La experimentación constitucional iniciada hace tres años, y que aún no termina, no ha representado ningún beneficio para nuestra democracia, solo confusión, incertidumbre y dispendio de recursos públicos. Lo ilustró la Convención que, bajo el control del populismo refundacional, elaboró un proyecto de nueva Constitución que dividía a Chile en tantas naciones como etnias reconocidas y creaba una estructura de poder de inocultable raíz autoritaria. Ese fue el proyecto que apoyó incondicionalmente el Presidente Boric, al igual que todos los partidos que están en el Gobierno. Si se hubiera aprobado en el plebiscito del 4 de septiembre, pudo sobrevenir un profundo dislocamiento institucional, económico y social. El triunfo de la opción Rechazo salvó al país de una catástrofe.

¿Cómo llegó Chile a una encrucijada de tan alto riesgo?

“La violencia hizo lo suyo”, dijo el senador Jaime Quintana para celebrar la Convención. En efecto, la violencia, la destrucción y el pillaje de octubre de 2019 hicieron lo suyo. Y abundó entonces la “justificación social” de los desmanes.

Los actuales partidos gobiernistas, entonces opositores al gobierno de Sebastián Piñera, fueron condescendientes con el vandalismo, alentaron la desestabilización y dejaron enormes dudas sobre su lealtad con la democracia. Cuando Michelle Bachelet le entregó el mando a Piñera, en marzo de 2018, el país no tenía un problema constitucional, que se expresara, por ejemplo, en vacíos o indefiniciones sobre la división de poderes, el ejercicio de las libertades, el rol de las FF.AA. o la alternancia en el poder. Tampoco existía tal problema en octubre de 2019.

Chile recorrió una vía singular de la dictadura a la democracia. El triunfo del No en el plebiscito de 1988, no obstante que se produjo en el marco del texto del 80, fue el punto de partida de la recuperación de las libertades. Otro plebiscito, en julio de 1989, aprobó 54 reformas que permitieron efectuar elecciones libres y competitivas en diciembre de ese año. Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet y Piñera impulsaron otras reformas. Las de mayor alcance se materializaron en 2005, en el gobierno de Lagos. ¿Significa, entonces, que Chile tuvo una “transición impura”? Así es. O sea, apegada a la tierra y, sobre todo, orientada a favorecer el reencuentro nacional.

Dicha transición aseguró la paz y comprometió a las FF.AA. en la reconstrucción del régimen de libertades. En el camino, el texto del 80 cambió sustancialmente y se convirtió en el soporte de la institucionalidad democrática y el progreso económico y social. La acumulación de reformas fue ampliamente fructífera. Sin embargo, en 2013, Bachelet, en su campaña por volver a La Moneda, dijo que se proponía reemplazar la Constitución, que llevaba la firma de Lagos desde 2005. Fue el momento en que invitó al PC y al naciente FA a su segundo gobierno. El FA había hecho de la agitación por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución el rasgo distintivo de su afán por crear alguna épica.

El cuestionamiento del orden

En 2019, la barbarie hizo tambalear el orden democrático, lo que fue aprovechado por los opositores para “demostrar” que había que reemplazar la Constitución. Quienes estaban en condiciones de explicar que el texto reformado cumplía las exigencias de una democracia moderna eran, obviamente, los partidos de la antigua Concertación. Pero, a esas alturas, ni el PS ni el PPD ni el PR ni la DC se atrevían a defender su propia obra, amedrentados por la izquierda beligerante.

Aquella vez, la centroderecha actuó defensivamente, condicionada por la decisión de Piñera de propiciar el reemplazo de la Constitución. En la práctica, el mandatario abrió las puertas al cuestionamiento del orden constitucional, justo en medio de la ofensiva de quienes buscaban derrocarlo. Su deber era resistir la intentona golpista, no poner en duda la legitimidad de las instituciones. Los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 no se preguntaron de dónde venía la amenaza a las libertades, ni tampoco cuáles eran los bienes que querían defender. Les bastó con hacerles creer a los chilenos que la paz dependía de hacer otra Constitución, tarea que el Congreso derivó a una especie de segundo Parlamento. Los administradores del miedo desempeñaron un papel decisivo. Así, surgió la Convención, en la que el oficialismo dejó impresas sus huellas digitales.

Es extravagante que, incluso hoy, ciertos representantes del Socialismo Democrático imposten la voz para denunciar “la Constitución del 80”, en circunstancias de que ocuparon toda clase de cargos bajo sus disposiciones. Con el actual texto, han sido elegidos cuatro gobiernos de centroizquierda, dos de centroderecha y dos en los que ha participado el PC. Del total de ocho gobiernos, el Partido Socialista ha estado en seis.

Necesitamos mejorar lo construido por varias generaciones. Hace falta cambiar muchas cosas, pero conservar también muchas otras, lo que, lamentablemente, no parece claro para los senadores y diputados que siguen cautivos de la compulsión constituyente, aunque sin arriesgar la confortable posición que ocupan. Es lamentable que no manifiesten preocupación por la estabilidad y la gobernabilidad. El Congreso aprobó una reforma constitucional que pone en marcha un nuevo experimento, esta vez con tres órganos ad hoc. Cuesta apreciar el sentido nacional de esta nueva aventura, cuyos resultados solo se conocerán a fin de año. Mientras tanto, la encuesta del CEP reveló que la Constitución es una prioridad solo para el 3% de los consultados. Los parlamentarios han habilitado un nuevo proceso constituyente sin mostrar mayor inquietud respecto de todo lo que está pasando en el país, en particular, la crisis que existe en La Moneda, acentuada por los indultos, y el agudo deterioro de la credibilidad y la autoridad del Presidente.

En los tiempos que vienen, la democracia puede enfrentar duras pruebas. Menos mal que la Constitución vigente está vigente.

Sergio Muñoz Riveros
Analista Político