La inacción del Estado frente a violaciones al derecho de propiedad es un motivo de preocupación grave, y dos ámbitos de problemas lo han ilustrado en estos últimos días. El primero es la proliferación de loteos “brujos” y ocupaciones ilegales, con casos tan dramáticos como el de la toma en Quilpué de un terreno cuyo propietario fue asesinado en un caso de sicariato que impactara al país en 2020. Hasta hoy, el terreno sigue tomado, mientras que el responsable de la ocupación y del loteo irregular fue recientemente sentenciado a una pena de 541 días que cumple en libertad; antes de ello, no tuvo problemas en presentarse descaradamente ante los medios como “asesor de tomas” y ser incluso recibido por un diputado frenteamplista, quien luego se contactó con la familia del fallecido propietario para ofrecerse como mediador, según reveló un reportaje recientemente publicado por Sábado, de “El Mercurio”.

Y si ese es un ámbito de preocupación, el otro es el que han alertado en estos días lectores de este diario respecto de las posibles deficiencias en la aplicación de la Ley Nº 21.461, aprobada en 2022 y que busca proteger a propietarios frente a arrendatarios inescrupulosos.

A pesar de la naturaleza distinta de estos fenómenos —los que por lo mismo requieren de respuestas diferenciadas—, ambos comparten un rasgo común inquietante: la ineficacia, o incluso apatía, de las distintas instancias del Estado para restaurar la legalidad, abandonando a propietarios —pequeños y grandes— a su suerte y, no menos grave, infiriendo así fuerte daño al principio de la certeza jurídica. Ya sea que se trate de la demora en resoluciones judiciales, como se ha denunciado en casos de arrendamientos; del incumplimiento de órdenes administrativas, como la de demoler las construcciones ilegales en el predio de Quilpué, emitida por la Seremi de Vivienda en 2021, o, también, de la lenta y compleja tramitación legislativa de soluciones, estas situaciones terminan poniendo en cuestión la propia eficacia del Estado en su tarea de garantizar los derechos de las personas.

El derecho de propiedad constituye un pilar de nuestra institucionalidad y de cualquier orden social libre. Cuando este derecho, y sus atributos esenciales de gozar, usar y disponer, se infringen de manera sistemática e impune, las repercusiones son profundamente perjudiciales. Y es que estas transgresiones no solo afectan a las partes directamente involucradas, sino que también quebrantan la paz social y erosionan la ya precaria confianza en las instituciones. Además, impactan también el funcionamiento de la economía, disuadiendo la inversión y con ello las posibilidades de desarrollo. Después de todo, ¿quién estaría dispuesto a mantener o invertir en una propiedad si no puede confiar en que se respetarán sus derechos sobre ella?

Por cierto, el problema no se agota en lo punitivo. La multiplicación de las usurpaciones ocurrida en los últimos años ha sido el resultado de una diversidad de fenómenos. Desde luego, los efectos de la pandemia y la inmigración han agudizado el déficit habitacional, dando pie para que verdaderas redes mafiosas lucren con la desesperación de miles de familias y con el atropello de los derechos de los legítimos dueños. Se suma además la particular situación de la macrozona sur, en que las ocupaciones son parte de una estrategia que persigue el control territorial por parte de grupos extremistas. Corresponde al Estado diseñar políticas públicas que se hagan cargo de cada una de las distintas aristas del problema y que ataquen sus causas de fondo.

Nada de ello, sin embargo, excusa a las distintas autoridades de su deber inmediato de restablecer la legalidad allí donde ella está siendo vulnerada, dando señales claras de que el derecho de propiedad es real y debe ser respetado. Si esa convicción no está o no se hace valer, la convivencia social y el progreso se ponen en riesgo.