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La autonomía de las organizaciones de usuarios de aguas

En el presente artículo se aborda el rol de las OUA desde la perspectiva de lo que el ordenamiento jurídico general establece para todos los grupos intermedios.

Miércoles, 13 de noviembre de 2019 a las 8:30
Gonzalo  Muñoz
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Gonzalo Muñoz

Las organizaciones de usuarios de aguas (OUA), que son entidades reguladas principalmente por el Código de Aguas (CAg.) y cuya función más importante es la distribución del recurso hídrico entre sus integrantes y velar para que estos ejerzan correctamente sus respectivos derechos de aprovechamiento, gozan de plena autonomía e independencia frente a los poderes estatales, especialmente ante el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Ya hubo oportunidad de referirse a este tema en una columna anterior, a propósito de la fiscalización a estas entidades por parte de la Dirección General de Aguas y la eventual intervención de las mismas, la que en todo caso solo puede tener lugar previa autorización judicial en los excepcionales casos en que el CAg. lo autoriza, es decir, faltas graves o abusos en la distribución de las aguas y la gestión económica.

Sin embargo, en esta oportunidad se aborda desde la perspectiva de lo que el ordenamiento jurídico general, ya no solo el especial constituido por el CAg. y sus disposiciones complementarias, establece para todos los grupos intermedios y no únicamente para las OUA.

En este sentido, lo primero que cabe señalar es que las OUA son, efectivamente, grupos intermedios en los términos que a ellos se refieren el inciso 3° del artículo 1° de la Constitución Política y el inciso 2° del artículo 2° de la Ley N° 20.500, de 2011, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

El primero de ello señala que “el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”; en tanto que el segundo, coherente con el anterior, dispone que “los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna”.

De lo anterior, se deriva entonces que las importantes funciones que desempeñan las OUA se enmarcan en lo que se denomina el “rol subsidiario del Estado”, consistente en que este realiza solo aquellas actividades que los particulares no desarrollan, ya sea porque no quieren o porque no están en condiciones de hacerlo.

Ahora bien, dada la autonomía de la que gozan las OUA de frente al Estado, son reducidas y excepcionales las atribuciones que sobre ellas tienen los organismos de este. Aquí encontramos, por ejemplo, las ya referidas de la Dirección General de Aguas en materia de fiscalización.

Lo anterior no obsta a que otros organismos del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo o los Tribunales Especiales, tengan en el ámbito de sus respectivas competencias atribuciones fiscalizadoras y/o sancionadoras respecto de las OUA. Esto, en todo caso, excluye evidentemente aquellas materias en las que las facultades fiscalizadoras le corresponden a la Dirección General de Aguas.

En la primera hipótesis, cabe mencionar al Servicio de Impuestos Internos, el cual tiene atribuciones legales para determinar las normas tributarias aplicables en un caso concreto a una OUA. Así ocurrió, por ejemplo, con el Oficio N° 2338 del 7 de octubre de 1997, en el cual se concluyó que “las asociaciones de canalistas - (…) que tienen por único objeto la construcción y mantenimiento de los canales de regadío, obras que financian sus comuneros a prorrata de sus derechos de aprovechamiento del agua que corre por el canal respectivo -, no son contribuyentes del impuesto al valor agregado en los términos del artículo 3 del Decreto Ley No. 825, de 1974, en la medida en que no se dedican a vender bienes corporales, ni tampoco prestan servicios gravados con el tributo y, en consecuencia no resulta factible que la asociación traspase a sus asociados el IVA que ella soportó en la prestación de servicios efectuados a estos últimos” (sobre el particular, cabe hacer presente que dentro de las facultades del Director del Servicio de Impuestos Internos, se incluye, según el N° 1° de la letra A. del artículo 6° del Código Tributario, la de interpretar administrativamente las leyes tributarias).

Por otra parte, en cuanto a Tribunales Especiales es posible citar dos casos que se ventilaron ante la Justicia Electoral: El primero de ellos es la causa rol N° 19-2014, del Tribunal Calificador de Elecciones (rol N° 2.653-2013, del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana), sobre recurso de apelación subsidiario interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por el Primer Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana que rechazó la reclamación de nulidad de la elección de directorio de la Junta de Vigilancia Primera Sección del Río Mapocho, interpuesta por la Asociación de Canales Toma El Bollo y otros. El segundo caso en esta misma línea, es la causa rol N° 1006, del Tribunal Electoral Regional de Atacama, sobre reclamación de la Comunidad de Aguas del Canal Buena Esperanza y otros en contra de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes.

La norma legal que habilita a los Tribunales Electorales para conocer y fallar casos de la naturaleza de los recién citados, es el artículo 10 N° 2° de la ley N° 18.593, de 1987, de Tribunales Electorales Regionales, según el cual corresponde a estos “conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualquier otro grupo intermedio”; y el artículo 9° letras b) de la Ley N° 18.460, de 1985, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, el cual les atribuye la facultad de “resolver las reclamaciones que se interpongan en materias de su competencia”.

Por otra parte, la norma citada en primer término encuentra su antecedente en el artículo 96 inciso 1° de la Constitución Política, en cuanto señala que “asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale”.

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