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El inquietante aumento de los robos en el agro

Comenzó como un fenómeno aislado, sin embargo desde hace un año aumentan en número, violencia y sofisticación. La industria y los agricultores están preocupados por el problema y por la impunidad con que operan. Las víctimas ya ni siquiera se molestan en hacer las denuncias.

Jueves, 19 de enero de 2017 a las 8:30
- Cerrojos Los propietarios señalan que los ladrones llegan en grupos numerosos y rompen todas las cerraduras o candados que existan.
Crédito: Víctor Catán
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Claudio Gaete H.

Son un "turbazo". Similares a los que asaltan un supermercado. Llegan en grupos de 8 o más, pasada la medianoche, de forma violenta, rompiendo puertas, cerrojos y candados. Burlan las cámaras con capuchas en sus cabezas. Se van directamente a los productos más demandados y los más caros: fungicidas, pesticidas, herbicidas. Toman lo que buscan, corren hacia la camioneta y huyen. Todo en menos de 10 minutos.

Cristián Bulnes, gerente general de Copeval, cuenta que esta es una de las tantas escenas que han vivido en alguna de sus sucursales el año pasado. Una de tantas de las que se están produciendo en el país, principalmente entre Coquimbo y Linares, donde los robos de insumos químicos para faenas agrícolas se han transformado en una pesadilla para las distribuidoras y los agricultores.

Hace cinco años era un fenómeno que ocurría de vez en cuando. Sin embargo, en el último año se ha transformado en un acto recurrente en toda la zona frutícola. Rancagua es la zona más atacada y aunque no hay saldos consolidados, en la Fiscalía Nacional estiman que lo robado bordeó los US$ 4 millones en 2016.

A pesar de las denuncias y de que las distribuidoras toman medidas hasta ahora no hay ni un solo malhechor tras las rejas.

Mientras tanto, la preocupación no es sólo por los robos, sino también porque se vislumbra que para que se produzcan debe existir un mercado negro en el que se transe lo sustraído. Ello saca a relucir un problema del que cuesta hablar: los compradores probablemente serían agricultores.

Sofisticación de las bandas

El tema no está cuantificado. Solo están las cifras que manejan las empresas y los propios agricultores. Según Víctor Catan, Presidente de la Asociación de Agricultores de Los Andes, hay al menos tres bandas que operan entre Coquimbo y la Sexta Región. Dice que una tiene su cabecera en la zona de Calera de Tango, otra en San Felipe y la tercera "atiende" a los agricultores de La Serena y Copiapó. Y asegura que en todas esas zonas, los robos ascienden a unos US$ 4 millones el año 2016.

Cuenta que en la zona de Aconcagua, desde hace más de un año, comenzaron a producirse robos con un mismo modus operandi: solo productos de alto valor económico, como hormonas, fitorreguladores y fungicidas. "Comenzamos a hacer las denuncias respectivas a Carabineros y la PDI y nos topamos, como todo chileno que hace una denuncia, con una carta de la fiscalía diciendo que no tienen mayores antecedentes y que la causa se archiva. Ante eso nos indignamos y empezamos a presionar con las autoridades más políticas", sostiene.

Cristián Bulnes afirma que el tema ha ido escalando no solo en los volúmenes robados sino en la sofisticación y organización de las bandas. Asegura que han debido instalar cámaras dentro y fuera de las bodegas con equipos de filmación de primera categoría, poner más guardias, perros, pero no ha servido. "Es fuerte ver lo decididos que llegan. Suelen ser como 8 ó 10, saben que están siendo filmados y que va a llegar la policía, pero no les importa porque no se toman más de cinco minutos en hacer el robo y escapar", afirma.

Sólo se llevan productos de alto valor y demanda. Y lo hacen, dice Bulnes, justo en los días en que esos productos se deben aplicar. "Como si estuvieran dateados", afirma con preocupación.

Osvaldo Parada, gerente de Operaciones de Copeval, dice que lleva 11 años en la empresa y hace 5 años comenzaron a registrarse estos hechos de manera muy aislada. Ahora aumentan en número y violencia, asegura.

"Si bien hemos logrado alertar a Carabineros, su llegada no siempre es oportuna para impedir el robo", sostiene.

Ahí yace uno de los mayores dilemas que enfrentan las víctimas de robos. Los guardias no pueden usar armas así que básicamente no es mucho lo que pueden hacer. La instrucción oficial para los guardias es que den la alarma, pero que no se enfrenten a los ladrones. Algunos lo han hecho..... a piedrazos.

Solo el 2016 Copeval registra robos por $ 110 millones. No son los más afectados. Tattersal Agroinsumos, tiene en Rancagua su filial más grande y emblemática. Según cuenta Erwin Rolf, gerente Zona Norte de la empresa, el año pasado fue asaltada cuatro veces, llevándose más de $ 150 millones.

"Nos ha obligado a gastar muchísima plata en alarmas, cámaras, guardias, cercos eléctricos, reforzar portones, pero así y todo no hemos solucionado mucho el problema. En una noche entraron como a las 2 de la madrugada, sonaron las alarmas y los ladrones metieron al guardia en un contenedor y se fueron. Volvieron como a las 4 de la mañana a terminar el robo", cuenta.

El modus operandi es similar y el objeto del hurto el mismo, explica el ejecutivo. Asegura que los ladrones entran provistos de todo tipo de herramientas para franquear las barreras de seguridad. No importa cuántos y qué tan grandes sean los candados, así es el "napoleón" que traen para romperlo, afirma.

Saben a lo que van. "Son pesticidas muy específicos, muy caros", explica Rolf.

Incluso no descarta que los ladrones estén dateados porque en más de una ocasión los robos han ocurrido el mismo día en que la bodega fue abastecida. "Seguramente los venden a un tercio de su valor y debe haber agricultores que están haciendo uso de este sistema", sostiene.

En Anasac, firma dedicada a la producción, comercialización y distribución de insumos agrícolas, estiman que los robos afectan más a los agricultores y fruticultores. Luego a las distribuidoras de los insumos químicos y al final de la cadena están los importadores.

"Nuestros agrónomos están permanentemente en los campos y nos encontramos que son muchas las denuncias... Cada vez que vamos a verlos nos cuentan que fueron robados y preguntan si hay algún tipo de seguro que los pueda cubrir", explica Gabriel Ormeño, gerente general de Anasac. Agrega que si no existiera demanda por estos productos no habría robos. Hay productos que pueden llegar a mil dólares el kilo y se estima que se venden a mitad de precio en el mercado negro, afirma.

Alarma que nadie escucha

En junio del 2016 Fedefruta dio a conocer un estudio hecho entre sus asociados para dimensionar el problema. Según la encuesta nueve de cada diez fruticultores chilenos ha sufrido algún tipo de robo en los últimos tres años (ver infografías). A pesar de lo recurrentes que son los robos, cada vez son menos los agricultores que denuncian, pues, lo consideran no obtienen resultados. El sondeo de Fedefruta mostró que entre los que sí hicieron la denuncia, la mayoría recibió a cambio una carta en la que les dicen que la causa fue archivada por falta de antecedentes y que debido a que eran insumos resulta muy difícil recuperarlos y/o rastrearlos. Pero lo peor de todo es que los robos menores a $ 300 mil son inimputables.

"Les digo a los socios que hagan la denuncia", aconseja Luis Schmidt, presidente de Fedefruta. Y acota que la respuesta que recibe es que los citan al juzgado para ratificar su denuncia y que pasan toda la mañana esperando sin que los atiendan. "Uno se siente en la indefensión total. Eso es grave".

Con estudio en mano, decidieron tocar la puerta de La Moneda. Lograron ser recibidos por el entonces subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey y se acordó formar una mesa de trabajo en conjunto. "No me acuerdo si hubo una o dos reuniones, pero luego sacaron al señor Frey y todo quedó en el aire. Insistimos con las autoridades y nos dijeron les vamos a avisar y eso hasta el día de hoy", se queja Schmidt. Eso fue en octubre.

Schmidt cuenta que se han coordinado con otras organizaciones gremiales, como Adiac, la Asociación de Distribuidores de Insumos Agrícolas de Chile, con Carabineros y con la PDI para enfrentar el problema, pero dice que los recursos son escasos y que muchas veces son los mismos agricultores los que ayudan a la policía, incluso con bencina para que hagan sus patrullajes. Agrega que entre los vecinos están comunicados por grupos en WhatsApp para ayudarse. "Nos dicen que pongamos más vigilancia y nosotros tenemos rondines, pero si alguien dispara se nos dejan caer en seguida para ver qué está pasando y hay bastante hostigamiento", sostiene.

Germán Alessandri, director ejecutivo de Adiac, no solo participó en las reuniones con Frey. Asegura que hace 4 años, en tiempos de Piñera, también se reunieron con las autoridades del ministerio del Interior para tratar el tema. "Nos recibieron muy bien, pero nos dijeron que no había recursos, que había un montón de problemas de delincuencia en el país y que los recursos no dan para llegar a todos, así que, en resumen, sigan esperando", ironiza.

Pese a ello, como organización se han preocupado de recabar información para entregarla a las autoridades. Han logrado dar con algunas pistas gracias a los videos proporcionados por sus propios asociados, pero no tienen una investigación formal.

"De repente se logra detener puntos intermedios de las bandas. Hay socios que tienen más videos y logran avisar a carabineros, pero cuando llegan se llevan al tipo que está en el camión y al que se lleva el producto. Pero ese es un eslabón muy pequeño del proceso. Hay alguien más allá, los que comercializan el producto, a quien no llegamos".

Presionar y obtener un fiscal exclusivo

Víctor Catan logró participar en las dos reuniones que se realizaron en la mesa creada especialmente tras la denuncia de Fedefruta por la subsecretaria de Prevención del Delito. Y a pesar de que después de la partida de Frey, la mesa quedó en nada, Catán siguió presionando en la zona.

Asegura que gracias a esas reuniones en Santiago le permitieron instalarse en la oficina del Fiscal Regional de la V Región y exigir acciones concretas. Le fue bien. Logró que se nombrara a un fiscal con dedicación exclusiva para este tipo de robo en la zona de San Felipe. Eso significó una gran ventaja. Lo primero que hizo el fiscal -Benjamín Santibáñez- fue tomar todas las denuncias de robos existentes a la fecha y le pidió a la PDI que tuviera un par de policías con dedicación exclusiva.

Las diligencias rindieron frutos. Hace poco más de un mes lograron detener a dos ladrones. "Pero la verdad es que para desagrado nuestro y del fiscal, el juez a cargo de la causa dejó solo a uno detenido porque tenía antecedentes y el otro salió como Pedro por su casa. Y eso que los pillaron in fraganti, con el auto cargado", se lamenta Catan.

Ambos están a la espera del juicio para determinar su culpabilidad. Pero las posibilidades de que efectivamente cumplan una pena en la cárcel son escasas porque el delito cometido es robo simple. "Si el tipo es primerizo tiene una condena de 60 días con pena remitida, o sea, ni siquiera va a la cárcel", apunta.

Pese a ello no se ha dejado amilanar. Se juntó con otros tres agricultores que han sido víctimas de robos y decidieron tomar otras medidas. La primera fue tomar contacto con todas las distribuidoras de insumos de la zona y realizó un catastro de todo el personal que trabaja en ellas.

Además se les enseñó a los agricultores víctimas de robo cómo realizar una denuncia y seguir su curso. Eso es lo que más les ha costado, dice, ya que la mayoría prefiere no hacer el papeleo porque sienten que pierden tiempo y no hay resultados. Para ello contrataron un abogado encargado de darle seguimiento a las causas, ver su estado y ejercer presión para que se investigue.

No es lo único que ha hecho, pero no quiere contarlo todo para que los pillos no sepan en qué andan. Solo revela que contrataron los servicios de una empresa especializada en espionaje que trabaja en un programa de televisión. "Lo hacemos para darle más pruebas al fiscal", puntualiza.

¿Quién compra?

La gran interrogante que circula en la mente de todos los actores afectados por este problema es quién está comprando estos productos robados. Invariablemente, la respuesta siempre es la misma: los mismos agricultores. Nadie quiere dar nombres ni apuntar con el dedo. Pero todo apunta a que los insumos se venden ahí, a mitad de precio, sin facturas ni garantías.

Es más, circula una historia que ha pasado a ser una suerte de mito urbano. O rural, en este caso. Es la historia de un agricultor que cansado de que le robaran sus productos, decidió tenderle una trampa a los ladrones y puso en un envase de un producto altamente demandado, otro que se utiliza para eliminar todo tipo de malezas. Le robaron el envase... y a las dos semanas vio con asombro como uno de sus vecinos terminó con toda su cosecha devastada.

Más allá de lo anecdótico de ese relato, para Cristián Bulnes el tema es indicador de que hay compras no legales. "Están comprando en el mercado negro, totalmente, no hay forma de no saberlo. Detrás de esto hay una economía informal, hay subdistribuidores en ferias libres y agricultores que encargan los productos".

Agrega que los que lo hacen incluso arriesgan sus propios cultivos, pues pueden encontrarse, como ocurrió con la anécdota anterior, con un producto que no es el adecuado.

Gabriel Ormeño apunta que para generar ciertos robos es porque hay una demanda "y esos son los mismo agricultores. Si no existiera una demanda por un producto, no existiría el robo", enfatiza.

Agrega que a los agricultores a quienes más les roban es a los productores de manzanas y uvas y que si van donde ellos es porque hay una necesidad de alguien por esos productos.

De hecho, el 70% del mercado chileno de agroquímicos está destinado a las frutas, afirma.

Ormeño dice que quieren ponerle coto al problema. Anasac está asociada a IMPPA, la Asociación Gremial de Importadores y Productores de Productos Fitosanitarios para la Agricultura, y como tal van a realizar una campaña este año para crear conciencia sobre el problema. "Pero hay que hacerlo con mucho criterio, decirles que son ustedes mismos los que generan este problema", explica.

La campaña comenzará en marzo y tienen presupuestado unos 20 millones para llevarla a cabo. No es mucho dinero, dice, "pero hay que hacer algo".

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