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Santiago de Chile. Vie 25/06/2021

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El Mercurio - Campo

Claves para avanzar en el uso sustentable de las aguas subterráneas

Determinar en qué zonas no se pueden otorgar más derechos, monitorear cuánta agua se extrae de los pozos, fiscalizar las instalaciones ilegales y fortalecer la formación de comunidades de usuarios son herramientas que ayudan a utilizar en forma eficiente el recurso.

Miércoles, 05 de mayo de 2021 a las 8:30
- Hay 102 sectores hidrogeológicos de aprovechamiento declarados como áreas de prohibición.
Crédito: Gentileza DGA
Los planes de gestión integrada para las cuencas

Otra de las iniciativas en las que avanza la DGA para promover un manejo integrado de las cuencas es realizar estudios o planes de cuencas, donde se están haciendo modelamientos de la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas en forma conjunta, y que durante 2019 y 2020 se hicieron para Copiapó, Huasco, Choapa, Elqui, Limarí, La Ligua, Petorca, Aconcagua y Maule.

“Esto va a dar por primera vez un estudio más cabal sobre las aguas subterráneas, integradas con las superficiales, porque la realidad de la mayor parte de Chile es que esas aguas se nutren de ríos que se infiltran o que los ríos se nutren de aguas que afloran, y nos va a permitir saber si hay una situación de sobreexplotación o no”, dice Óscar Cristi.

Especial Riego

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Paloma Díaz

Debido a la sequía de los últimos años, muchos proyectos agrícolas se han visto obligados a construir pozos para asegurar la disponibilidad de agua para riego en diferentes regiones del país, lo que ayuda a enfrentar la emergencia y que, al mismo tiempo, hace que las aguas subterráneas y su uso sustentable cobren más importancia.

Según estimaciones preliminares de empresas que construyen estas obras, se estima que solo durante el año pasado se habrían construido más de mil obras de captación de aguas subterráneas, más conocidas como pozos profundos, para usos agrícolas en el país, lo que coincide con un aumento en las solicitudes de derechos de aguas subterráneas en la Dirección General de Aguas (DGA).

“Hay una mayor demanda por estos derechos desde Punta Arenas hacia el norte, en las zonas donde aún se pueden entregar, y la causa es bien lógica, es la disminución de las precipitaciones en los caudales de los ríos”, afirma el director nacional de la DGA, Óscar Cristi.

A raíz de esa mayor demanda y de la creciente importancia de estas aguas, una de las medidas que ha tomado el organismo fue declarar formalmente áreas de prohibición y de restricción, que corresponde a zonas donde ya no se pueden otorgar más de estos derechos y donde solo se podrán otorgar derechos provisionales, respectivamente.

Si a comienzos de 2018 había solo seis acuíferos bajo prohibición en el país y 156 declarados como áreas de restricción, este año llegarán a un total de 102 acuíferos bajo prohibición y 97 en restricción, ya que varios pasaron a prohibición, de un total de 375 sectores hidrológicos de aprovechamiento común que existen a nivel nacional.

“Esto implica un cambio radical, porque al realizar el acto formal de la prohibición y restricción se genera más transparencia y se pueden exigir nuevas medidas, como la formación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas, que puedan administrar el recurso en forma local”, resalta Óscar Cristi.

Sin embargo, en este tema la situación avanza de manera lenta, pues si bien ya hay casi 200 sectores declarados bajo prohibición o restricción –lo que implicaría que debe existir ese mismo número de comunidades de aguas subterráneas– solo hay 14 organizaciones formales de este tipo, lo que representa uno de los mayores desafíos para la gestión, además de avanzar en la fiscalización de las extracciones ilegales y en monitorear que se usen correctamente los derechos ya otorgados.

Formar comunidades

A fines de los años noventa, cuando los regantes de la zona baja del río Copiapó comenzaron a quedarse sin agua, ya que las vertientes comenzaron a secarse, encendieron las alarmas y comenzaron a organizarse para gestionar el uso de las aguas subterráneas, impulsados por Indap y la DGA, la que se los exigió como requisito para otorgar derechos provisionales de aprovechamiento para enfrentar la emergencia.

Pero la partida no fue fácil y recién se conformó formalmente en 2008, siendo hoy una de las comunidades más antiguas y activas de las 14 que existen en el país.

“Llegabas a explicarles que eres el administrador de esta comunidad, que los ibas a fiscalizar y que iban a tener que pagar cuotas, y te decían que no les interesaba estar, como si esto fuera un club social… Nos tomó varios años encontrar a todos los usuarios y explicarles qué era una comunidad de aguas subterráneas”, comenta Carlos Araya, administrador de la Comunidad de aguas subterráneas de Copiapó (Casub), que hoy reúne a 222 usuarios y unos 250 pozos, de los cuales cerca de 150 ya funcionan con sistemas de telemetría, generando información en tiempo real de las extracciones que hacen.

Uno de los puntos que reconoce como claves para mantenerse activos e incentivar la participación de los usuarios ha sido tener representantes de todas las actividades económicas que se relacionan con el agua en el directorio de la comunidad, desde la minería y las empresas sanitarias hasta la gran y pequeña agricultura, con el foco puesto en la gestión integrada de la cuenca.

“Antes de tomar cualquier decisión votamos todos a mano alzada y el voto del usuario más grande vale lo mismo que el voto del usuario que tiene lo mínimo, porque nos hemos dado cuenta de que es la única manera para que esto funcione y siga adelante”, destaca.

Sin embargo, una de las trabas que ven los usuarios de aguas subterráneas para conformar estas comunidades es su lenta y engorrosa tramitación, ya que el proceso ante la DGA puede durar más de dos años. Incluso, en el mismo organismo reconocen que a lo largo del tiempo se han rechazado más de 400 solicitudes, algo que se espera modernizar y agilizar a corto plazo.

“Estamos trabajando para presentar al Presidente una propuesta de proyecto de ley para las organizaciones de usuarios de aguas, que estamos elaborando en la Mesa del Agua, donde queremos facilitar el proceso para constituirlas, que puedan tener más atribuciones y que sean los principales encargados de la gestión del agua a nivel local, entre otros puntos, y esperamos que sea ingresado dentro de este año”, dice Óscar Cristi.

Regularizar pozos

Si bien la ley señala que se deben inscribir todos los pozos en la DGA, considerando desde las norias o punteras para uso en las viviendas hasta las grandes obras de captación de aguas subterráneas, en la práctica ocurre que muchos no se registran, lo que dificulta saber realmente cuánta agua se está sacando desde un acuífero.

“El que se construyan pozos para enfrentar la sequía no es necesariamente un problema, porque es una herramienta que permite afrontarla, pero si se está sacando más agua de la que se puede recuperar y no se vuelve a un punto de equilibrio, se puede afectar la sustentabilidad del acuífero, y para evitar eso es clave tener un diagnóstico sobre cuál es la demanda real de agua que tiene una cuenca”, afirma Pablo Rengifo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (Alhsud) en Chile.

En ese sentido, plantea que una de las mayores dificultades para generar buenas políticas públicas en materia de aguas subterráneas es saber realmente qué volumen representan en cada acuífero las extracciones irregulares o ilegales, ya que asegura que en algunas cuencas llegarían a niveles de hasta 50%.

“Tenemos que buscar una forma de que esas personas que han construido pozos y no pueden acceder a derechos o no los han pedido, pero que igual usan el agua, puedan regularizar su situación y así tener una cuenta clara”, dice.

Desde la DGA detallan que están iniciando un proceso de fiscalización mediante el uso de imágenes satelitales y drones, donde se puede identificar cuánta agua consume un agricultor midiendo el vigor de las plantas y cotejarlo con los derechos de agua que tiene, para lo cual están trabajando en conjunto con las juntas de vigilancia, aunque insisten en que los mismos usuarios son los que mejor conocen quién está extrayendo agua en forma ilegal.

“Lo más exitoso es lo que hacen los mismos vecinos, ellos deberían ser los primeros en denunciar a la DGA cuando alguien está haciendo un pozo, ya que de esa manera podemos intervenir de manera mucho más eficaz que recorriendo todos los predios”, asegura Óscar Cristi.

Monitorear la extracción

Otro de los puntos clave para asegurar la sustentabilidad en el uso de las aguas subterráneas es verificar que los titulares de esos derechos estén extrayendo el volumen que les corresponde.

Para eso, hace dos años la DGA implementó el sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE) para las aguas subterráneas, en el cual los usuarios deben informar los caudales que extraen, lo que hacen en forma automática los grandes usuarios –mediante telemetría– y manualmente los usuarios más pequeños, al menos una vez al mes, y que permite tener más información para tomar decisiones.

Vea la infografía interactiva sobre MEE aquí.

Hasta el 31 de marzo, el sistema contaba con 3.730 obras registradas y desde la DGA aseguran que ya está implementado en el 86% de las zonas declaradas como áreas de prohibición y en el 64% de las de restricción.

“Con este sistema se puede conocer la situación de los acuíferos y monitorear que cualquier medida que se quiera implementar se esté llevando a cabo, como una eventual restricción en los porcentajes de extracciones”, plantea Óscar Cristi.


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