Hace rato que en Chile existe consenso respecto de los problemas de salud asociados a la mala alimentación de los chilenos. Sin embargo, cada vez que se trata de alcanzar un acuerdo en encontrar soluciones, vuelven a surgir posiciones aparentemente irreconciliables.

Por una parte, la industria insiste en que se trata de un tema de autorregulación y endosa a los consumidores la responsabilidad de informarse para alimentarse en forma sana. Por otra, la autoridad sanitaria ve la solución en la intervención normativa con propuestas de regulación y fiscalización, muchas veces inviables para el desarrollo competitivo.

En el medio están la ciudadanía, con un segmento de la población en riesgo que, en desmedro de las posiciones de la industria, son sectores populares, de bajos ingresos y bajo nivel educacional, a los que los mensajes de comer sano y tener una vida light les suenan a cuentos de ricos. Mientras, las pymes alimentarias, en general no cuentan ni con los niveles de capital, de desarrollo tecnológico, ni de acceso a la información y la gestión, que permitan suponer que la autorregulación sea parte de una solución viable, al menos en el mediano plazo.

Así hemos visto proyectos de ley eternizadas en discusiones parlamentarias, por el bajo nivel de consenso que suscitan.Mientras, proliferan iniciativas voluntarias que buscan fomentar el consumo saludable.

El resultado es que la obesidad y las enfermedades crónicas campean en la población chilena. Entonces, y para sorpresa de todos, frente a un reportaje en televisión en el que se denuncian hechos, que nadie medianamente informado podría sugerir que no conocía, se anuncian nuevas regulaciones. Bien por la salud de los chilenos si es que existen avances en la materia. Mal por la forma en que ocurre:cual reality show.

Esperemos que el sector aprenda la lección y busque los consensos para avanzar en la solución de sus problemas, antes de que un nuevo episodio televisivo, marque la pauta y se deba correr detrás de los periodistas para hacer ver que se avanza en las soluciones.

Por lo pronto es de responsabilidad del Estado generar las condiciones institucionales que permitan la producción y el consumo de alimentos saludables. Resulta clave para ello contar con políticas públicas, que compatibilicen las  condiciones de desarrollo competitivo de la industria, con las aspiraciones de bienestar que la sociedad en su conjunto se ha definido. Se debe contar con  un marco normativo moderno, en donde la regulación y fiscalización tenga como objetivo central la salud de la población, la formación de consumidores responsables y el fomento productivo la competitividad.

Es responsabilidad de los productores adecuar sus procesos y productos, asumiendo las externalidades negativas de su oferta en la salud, tal como ha ocurrido en los temas ambientales. Eso está lejos de lograrse sólo con autorregulación.

Es responsabilidad de los consumidores actuar en el mercado informados sobre los productos que prefieren y ejercer el debido control social sobre la industria y el Estado, a fin de exigir el cumplimiento los compromisos de cada uno en asegurar la salud pública y el bienestar de la población.

En este contexto se echa de menos el rol que en este debate debiera tener la recientemente creada Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos que en este debate ha carecido del liderazgo que debiese tener, en teoría,  con la autonomía político-técnica suficiente como para ser garante de los intereses de todas las partes involucradas.