Señor Director:

El fallecimiento del cabo primero Álex Salazar es muy lamentable y sus circunstancias tienen que ser exhaustivamente investigadas. Sin embargo, los dichos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, emplazando al Congreso y cuestionando al Ministerio Público no corresponden porque chocan con principios básicos del Estado de Derecho. En su declaración aludió a que existiría vacilación del personal policial en ciertos procedimientos como consecuencia de los cuestionamientos del Ministerio Público.

Al respecto cabe señalar que hablar desde un cuartel con tono severo y exigiendo que un poder del Estado como el Congreso haga su trabajo en un determinado sentido, cruza la línea de la deliberación.

Segundo, cuando se atribuye a terceros las deficiencias de protección operativa del personal policial, es porque se desconocen responsabilidades en esas deficiencias. No es razonable que se afirme que los carabineros tienen “miedo” de enfrentar la delincuencia porque desconocen la forma de emplear los elementos que entrega la ley.

Tercero, tampoco resulta aceptable que el jefe de la policía siga resistiéndose a colaborar con la Fiscalía y menos que lo exprese en términos institucionales porque contraviene los deberes de servicio. Recordemos que Yáñez no ha comparecido en cinco ocasiones a las citaciones del Ministerio Público por causas relacionadas con violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social.

Los alegatos del general director develan, una vez más, el desconocimiento de los alcances de la responsabilidad de mando y resultan inaceptables porque implican un intento de apartarse de la Constitución y de principios básicos de un Estado de Derecho. Las afirmaciones del general son, en definitiva, una imprudencia que lo aleja, nuevamente, de la legalidad vigente.

Rodrigo Bustos
Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile