La economía chilena se encontraba en trayectoria de recuperación hacia el tercer trimestre, después de la marcada desaceleración en la primera mitad del año. La economía reportó un crecimiento anual de 3,3% en el tercer trimestre, después del 1,9% en el trimestre previo y del 2,6% en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la irrupción de violentas protestas sociales al comenzar el último trimestre del año ha impuesto un costo a la actividad económica y ha afectado las perspectivas económicas al menos para el futuro cercano.

Al inicio de la segunda quincena del mes de octubre, el país se vio envuelto en el estallido de virulentas protestas sociales que no solo han afectado a la economía sino también han sacudido al gobierno. La violencia mostrada por algunos grupos de protestantes ocasionó la destrucción de tiendas y almacenes, paralizó los medios de transporte público, interrumpió las actividades laborales en muchos centros de trabajo, y afectó los canales de distribución de bienes y servicios en las principales ciudades, especialmente en la capital Santiago.

 

Las protestas tuvieron como detonador el continuo incremento de precios y tarifas del transporte y la energía, aunado a la falta de ajustes en salarios y pensiones. Sin embargo, la raíz del problema está en la acumulación de tensiones sociales en las últimas décadas derivadas de la falta de políticas públicas que distribuyan los beneficios del crecimiento al grueso de la población, sobre todo en los grupos sociales más vulnerables. 

La persistencia de las protestas, incluso más allá del momento en que el gobierno fue forzado a dar marcha atrás a los incrementos de precios, ha elevado el riesgo de un conflicto social más prolongado y con efectos extendidos sobre la economía. La actividad económica ha sufrido un daño, y para octubre se espera un reporte un crecimiento cercano a cero con respecto al mes anterior. La inflación anual ya repuntó a 2,5% en el mes desde el 2,1% en septiembre y se espera que continúe aumentando incluso hasta acercarse a 3% en noviembre. La infraestructura física también ha sido dañada, sobre todo en el sector comercio, lo cual tendrá un efecto sobre la capacidad productiva del país al menos en el corto plazo. El programa fiscal puesto en marcha para la reconstrucción podría restaurar la pérdida de inversión física más hacia el mediano plazo.

Por el lado estructural, el país continúa requiriendo acelerar la acumulación de capital físico y humano para poder sostener un crecimiento más alto y mejor balanceado. De otra manera, la recuperación estará limitada, ya que el coeficiente inversión a producto aún se mantiene por abajo de sus niveles históricos. El país necesita de mayores cambios estructurales tanto en lo económico como en lo político y lo social. En este marco es donde toma relevancia la propuesta gubernamental de iniciar la discusión de modificaciones a la carta magna, en donde se pueda legislar acerca de los mecanismos para acomodar y dar solución a la acumulación de antiguas presiones sociales.

En este rubro de modernización de los mandatos constitucionales debe tomar relevancia el uso de la política económica para verdaderamente promover el bienestar social. Aquí es donde Chile debe evaluar la conveniencia de elevar a mandato constitucional tanto el objetivo de crecimiento económico como el de estabilidad de precios. En materia monetaria, Chile ya ha logrado una baja inflación y reducido la variabilidad de precios: dos condiciones esenciales para adoptar un mandato monetario dual donde la inflación tiene la misma atención que el crecimiento económico. Una vez lograda la estabilidad de precios, el mandato dual se convierte en un instrumento poderoso y efectivo para mejorar el bienestar social, ya que dicho mandato se enfoca a lograr la maximización del crecimiento con un mínimo de inflación.

Sin embargo, para que el mandato monetario dual no atente ni se convierta en un riesgo para la autonomía monetaria e independencia del banco central, la disciplina fiscal estructural también debe convertirse en un mandato constitucional. De esta manera, tanto la política fiscal como la monetaria estarían sincronizadas para lograr aquella tasa de crecimiento que sea consistente con una baja inflación y que en conjunto logren maximizar el bienestar de la sociedad. 

Bajo las condiciones actuales, la economía chilena se encamina hacia un crecimiento de no más de 2% en el 2019, y cuando mucho de 2,5% para el 2020. Desafortunadamente, todo dependerá de la duración del malestar social, del grado de efectividad que tengan las protestas para afectar a la economía, y de la efectiva y oportuna respuesta del aparato político para dar soluciones permanentes.