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Santiago de Chile. Mié 08/12/2021

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El Mercurio - Campo

El trasfondo de la lucha por el agua en el Aconcagua

Con un déficit de 74% en las lluvias este año y un caudal que lleva menos de la mitad del volumen normal, los conflictos entre los regantes de las distintas secciones y frente a la empresa Esval han aumentado, lo que llevó a la DGA a intervenir la cuenca para asegurar el consumo humano.Mientras la sequía se agudiza y ya suma casi 13 años en la V Región, afectando a más de 13 mil agricultores, siguen pendientes medir las aguas subterráneas, construir embalses, buscar nuevas fuentes y mejorar la gestión del recurso.

Miércoles, 27 de octubre de 2021 a las 8:30
- A septiembre de este año, el caudal del río Aconcagua llevaba un nivel 54% menor a un año normal, y para el resto de la temporada de riego se estima un déficit similar, según proyecta la DGA.
Crédito: DGA
Revista del Campo

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Paloma Díaz

El lunes 4 de octubre, la sorpresiva resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) para intervenir la cuenca del río Aconcagua, ordenando el cierre total de las compuertas de todas sus secciones en forma indefinida para permitir el llenado del embalse Los Aromos -a través del cual la empresa sanitaria Esval almacena agua para abastecer con agua potable a varias comunas de la V Región, entre ellas Valparaíso y Viña del Mar-, generó un fuerte revuelo y movilizaciones entre los regantes de la zona, quienes sentían que la medida amenazaba con secar el valle.

La decisión evidenció también el trasfondo de la delicada situación que han enfrentado los usuarios de la cuenca en la última década, donde a pesar de que la disponibilidad de agua y las precipitaciones vienen disminuyendo en forma significativa -este año las lluvias han sido 74% menores que lo normal-, las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes y en muchos casos no consideran a todos los usuarios.

La resolución de la DGA, que forma parte de las facultades que tiene el organismo cuando se declaran decretos de escasez hídrica, como ocurre en la V Región, apuntaba a asegurar la disponibilidad del recurso para el consumo humano. Sin embargo, la junta de vigilancia de la primera sección del río afirmó que era una determinación apresurada y carente de diálogo con los regantes, y que implicaba una sentencia de muerte para la agricultura del Aconcagua, lo que fue apoyado por gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Fedefruta.

A ello se sumaron manifestaciones y cortes en la carretera por parte de agricultores y una acalorada reunión entre las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el intendente de la Región de Valparaíso, gobernadores y alcaldes de la zona, lo que derivó en una nueva resolución cuatro días más tarde.

"En lugar de fijar la meta de llenado del embalse Los Aromos para el 1 de noviembre, lo extendimos para el 20 de noviembre, con lo cual se pudo relajar un poco la exigencia de los caudales que deben aportar la primera y segunda sección del río, pero manteniendo el cierre total de la tercera sección, lo que se va a ir revisando semanalmente", afirma el director de la DGA, Óscar Cristi.

La nueva instrucción ha permitido destinar una parte de las aguas para riego, aunque sigue restringiendo fuertemente la disponibilidad de agua para la agricultura. Eso ha revivido las tensiones entre los usuarios de las tres secciones que conforman el río, en cuanto a quiénes se ven más favorecidos o perjudicados con la medida, y generó un quiebre en la Mesa del Aconcagua que conformaron los diferentes usuarios del río y la DGA hace tres años, después de la primera intervención de la cuenca.

El acuerdo roto

Las juntas de vigilancia se encargan de administrar y distribuir las aguas a los distintos usuarios que tienen derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en una cuenca, y en el caso del Aconcagua están divididas en cuatro secciones de cordillera a mar (ver infografía).

Pinche la imagen para ver la infografía en alta resolución.
Fuente: Revista del Campo, en base a información de la Dirección General de Aguas y datos aportados por las juntas de vigilancia del río Aconcagua.

En los últimos años, producto de la sequía y para priorizar el consumo humano y evitar las intervenciones del Estado, las organizaciones habían llegado a acuerdos con la empresa Esval y el Ministerio de Obras Públicas para redistribuir las aguas, cerrando las compuertas del río durante 36 horas a la semana, entre junio y octubre -cuando hay menos demanda para riego- para destinarla al embalse Los Aromos.

Este año, al ver que el embalse no se lograría llenar dentro del plazo porque no había suficiente agua, las juntas de vigilancia de la primera y segunda sección acordaron con Esval extender la fecha límite al 1 de noviembre, a lo que se opusieron los usuarios de la tercera sección del río. Eso derivó en una primera intervención de la DGA para obligarlos a cerrar parcialmente las compuertas.

"Luego, el fin de semana del 1 de octubre, vimos que seguíamos muy lejos de la meta y prácticamente no llegó agua a la desembocadura del río, desde donde se abastece la nueva tubería reversible de Esval que lleva el agua hasta Los Aromos... Revisamos cómo se habían comportado los caudales al entrar al río en el último mes y mostraban una tendencia al alza por los deshielos, pero el agua que estaban recibiendo al final iba a la baja, por lo que no llegaba a donde tenía que ir para asegurar el consumo humano. Eso nos llevó a intervenir las tres secciones", detalla Óscar Cristi.

Con las nuevas medidas, durante la primera quincena de octubre se reinició la recarga del embalse Los Aromos, sumando 431 mil metros cúbicos adicionales, con lo que al cierre de esta edición llegaba a un total de 17,5 millones de metros cúbicos embalsados, lo que ha permitido también una apertura de las compuertas para los regantes de la tercera sección durante 20 horas a la semana, con un caudal de extracción controlado.

"Llevamos siete semanas intervenidos, donde solo podíamos regar durante 36 horas con 1.700 litros por segundo, que es la nada misma, y en este momento se pueden regar 0,8 litros por segundo durante un día y medio, lo que alcanza para menos de dos mil hectáreas. Estamos en una situación crítica", asegura Santiago Matta, gerente de la junta de vigilancia de la tercera sección.

Dejar de producir alimentos

Edgardo Alarcón es uno de los 13.200 usuarios agricultores de la cuenca del río Aconcagua que se han visto afectados por la sequía.

Desde hace décadas producía cítricos, uva de mesa, kiwis y hortalizas en Limache, en un campo familiar de 65 hectáreas que riega a través del canal Waddington, que hasta el año pasado se utilizaba también para llenar Los Aromos.

Debido a la escasez de agua, tuvo que eliminar las uvas, kiwis y verduras, y quedarse solo con 30 hectáreas de naranjos, a pesar de que junto a otros 24 pequeños y medianos productores de la zona comparte un tranque intrapredial para acumular agua en el invierno, ha entubado sus canales e instalado compuertas automáticas para hacer un uso más eficiente del recurso.

"Antes llenábamos el tranque y nos duraba hasta diciembre, y con los deshielos lo volvíamos a llenar, pero ya no podemos hacerlo. Ya no tenemos ni siquiera el agua del invierno, por los acuerdos para llenar Los Aromos... Creo que no es posible que todos los años Esval suba el volumen de agua que necesita en el embalse a costa de los agricultores de la tercera sección y que es inmoral que los agricultores sigan plantando los cerros cuando es evidente que no hay agua", plantea.

También cuenta que algunos de sus vecinos han abandonado la agricultura y que otros están regando con camiones aljibe los cultivos más rentables, que permiten pagar esa agua, que proviene de pozos.

"Todo ha sido muy doloroso. Los pequeños y medianos agricultores no vivimos grandes vidas y no queremos abandonar esta actividad para luego ver los campos llenos de casas de veraneo. El Estado tiene que construir embalses, diseñar una carretera hídrica o pensar en nuevas soluciones, porque es mucha la impotencia de ver que aun cuando hemos hecho todas las inversiones que están a nuestro alcance, seguimos sin agua", dice Edgardo Alarcón.

Consumo humano responsable

Una de las principales críticas de los regantes de la cuenca es el fuerte aumento en el volumen de agua que necesita Esval esta temporada, que sería casi el doble que en años anteriores, pasando de 10 a 13 millones, a 22,8 millones de metros cúbicos, validados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

"La mayor demanda de Esval estresó más de la cuenta a la cuenca. Un fallo de la Corte Suprema determinó que el consumo humano es de 100 litros diarios por persona, pero el volumen que ellos calculan supera con creces ese nivel. A la fecha llevamos más de 17 millones de metros cúbicos en Los Aromos, que es mucho más que otros años", dice Santiago Matta, y añade que todos los días recibe llamados de agricultores que han perdido sus inversiones en semillas y plantines de hortalizas, y que están podando a tocón sus huertos de frutales al no tener con qué regar.

Desde Esval indican que durante el año pasado el consumo diario de agua por habitante entre sus clientes de la Región de Valparaíso -que incluye a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, Concón, Puchuncaví, Quintero, Zapallar y La Ligua- fue de 161,8 litros, mientras que el consumo promedio por cliente llegó a 13,7 metros cúbicos al mes, 5% menos que en 2019.

"Esval tiene derechos legalmente constituidos en el río como el resto de los usuarios, cerca del 7%, pero por varias semanas no tuvimos agua, a diferencia de lo que se había previsto en la Mesa del Aconcagua y aun con los acuerdos. Hoy sí tenemos agua y se ve a simple vista la diferencia... Esperamos que esta medida permita llegar al nivel de seguridad que se requiere en Los Aromos para cubrir la demanda de consumo humano", afirma Alejandro Salas, gerente regional de Esval.

Tomando en cuenta los derechos de aprovechamiento de agua consuntivos que se han otorgado en el río Aconcagua, en torno al 8% corresponde al agua potable urbana y 1% a la rural, mientras que el 74% se destina a la agricultura. Sin embargo, la DGA no cuenta con información suficiente para saber cuál es el volumen de agua real que reciben hoy los diferentes usuarios bajo las condiciones de sequía, ya que recién se están implementando los sistemas de monitoreo de extracciones efectivas para aguas superficiales.

"La resolución nos ha dejado funcionando entre semana solamente al 12% según derecho a nuestros canales, lo que se suma a que todos los fines de semana hemos tenido que aportar a Los Aromos cerrando las compuertas por 36 horas, desde junio... Llevado a porcentaje, estamos destinando el 65% de nuestros recursos superficiales actuales, que ya son muy escasos por la sequía, para el consumo humano, aun cuando a nivel nacional el promedio del consumo humano es 8%", estima el gerente de la junta de vigilancia de la segunda sección, Ernesto Veres.

Los agricultores cuestionan que no se establezca una norma legal para definir un volumen máximo de agua para consumo humano por habitante para las zonas de escasez hídrica, para facilitar la transparencia y los acuerdos entre los diferentes usuarios, algo que en otros países sí está regulado y que no pueden definir las empresas sanitarias -que están obligadas a proveer el servicio-, sino que el Estado.

"Tiene que fijarse un límite para cumplir con el derecho humano al agua bajo un contexto de escasez, para que no se afecte a los otros usos, principalmente al ambiental. Tienen que definirse límites para todos los usos en una situación límite como esta, y el consumo humano también se debe limitar", afirma Paul Dourojeanni, líder en gobernanza hídrica de la Fundación Chile e integrante de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030.

Como dato, añade que en el río Maipo, desde donde se abastece con agua potable el Gran Santiago, comunas como Lo Barnechea consumen entre 600 y mil litros diarios por habitante, impulsado por el riego de áreas verdes, lo que supera varias veces los niveles internacionales definidos para este uso en sequía.

Pozos "libres"

En el Aconcagua se han otorgado 3.813 derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas definitivos y 80 provisionales, y solo el año pasado se declararon seis acuíferos como zonas de prohibición, donde no se entregarán más derechos.

La DGA también comenzó a exigir la incorporación de sistemas para medir las extracciones de agua de los pozos, por lo que a contar del próximo año debería tener la información del volumen real que se está utilizando, y así avanzar hacia una gestión integrada de la cuenca.

"¿Por qué toda la intervención de la DGA se basa en las aguas superficiales, sin tocar las subterráneas? A nuestro modo de ver es ilegal, porque se les asegura toda el agua en desmedro de los que usamos las superficiales, ya que a través de la infiltración les traspasamos el recurso gratis, en tiempos de mucha escasez", advierte el presidente de la junta de vigilancia de la primera sección, Javier Crasemann.

Por eso, propone restringir la operación de los pozos durante algunas horas a la semana, para que las napas estén más cargadas y que, de esa manera, el río corra más rápido, y apunta a la necesidad de gestionar la demanda de los usuarios.

"Si agregamos más agua sin hacer una gestión más intensa de la demanda se van a seguir plantando más hectáreas y haciendo más jardines. Sin un control de los pozos y de para qué es el agua potable esto es un camino sin retorno", plantea.

Otro punto pendiente es conformar comunidades de aguas subterráneas, que gestionen el recurso en forma similar a las juntas de vigilancia, lo que hoy es voluntario.

"El gran desafío para Aconcagua es, ojalá, establecer una junta de vigilancia a nivel de cuenca, para avanzar hacia una gestión integrada, a un mejor conocimiento mediante las estaciones de monitoreo, y para que las diferentes obras generen beneficios para todos los usuarios", asegura Paul Dourojeanni.

Las obras pendientes

La construcción de embalses ha sido una petición constante de los usuarios y regantes del río Aconcagua, que hasta ahora no se ha materializado, pese a que existen cuatro proyectos priorizados.

A eso se suman las propuestas presentadas el año pasado por todas las juntas de vigilancia y Esval, que firmaron un acuerdo de trabajo para generar un plan de obras y acciones para aumentar la seguridad de riego, la disponibilidad para consumo humano y el manejo integrado de la cuenca.

"Después de tres años de trabajo, como sección decidimos retirarnos de la mesa porque sentimos que ha sido un tiempo perdido... El único actor que ha incumplido todos los acuerdos es el Estado. Las soluciones parche se han transformado en permanentes y no se cumplen los proyectos ni se licitan los estudios", critica Javier Crasemann.

En ese sentido, detalla que el Ministerio de Desarrollo Social no ha actualizado los criterios de evaluación de rentabilidad para las obras hídricas al contexto de sequía, ya que se evalúan en base al aumento de la superficie de riego en cuanto a nuevas hectáreas o al ahorro del agua, y no se considera el aporte que pueden hacer a la seguridad de riego ni un posible escenario de no contar con agua para una cuenca.

"Tampoco hay una medición de las sinergias que generan los proyectos, como los que presentamos para Aconcagua. Se analizan separados y de esa manera se pierde la rentabilidad", explica Javier Crasemann.

Buscar nuevas fuentes

La DGA presentará próximamente al ministro de Obras Públicas los resultados del plan de cuencas para el Aconcagua, donde plantearán diferentes soluciones para solventar los déficits actuales, a través del modelamiento que hicieron considerando las aguas superficiales y subterráneas.

"Allí se valida la necesidad de obtener nuevas fuentes de agua y, si bien no son planes mandatarios, sería difícil que a futuro se sustenten planes diferentes de los que salen de trabajos tan detallados", dice Óscar Cristi.

Una de las alternativas que más fuerza ha cobrado es la reutilización de las aguas de Valparaíso, conocidas como aguas grises, que podrían representar un aporte de hasta 100 millones de metros cúbicos al año.

Sin embargo, no está claro el costo que tendría, el modelo de financiamiento ni si los agricultores estarían dispuestos a pagar por ella.

Otra opción es la construcción de una planta desaladora, mencionada por el Presidente Sebastián Piñera en agosto de este año como parte del Plan de Emergencia Hídrica, que aún no se ha estudiado en detalle, y donde los especialistas advierten que debe ir combinada con un sistema de tratamiento y reúso de esas aguas, y obras de conducción hasta el río.

"El gran desafío para Aconcagua es juntarse y ojalá establecer una junta de vigilancia a nivel de cuenca, para integrar las obras. Además, a nivel de país hace falta un organismo que se dedique al cuidado de las fuentes de agua en términos de acuíferos, considerando al medio ambiente y la disponibilidad de agua en toda la cuenca, que hoy existen en todos los países miembros de la OCDE", propone Paul Dourojeanni.


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