Se ha hecho frecuente que en Chile parlamentarios que muestran una conducta inadecuada queden sin sanción ni reproche formal. El tema es grave porque la democracia depende de que los ciudadanos confíen en la política y en sus instituciones, y el Congreso sale mal evaluado en todas las encuestas de opinión.

Se ve afectado el Estado de Derecho si se acepta, sin sanción, que parlamentarios —que en Chile, en comparación con otras democracias, ya reciben altos sueldos y asignaciones en relación con el PIB del país— se arroguen además privilegios como el acceso a altas autoridades de otros poderes del Estado para obtener beneficios de trato. Esa no es la forma de representar los intereses de los ciudadanos.

Así como se piden sanciones ejemplares para aquellos empresarios que puedan perjudicar con colusiones el real funcionamiento del libre mercado, se debe exigir que quienes representan a todos los chilenos desde las instituciones del Estado, lo hagan con altura y sin ofender la fe pública.

Los humanos somos falibles, incluidos por cierto los políticos. Por eso las democracias estables valoran mucho el escrutinio constante de sus autoridades y han sabido dotarse de organismos adecuados para sancionar malas conductas.

En Inglaterra existen los llamados principios Nolan. Son siete normas de comportamiento que se exigen a parlamentarios y funcionarios públicos: desinterés, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. Se considera que los actos de quienes conducen los asuntos públicos son ejemplo —bueno o malo— para los ciudadanos que los observan todos los días. Y para garantizar el cumplimiento de dichas normas de conducta, existe un medio de control independiente, no como la actual comisión de Ética de la propia Cámara.

En Chile los parlamentarios se juzgan entre ellos y se adjudican sus propias remuneraciones: mala cosa. ¿Será mucho pedir a los parlamentarios que actúen solo persiguiendo el interés público, y sientan su labor como un gran honor?