Los temas que marcaron el agitado debut del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos podrían pasar pronto a un segundo plano, dependiendo de lo que ocurra con la acusación constitucional contra su antecesora. Esto, cuando en pocos días más comienza el mes de febrero, marcado por el receso de verano en el Congreso Nacional y por las vacaciones de no pocos funcionarios de alto nivel. Se trata de un buen momento para estudiar y definir las prioridades de la cartera, y así lo advirtieron los miembros de la comisión de Constitución del Senado, quienes ya plantearon al ministro su interés en avanzar en dos materias específicas, el proyecto de ley sobre delitos económicos y la reforma al notariado.

Ambas iniciativas son interesantes y tienen un particular valor simbólico. La primera representa en realidad un Código Penal paralelo para una cierta clase de personas —quienes se desempeñan como ejecutivos en empresas medianas o grandes—, con un sistema de penas propio y cárcel efectiva incluso para primerizos que cometan delitos económicos de mediana gravedad. La enorme amplitud de la reforma, su orientación de clase y la posibilidad de cumplir el sueño de imponer penas de cárcel a los delincuentes de “cuello y corbata” son indudablemente atractivos para una parte relevante del espectro político. Esta reforma, igual que la aprobación de un nuevo Código Penal, que también está en tramitación sin que se sepa cómo se relacionarían ambos proyectos, encarna paradigmáticamente la aspiración de todos los gobernantes de legar al país grandes reformas legales por las que puedan ser recordados. Esta tentación es particularmente intensa en los países con menor nivel de desarrollo, pues dictar leyes de buen nivel teórico es mucho más barato que destinar recursos y energía a mejorar el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, los mejoramientos legislativos, especialmente en materias penales, son simples espejismos si no van precedidos, acompañados y seguidos por mejoramientos en las instituciones encargadas de aplicarlos. Con las actuales falencias de la Fiscalía y las policías, y la insostenible situación del sistema penitenciario, las reformas penales sustantivas no harán más que incrementar exponencialmente los ámbitos de discrecionalidad de los operadores y el recurso a la coacción estatal más básica, el encierro desocializador.

La modernización del notariado, que en parte consiste en una “desnotarización” de la vida de las personas, también tiene una fuerte carga simbólica. Se trata de una materia que ha sido acometida por varios gobiernos de distinto signo, sobre la cual se pronunció técnicamente la Fiscalía Nacional Económica, y donde existe amplio consenso social en cuanto a que la proporción entre seguridad y eficiencia dejó de ser adecuada. Sin embargo, los avances han sido nulos o inexistentes, según se dice, debido a que las influencias políticas del gremio notarial lo impedirían. Nada más elocuente que las palabras del último ministro de Justicia de Michelle Bachelet, hace ya varios años, quien decidió no presentar un proyecto de ley en la materia: “Si me embarcaba por la vía legislativa me iba a pasar lo mismo que le pasó a los otros proyectos: se iban a desatar las fuerzas del mal y el proyecto va a morir”. Y, apuntando a la influencia de los notarios en el Congreso, agregó que “tener ingresos de 30, 60, 70 millones de pesos, eso te da poder. Y no sé, me imagino que también los señores notarios votarán y tendrán candidatos a diputados, a senadores, a lo mejor ayudarán a financiar campañas”. El flamante ministro de Justicia podría conseguir una gran victoria si logra avanzar en este tema, pero está por verse si sus competencias políticas están a la altura de sus reconocidas capacidades técnicas.

En todo caso, lo que más necesita el país no es populismo penal ni un conjunto de sofisticadas regulaciones construidas desde la abstracción teórica, sino un mejoramiento sustancial en el funcionamiento de las instituciones reales encargadas de aplicar la legislación que ya existe. Son entre otros los tribunales, la Fiscalía, Gendarmería de Chile, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, el Servicio Médico Legal, los organismos que prestan asistencia legal gratuita y las numerosas entidades privadas que colaboran con todos ellos quienes deberían estar en el foco de la atención ministerial durante los próximos años.