticas, burlas y contraejemplos.

Chile autorizó retirar entre 0 y $4,3 millones en agosto. El gobierno chileno ofreció a fines de julio un plan sustituto: ayuda fiscal a la clase media, distinguiendo entre quienes sufrieron daños en su ingreso y los demás. Acceder depende de acreditar una diferencia entre (i) un promedio de ingresos mensuales percibidos en el año 2019 y (ii) los ingresos del mes anterior a la solicitud. Sin embargo, los informales no pueden acreditarla. Y en Chile la informalidad es 30% del empleo. Como muchos de los actuales informales cotizaron alguna vez en el pasado, permitir retiros a todos sí permite apoyarlos. Esto convenció a muchos parlamentarios de permitir retiros a todos (lo que, además, es más transparente que el método Hirschhorn).

Había una salida mejor: crear una obligación de reintegro del retiro, por medio de descuentos por planilla, como los de las Cajas de Compensación. Sus créditos de consumo - a tasas de interés entre 20 y 30% real - tienen una tasa de impago inferior a 1% en tiempos normales porque la ley las dota de una red de cobranza que llega a todos los empleos formales. Abriendo esa red a los Fondos de Pensiones, el grueso de los informales pagaría cuando pasaran por empleos formales dentro de 5, 10 o 15 años. Los reintegros revertirían el daño a la pensión. 

Se criticó al reintegro que “aumentaría el endeudamiento”. Falso; lo impiden los topes legales a los descuentos de sueldo para servir deudas. Como este reintegro sería una deuda prioritaria, sólo disminuiría el servicio de otras deudas. La crítica de que sería legalmente inviable crear una obligación de reintegro (Bettina Horst) es falsa. El proyecto del gobierno de apoyo a la clase media establece esa misma obligación de devolución, demostrando que sí se puede.

En resumen, el debate en el Congreso chileno usó a los informales como excusa. ¿Para qué? para lograr objetivos que interesan más a la élite política. Para la izquierda dura, avasallar a la centroizquierda moderada. Para algunos en la centroderecha, romper la coalición de gobierno.