Resulta paradójico, pero si algo no caracteriza al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en Chile, es ser un mecanismo estable: el Congreso acaba de despachar una nueva modificación, luego de la efectuada en mayo de 2022. Esta vez se aprobó, entre otros puntos, congelar el precio del diésel por 120 días; realizar en adelante ajustes de precios para los combustibles cada tres semanas y no semanalmente; mantener en vigencia la devolución parcial del impuesto específico para los camioneros hasta fin de año, y limitar las alzas y bajas del diésel hasta abril de 2024 a no más de 0,25 UTM/m{+3}, también cada 21 días.

Los mecanismos de estabilización de precios de los combustibles tienen una larga historia. En 1991, se creó el FEPP (Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo), como respuesta a las alzas producto de la Guerra del Golfo. En 2005 fue reemplazado por el Fepco, luego del alza debida al huracán Katrina. En ambos casos, el mecanismo establecía una banda respecto de un precio de referencia. En 2010, fue el turno del Sipco, cuya diferencia con los casos anteriores consistía en que la fórmula de ajuste eran cambios al impuesto específico a los combustibles. Tampoco tuvo éxito, ya que los precios siguieron casi tan inestables como si no hubiera existido. Por ello, en 2014 se creó el Mepco, con US$ 500 millones en recursos como subsidio acumulado máximo. En febrero de 2022, ese subsidio se amplió a US$ 750 millones, y en mayo, a US$ 1.500 millones. Ahora, transcurrido menos de un año desde ese cambio, se le hacen nuevos ajustes como respuesta a la presión de los gremios de camioneros.

El efecto del Mepco durante 2022 fue, según el mensaje presidencial que acompañaba a este proyecto, reducir el precio del diésel en 3,8 UTM/m{+3}, una cifra mayor que el impuesto específico al diésel —de solo 1,5 UTM/m{+3}—, por lo que se trata de un subsidio neto al consumo (por cierto, sin considerar el subsidio adicional producto de la devolución del IVA). Lo mismo ocurrió con la gasolina, aunque en este caso el impuesto neto (luego del descuento de 3,6 UTM/m{+3} promedio en 2022 debido al Mepco) siguió siendo positivo.

Desde una mirada más amplia, esta evolución de los mecanismos para estabilizar precios sugiere un proceso de degradación de la política, progresivamente más vulnerable a las presiones de grupos de interés. Al comienzo, estos esquemas de estabilización solo reducían las fluctuaciones, sin grandes costos fiscales. Con el tiempo, sin embargo, se han vuelto cada vez más generosos, transformándose en un sistema de subsidios para evadir el funcionamiento del mecanismo de precios, con lo que se acumulan las distorsiones en el consumo de combustibles.

Es irónico que un Presidente comprometido con la ecología y cuyo gobierno no teme frenar inversiones productivas para proteger la naturaleza, sea también el que mayores subsidios ha otorgado a los combustibles fósiles. Es cierto que el referido mensaje que acompañaba esta iniciativa incluía una corta alusión a una futura ley de impuestos verdes, pero aparece solo como una promesa contrastante con la realidad del proyecto aprobado. Es el problema de una administración cuyo discurso no internaliza los efectos de sus propuestas, y por lo tanto zigzaguea con medidas contradictorias entre sí. De este modo, al mismo tiempo que se pretende, por ejemplo, imponer altos costos al sistema eléctrico extremando el cierre de centrales a carbón, se subsidian los combustibles. Pero, en justicia, la contradicción no es solo de las autoridades: no se ha visto tampoco a los grupos que abogan por acelerar la descarbonización pronunciándose respecto de este subsidio a las emisiones de carbono que acaba de despachar el Congreso.