La preocupación de la Corte Suprema por la calidad y el alto número de nuevos abogados no es reciente. Ya en 2011, el entonces presidente del máximo tribunal, Milton Juica, manifestaba sus aprensiones por la formación de algunos profesionales que están saliendo al mundo laboral. Un par de años antes, su antecesor Urbano Marín también planteaba reparos al sistema. En adelante, la tasa de juramentos ha continuado elevándose y, este año, la cifra alcanzó su máximo histórico: más de dos mil 800 egresados de derecho obtuvieron su título profesional. 

Según los registros de la Oficina de Títulos del máximo tribunal, en la última década prácticamente se ha duplicado la cantidad anual de postulantes —pasando de mil 244 en 2003 a dos mil 893 en 2013—, y además han comenzado a hacerse frecuentes algunos fenómenos de orden académico que antes aparecían como extraordinarios. Un ejemplo es el porcentaje de abogados (cerca del 20%) que convalida ramos en una o más universidades. 

Para el ministro de la Corte Suprema y miembro del consejo directivo de la Academia Judicial, Pedro Pierry, quien fue recientemente entrevistado por Poder Judicial TV, este escenario preocupa, pues en Chile, dice, “nadie controla la calidad de los licenciados en derecho que salen de las universidades”. ¿El problema? Cada vez hay más escuelas y, consecuentemente, más egresados. 

Las cifras del Servicio de Información de la Educación Superior del Mineduc, SIES, indican que hoy existen 44 universidades que imparten la carrera de derecho, en 92 facultades (sedes), en las cuales se dicta un total de 133 programas, sumando los diurnos y vespertinos. 

Cuando las escuelas “eran unas pocas, ellas mismas controlaban la calidad, porque todas eran serias —por supuesto sin fines de lucro— y tendían a entregar al país profesionales de excelencia”, comenta el magistrado. Hoy, en cambio, “uno se da cuenta que los profesionales que vienen de ciertas universidades están mal formados”, e incluso, apunta, muchas veces “uno ve en el ejercicio profesional no solo falta de preparación en temas procesales, sino también de fondo”.

Regulación actual

Para regular la situación, en 2008 la Corte Suprema estableció algunos requisitos mínimos para entregar el título de abogado. Entre ellos, que se verifique que el postulante tenga el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una universidad y que si éstos obtuvieron su licenciatura de una facultad en la que no cursaron todos sus estudios, comprueben la convalidación de ramos que hayan realizado así como que completaron la malla curricular exigida por la misma. 

Ese año, también se dictaron una serie de instrucciones —cuya últimas actualizaciones fueron en agosto pasado— respecto del proceso de juramento, se trate de chilenos o extranjeros (que hayan cursado de sus estudios de derecho en Chile). 

Pero en términos concretos no es mucho el control que puede ejercer la Corte Suprema en materia de titulación, ya que por ley únicamente está facultada para encargarse de gestionar dicho trámite para que los egresados puedan jurar como abogados. 

El ministro Milton Juica recuerda que en su momento se llegó al extremo de pedir que se liberara a la Corte Suprema de esta función. “Uno observa que hay casos donde el litigante tenía buenas razones para obtener un resultado favorable, pero pierde (el juicio) por falta de una praxis más idónea” y el problema —advierte— es que, “como jueces, nada podemos hacer si el tema está mal planteado, porque se resuelve de acuerdo a lo que las partes presentan”.

Por eso, plantea la necesidad de un examen de validación de los conocimientos, al menos, para los abogados de litigio, pues están cumpliendo una función pública y su mal desempeño afecta el derecho de las personas a tener una justicia de calidad. 

Las escuelas

¿Qué dicen en las distintas facultades de derecho? La propuesta de aplicar eventualmente un examen nacional fue analizada hace algunos años y, a la fecha, no se ha logrado una opinión común. Se trata de un planteamiento que tiene partidarios y detractores, pero sí hay acuerdo en cuanto a asegurar de mejor modo la formación de los egresados.

El decano de derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Enrique Vargas, cree si el problema es la calidad, los controles pueden ser “ex ante” y también “ex post” con “la acreditación y las evaluaciones que realizan las Corporaciones de Asistencia Judicial a los egresados en práctica, respectivamente. Ambos controles hoy existen, aunque podrían ser más estrictos y, en el caso de la acreditación, obligatorio y no facultativo”. 

Aclara, sin embargo, que no es partidario de someter a los egresados a un examen nacional de acreditación profesional. Primero, porque —piensa— se corre el riesgo de “trabar las experiencias formativas más innovadoras y terminar evaluando el mero dominio memorístico de los Códigos”, pero también porque “la duración de los estudios de derecho en Chile es escandalosamente larga” y mientras sea así, no le parece posible incorporar nuevas barreras a la titulación. 

Distinta opinión tiene su par de la Universidad Finis Terrae, Miguel Schweitzer, quien sí considera que “la manera de asegurar la calidad mínima en la formación de un futuro abogado es por la vía de un examen general, al que debieran someterse todos los graduados de todas las facultades de derecho”. 

Y si no pudiera ser para todos —dice— “a lo menos, debieran someterse a dicho examen quienes van a litigar ante los tribunales y quienes se vayan a desempeñar en la magistratura”.

Por su parte, el decano de derecho de la Universidad Austral, Andrés Bordalí, distingue dos tipos de vías: unas generales y públicas, y otras particulares. Entre las primeras, y coincidiendo con Vargas, plantea que la acreditación pudiera ser obligatoria, pero agrega que además ésta debiese ser controlada por un órgano del Estado, cuya regulación garantice la objetividad y transparencia de sus decisiones. “Ese sistema de acreditación debería entregar información al público para que éste pueda distinguir qué proyectos académicos tienen seriedad y son de excelencia y cuáles no”, comenta. 

A nivel particular, en tanto, destaca “la decisión que puede adoptar una carrera de derecho en orden a establecer un alto nivel de exigencia a sus estudiantes de pregrado, lo que debe ser un proceso continuo durante todo el ciclo formativo y no solamente al final al momento de rendir un examen de grado o defensa de tesis”. Para ello, continúa, lo ideal sería contar con los mejores profesores disponibles, de los cuales un grupo importante debe estar contratado a jornada completa y realizar investigación relevante.

Este asunto sobre la calidad de la formación de los nuevos abogados se ha discutido en el Colegio de Abogados y también entre un grupo de decanos hace algunos años atrás, pero debido a que hay posiciones divergentes no se ha llegado a ningún acuerdo.