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Santiago de Chile. Dom 29/01/2023

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Las dudas que abre el Censo Agropecuario

Con encuestas tomadas entre marzo y junio del año pasado, los resultados revelan una alta tasa de unidades productivas que no pudieron ser censadas, que supera el 20% en las principales regiones agrícolas del país, y una importante disminución de casi todos los usos de suelo que conforman el sector, por lo que podría haber sesgos a raíz de la cobertura alcanzada.

Martes, 29 de noviembre de 2022 a las 8:30
Crédito: El Mercurio
Qué es el “no logro”
El llamado porcentaje de “no logro”, en el caso de este censo, está definido como la superficie que no pudo ser encuestada luego de tres visitas de los censistas –porque no lograron encontrar un informante o no los quisieron recibir– y que, por lo tanto, no se puede caracterizar.

Si bien en otros países no se publica el porcentaje de no logro alcanzado en los censos agrícolas, diferentes especialistas coinciden en que un nivel aceptable sería como máximo de 5%, y la directora de Odepa afirma que en esta oportunidad se publicaron porque esta institución los solicitó al INE luego de revisar las cifras preliminares publicadas en enero.

“Esas cifras mostraban una importante disminución en los usos de suelo de la mayor parte de los cultivos y existencias de ganado, que no se condecía en todos los casos con los niveles de producción”, explica Andrea García, y añade que esos indicadores de calidad fueron solicitados por Odepa al INE en marzo y les fueron entregados en septiembre.

Paloma Díaz Abasolo

Le tomó cinco años más de lo usual concretarse, utilizó metodología y tecnologías nuevas y, sin embargo, los resultados han generado dudas sobre si midió correctamente todo lo que había que medir. El Censo Nacional Agropecuario y Forestal normalmente se realiza cada diez años en Chile y es la principal herramienta que tiene el sector para conocer la realidad productiva del país en esta área, así como para usar sus resultados como base o marco muestral en una serie de encuestas anuales y diseñar las políticas públicas del rubro, por lo que es considerado como la mayor fuente de información del agro.

Sin embargo, desde hace 15 años que el sector no contaba con datos actualizados. La última medición disponible era de 2007, ya que el que correspondía en 2017 se postergó a raíz de los problemas que presentó el censo de población de 2012 –que obligó a realizar un nuevo censo abreviado en 2017, por lo que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no podía hacer al mismo tiempo el agrícola– y luego la pandemia llevó a suspenderlo en otras dos oportunidades, en marzo y agosto de 2020.

Ante la necesidad de contar con información actualizada, en marzo de 2021 finalmente se realizó el levantamiento de datos para el Censo Agropecuario y Forestal 2021, financiado por Odepa, del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto en torno a $18 mil millones, y ejecutado por el INE, dependiente del Ministerio de Economía. La medición, que partió cuando varias comunas del país seguían en cuarentena debido a la aparición de la variante ómicron del covid.

Producto de la situación generada por el Covid, en este censo se usó metodología distinta a la del censo de población humana, como el uso, por primera vez, de encuestas online y en terreno, y el plazo para realizar la medición no fue de un día, sino que se extendió por tres meses, entre marzo y junio del año pasado, dando así la posibilidad de visitar a los encuestados más de una vez si no se lograban ubicar.

Sin embargo, los resultados finales publicados el 28 de octubre generan dudas entre especialistas y el propio Minagri, debido a que 5,2 millones de hectáreas no lograron ser censadas, lo que equivale al 8,7% del total nacional.

Además, entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, que concentran el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) silvoagropecuario de Chile, esa tasa de “no logro” es mucho más alta, llegando a niveles de 28%, como ocurre con Ñuble y Biobío (ver infografía), y a niveles superiores al 50% en comunas como Chanco, en la Región del Maule, lo que encendió las alertas.

“Los niveles de no logro discutidos plantean la inquietud respecto de si la cobertura alcanzada es adecuada para caracterizar al sector y, por tanto, para construir marcos muestrales”, señala el único informe que ha publicado hasta ahora Odepa para analizar los resultados finales del censo.

Según el INE, de la superficie que se logró censar, el 73,3% se encuestó en forma online, lo que corresponde a casi 35,7 millones de hectáreas, y el 26,7% restante, unas 12,9 millones de hectáreas, se hizo en terreno.

“La modalidad online tuvo un 99% de cobertura, por lo que prácticamente todos respondieron. Ahí tenemos súper clara la película”, afirma la directora nacional del INE, Sandra Quijada.

De todas formas, las dudas movilizan por estos días a la academia, gremios y al Minagri, que llama a un comité de expertos para analizar los datos y ver si son confiables.

Diferencias importantes

Los llamativos cambios que muestran los resultados finales del censo no solo se refieren al alto nivel de no logro en las principales regiones agrícolas.

Las cifras dan cuenta de una transformación profunda del sector en los últimos 15 años, donde disminuyen casi todos los usos de suelo y solo aumentan los frutales y terrenos productivos no trabajados, con una contracción de 22% en la superficie silvoagropecuaria total del país, que pasa de 31,6 millones de hectáreas en 2007 a 24,8 millones de hectáreas en 2021.

De acuerdo con eso, el análisis de Odepa señala que –aunque técnicamente no son comparables– si el Censo Agropecuario se contrasta con los registros administrativos del Ministerio de Agricultura, las diferencias que aparecen son importantes.

Por ejemplo, en el caso de los viñedos de la Región del Maule, detalla que el Censo Agropecuario 2021revela una baja de 22% en la superficie respecto de 2007 lo que, si se compara con el catastro anual de viñedos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de 2020, en la región tendría que haberse producido una caída de 33% en las hectáreas de viñas solo entre 2020 y 2021.

En la superficie de bosque nativo y de plantaciones forestales también hay diferencias relevantes en relación con los datos de la Conaf y el Instituto Forestal (Infor). En el primer caso, el censo indica que habría 5,1 millones de hectáreas menos que lo catastrado por la Conaf, y en el segundo, muestra que existirían 253 mil hectáreas de diferencia, de acuerdo con Odepa.

Por otro lado, un grupo de académicos del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica también ha advertido de las sorpresas que se han llevado con los resultados finales del censo, llamando a no utilizarlo para el diseño de políticas públicas del sector hasta no contar con más información sobre su cobertura y solicitando públicamente que se realice una auditoría externa e independiente para determinar cuál es la magnitud de la falta de cobertura del censo y los sesgos que podría causar en las estadísticas ya publicadas.

“Estos guarismos de ‘no logro’ nos merecen dudas cuando observamos casos extremos, como la Región del Maule. En esta región, según la información entregada, entre los censos de 2007 y 2021 la superficie silvoagropecuaria habría caído en más de 47%. Si tomamos como cierta la superficie no lograda reportada por el INE, de 27%, esto significaría que la superficie silvoagropecuaria habría caído 20%. Una caída de tal magnitud que aún con esa corrección resulta difícil de creer”, advierte una carta firmada por el director del Departamento de Economía Agraria de la UC, Guillermo Donoso, y los académicos Gustavo Anríquez, Oscar Melo y Alejandra Engler, quien además preside la Asociación de Economistas Agrarios de Chile.

Revisión de expertos

Ante las dudas, la conclusión de los economistas y las autoridades es unánime y apunta a la necesidad de revisar los datos del Censo Agropecuario para saber cómo interpretarlos y si son válidos y confiables.

“Si acá se buscaba hacer una representación total, que es la idea de un censo, no se logró, y hay que partir haciendo un análisis para ver hasta qué punto la información recolectada es útil, ya que tampoco es una muestra aleatoria representativa de una población… Esto es muy grave, porque hay resultados raros, muy inesperados tanto en el sur como en el norte, donde no sabemos qué tan malos están y, como no sabemos cuál fue realmente el problema y qué tan acotado está, se pone un manto de dudas sobre todos los números que están ahí”, plantea Oscar Melo.

Las directoras de Odepa y el INE afirman que las instituciones están de acuerdo para formar un comité de expertos para analizar los datos, el cual todavía no se ha convocado, pero que debería contar con algún representante de la FAO –desde donde se toma la base teórica para elaborar el censo–, junto a especialistas nacionales e internacionales.

“Estamos en conversaciones y resolviendo los temas de recursos, logística, disponibilidad de las personas y los temas contractuales, pero esperamos que sea lo antes posible y tener resultados en el primer semestre de 2023”, señala la directora de Odepa, Andrea García.

En relación con los plazos, el ex ministro de Agricultura, Carlos Furche, recalca que se le debe dar un sentido de urgencia a la revisión de las cifras, debido al impacto que tiene para el sector no contar con datos actualizados y confiables.

“Es muy importante que se trate de un panel de especialistas independientes del INE y de las entidades que estuvieron involucradas en la formación y realización del censo, y me parece esencial que sea urgente, porque el peor escenario es tener un censo en el que se arrastra la duda y los cuestionamientos. Hay que proceder rápido y con solvencia técnica porque si hay comunas con 50% de no logro, los datos no son representativos. No hay necesidad de ser especialista para darse cuenta de eso”, dice.

El economista agrario y ex director de Odepa Gustavo Rojas recalca que el panel de expertos también tiene que definir si los datos del censo son mejorables y cree que –en forma prematura– una buena opción sería dotar de recursos adicionales al INE para que se pueda salir a completar las encuestas que faltaron.

“No me gusta la propuesta de que estos datos se complementen con información de distintas fuentes, como se ha planteado, como usar datos que tiene el SAG u otras instituciones, porque en ese caso dejaría de ser un censo”, dice, y añade que pondría a los ingenieros agrónomos de Odepa a supervisar el proceso.

Postergación

Al analizar las condiciones en las que se realizaron las encuestas para el Censo Agropecuario, una de las dificultades más evidentes es la pandemia, ya que coincidió con cuarentenas en diferentes comunas del país, lo que podría haber incidido en un mayor rechazo de las personas para recibir a los encuestadores o para encontrarlos en las tres oportunidades que se debían visitar, aunque solo el 26,7% del levantamiento de los datos se hizo en terreno, mientras que más del 70% fue online.

Por eso, algunos cuestionamientos apuntan a si hubiese sido posible postergar una vez más el censo en vez de haber iniciado las encuestas en marzo de 2021. “En marzo de 2021, después de haberlo suspendido dos veces, ya no teníamos más posibilidades de seguir corriendo el Censo Agropecuario, porque se acercaba el censo de población y esos dos grandes instrumentos no se pueden levantar juntos, porque es muy riesgoso”, asegura la directora nacional del INE, Sandra Quijada.

Por su parte, la ex ministra de Agricultura y ex directora de Odepa, María Emilia Undurraga, resalta que la medición se venía preparando desde 2018 y que, pese a las postergaciones, se tomaron las medidas para llevarlo a cabo de la mejor manera a comienzos del año pasado.

“Siempre es posible postergar las decisiones, pero las decisiones técnicas dependen del INE y por eso es importante entender y fortalecer esa entidad y no caer en el cuestionamiento de la información”, dice.

Otra duda que plantean los economistas agrarios apunta al por qué se decidió publicar los datos finales del censo sin tener claro qué representan los altos niveles de no logro en cada región y sin complementar las cifras con un documento que ayude a interpretar los datos, algo que recién estaría elaborando el INE para ser publicado en los próximos días.

“Creo que no deberían haber publicado los datos finales porque hay problemas graves y se debería haber hecho un estudio independiente para ver qué se puede hacer con estos números, si se pueden corregir o hay que hacerlo de nuevo. Faltó un control de calidad y da una desconfianza muy grande que se libere un informe de este tipo. El llamado de atención es a que haya una revisión”, propone Oscar Melo.

La directora del INE asegura que el documento que están preparando explicaría buena parte de las tasas de “no logro”, incorporando información complementaria que también detallaría cómo comparar los resultados con los censos anteriores, debido a cambios metodológicos en la forma de medir los terrenos, que antes eran considerados como explotaciones agropecuarias y ahora se denominan unidades productivas, en las que un mismo dueño puede responder por todos sus predios, aún estando en regiones distintas.

“Hay que dejar muy claro que se cumplió con todo el protocolo de levantamientos. Se hicieron las tres visitas en horarios distintos, en días distintos e incluso en meses distintos para ver la posibilidad de encontrar a quienes no habíamos encuestado, pero en muchos casos eso no fue posible”, dice Sandra Quijada.


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