En el marco de su participación en la sesión inaugural del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2021), el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, lanzó una propuesta que captó la atención del mundo político y técnico.

El empresario planteó que llegó el “momento de discutir un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que sea progresivo y sustituya otras ayudas del Estado que no siempre llegan a las personas y (no) logran la debida efectividad”. Añadió que “las personas quieren un piso desde el cual puedan desplegarse, aunque eso implique una mayor responsabilidad”.

Propone que el IMG sea responsable en términos fiscales y financiable con ingresos corrientes. De ahí que su avance debe ser gradual en el tiempo y el concepto de “sustitución” implica una mayor eficiencia en el gasto público.

También señala el documento que se podría considerar un IMG focalizado en ciertos grupos vulnerables, como personas que cuidan a seres queridos con necesidades especiales, que normalmente están fuera de la fuerza de trabajo y tienden a ser mujeres —a los que la sociedad podría retribuirles su esfuerzo con un ingreso mínimo garantizado—, y trabajadores formales.

Según la CPC, el suplemento producto del IMG debe ser mayor mientras menor sea el ingreso del individuo (u hogar). No obstante, debe también fijar un umbral sobre el cual el suplemento sea nulo, con el fin de cuidar las arcas fiscales.

Hoy ya opera un instrumento similar vía un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Es un aporte para aquellos trabajadores dependientes y formales que tengan una remuneración bruta mensual de entre $301.000 y $384.363. Dicho subsidio será el 71% de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y $301.000. Con el sueldo mínimo actual ($326.500 hasta marzo de 2021), el subsidio máximo es de $41.000.

Dicho subsidio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

También opera el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que inicialmente implicaba un pago de $65.000 por persona por tres meses (cobertura de 4,5 millones de personas). A partir de agosto el IFE se amplió a $100.000 por persona por dos meses (cobertura de 5,6 millones de personas). A partir de octubre se redujo a $55.000 por persona por mes.

A principios de enero se reformuló el programa según la fase en la que se encuentra la comuna, siempre para el 60% más vulnerable de la población.

¿APORTE DE EMPLEADORES?

Desde el Gobierno no quedaron indiferentes frente a la propuesta del timonel de la CPC. La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, si bien valoró dar la discusión, pidió al sector empresarial más aportes. “Valoramos enormemente que los empresarios entiendan que hay que empezar a dar este tipo de discusión para disminuir las brechas de desigualdad (…). Para esto tenemos que avanzar desde el Estado con un mejor gasto social, en mayor evaluación de los programas sociales para avanzar en mayores transferencias monetarias que disminuyan la desigualdad, sobre todo de las familias más vulnerables. Pero los empresarios también pueden y deben hacer más”, enfatizó.

A nivel técnico, la subdirectora de la LyD, Bettina Horst, valoró avanzar hacia un IMG: “Hay que reevaluar muchos programas sociales, que hoy pueden atentar contra una mayor formalización del trabajo. Por lo cual resulta interesante la idea de revisar esos programas sociales y reenfocarlos hacia un programa como el Ingreso Mínimo Garantizado, pudiendo ampliarlo hacia más sectores de la población, o revisar los beneficios que ahí se entregan”.

Cecilia Cifuentes, economista y académica de la Universidad de los Andes, cree que “parece más efectivo y eficiente el bono directo, que una serie de programas ineficientes, pero eso es muy costoso en términos fiscales, lo que significa mayor carga tributaria, afectando el crecimiento, y por otro lado, desincentiva el esfuerzo personal, lo que también daña el crecimiento”.