Es por muchas razones una buena noticia para Chile el acuerdo constitucional alcanzado el lunes, en el cual tuvo un papel relevante el Gobierno, junto con los partidos que lo apoyan, además de distintos sectores de la oposición que honraron su compromiso de campaña. Ello no solo contribuye a encauzar un complejo factor de incertidumbre, sino que da cuenta de la subsistencia de capacidades de entendimiento que resultan críticas en el difícil momento que vive el país. El documento dado a conocer por los presidentes de ambas cámaras ofrece, en efecto, un camino realista para abordar la cuestión constitucional —naturalmente, ello no implica desconocer que hay aspectos puntuales del acuerdo que puedan generar legítimas aprensiones—, haciéndose cargo de la traumática experiencia que representó la Convención. Sus términos apuntan, precisamente, a no repetir los desbordes de aquel proceso y, en cambio, responder a los anhelos ciudadanos de moderación y certeza expresados en el plebiscito del 4 de septiembre.

Las 12 bases constitucionales acordadas son clara expresión de aquello. Si entre ellas se mencionan cuestiones que parecen obvias a una inmensa mayoría, como la existencia de una única nación chilena, la condena del terrorismo como contrario a los derechos humanos o la existencia de tres poderes del Estado independientes entre sí, es porque cada uno de esos principios se vio antes amagado por un texto que concebía al país como un conjunto fragmentado de autonomías y naciones, que evitaba siquiera nombrar la palabra terrorismo y restringía las capacidades del Estado para enfrentar la violencia, al tiempo que reducía el Poder Judicial a la condición de “sistema”. No es extraño, por lo mismo, que ya algunos de los más radicalizados exintegrantes de aquella Convención hayan expresado su rechazo al acuerdo. Significativo resulta, en cambio, que sectores —como el propio oficialismo y en particular el Partido Comunista— que antes se jugaron por aquel texto refundacional hoy suscriban estas bases. Obedezca a una real convicción o sea mero pragmatismo tras la inmensa derrota sufrida, cabe esperar y demandar de ellos efectiva consecuencia y lealtad hacia lo comprometido.

Fue precisamente la izquierda quien puso repetidamente en duda la palabra empeñada durante la campaña plebiscitaria por los principales dirigentes de Chile Vamos, en cuanto a que, en caso de ganar el Rechazo, buscarían darle continuidad al proceso constitucional. Con este acuerdo quedó en evidencia que esa desconfianza era injustificada. Cumplieron, aun asumiendo el riesgo de una eventual incomprensión de aquella parte de su electorado que hubiera preferido dar por cerrado el proceso o encauzarlo por los actuales órganos constitucionales. Corresponde al actual oficialismo reconocer el valor de este gesto y contrastarlo con su propia implacable actitud cada vez que ha sido oposición.

Por su parte, aun los más críticos a la decisión de volver a crear una instancia especial para la redacción de una nueva propuesta constitucional, han de reconocer las sustanciales diferencias del órgano que ahora se plantea respecto de la Convención. Desde luego, su tamaño reducido y sus mucho más acotados plazos de funcionamiento debieran contribuir a una menor fragmentación y a una forma de trabajo más rigurosa, en lugar de los interminables ejercicios de autoafirmación identitaria que caracterizaron a los convencionales. Se ha resuelto utilizar acá el mismo diseño empleado para la elección de senadores, lo que resulta de toda lógica, considerando que ambas instancias —Senado y futuro Consejo Constitucional— tendrán igual número de integrantes (50); la experiencia ya vivida hace por lo demás desaconsejable insistir en experimentos electorales. Por lo mismo, es importante que esta vez se descarte la posibilidad de listas de independientes, un oxímoron de lamentables consecuencias en el último proceso. Cabe valorar, por otra parte, la decisión de vincular los escaños reservados para pueblos originarios con la efectiva participación en ese padrón, pero deberá observarse atentamente la operatoria de aquello y de qué modo incidirá su carácter supernumerario en los quorum del futuro Consejo. Discutible resulta, en tanto, que se insista en un mecanismo de paridad de salida que altera la igualdad del voto y que en la elección de convencionales terminó perjudicando a muchas candidatas.

Aparte de la existencia de bases constitucionales explícitas, dos son las principales novedades de este proceso. Una de ellas ya se había anticipado: la existencia de un Comité Técnico de Admisibilidad, conformado por 14 abogados que nombrará el Congreso y que deberán zanjar las disputas respecto de la efectiva adecuación de las futuras normas constitucionales con las bases ya acordadas. También este comité representa una corrección respecto de la fórmula que operó en el anterior proceso, que daba a la Corte Suprema una tarea relativamente parecida, pero que en los hechos —por los altos quorum necesarios para hacer una reclamación— nunca funcionó.

De mayor controversia ha estado rodeada la otra innovación, el establecimiento de una “comisión de expertos”, formada por personas “de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, 12 de las cuales nombrará el Senado y otras 12 la Cámara de Diputados. Con lo ambiguo que resulta el término, la fórmula busca atender una demanda ciudadana detectada en encuestas y que puede entenderse como otra crítica a una Convención que tendió a operar bajo parámetros de extrema emocionalidad y privilegiando la radicalidad de ciertas causas, por sobre la consideración ponderada de razones. Desde esa perspectiva, cabría esperar que estos expertos —cuyo ámbito debiera exceder con mucho el del derecho constitucional y abarcar una diversidad de disciplinas— aporten a la discusión no solo conocimiento técnico, sino un cierto rigor intelectual y sentido de Estado. No es evidente que tal objetivo pueda cumplirse y ello explica las legítimas discrepancias que suscita esta fórmula: no son pocas las veces en que, al decidir designaciones, los parlamentarios se han apartado de esas lógicas.

Por otro lado, el texto del acuerdo es algo confuso en la definición de las funciones de esta comisión —dice, por ejemplo, que elaborará un anteproyecto que servirá de base, “al estilo de una idea matriz”, a la discusión y redacción del texto constitucional, pero no explicita si los futuros consejeros podrán considerar también otras formulaciones o “ideas matrices” en sus debates—, lo que puede generar incertezas o incluso conflictos. Con todo, si este cuerpo de expertos logra efectivamente situarse por encima de las habituales reyertas contingentes e interpretar un cierto sentido común ciudadano, su incidencia podría ir mucho más allá de cuáles sean sus atribuciones formales. Si así fuere, el anteproyecto que elabore podría efectivamente guiar la discusión constitucional y acotar los ámbitos de divergencia.

La tarea que este acuerdo deja al Congreso es de envergadura, tanto por los nombramientos que deberá realizar, como —previo a ello— por la aprobación de una reforma constitucional que implemente sus términos y clarifique los espacios de duda. No menos crucial será la responsabilidad de los partidos políticos en la definición de los elencos de candidatos que postulen al futuro Consejo Constitucional y en el tono de la campaña electoral. No puede volver a ser esta —como lo fue antes— el espacio para inflamar las expectativas ciudadanas con promesas imposibles de satisfacer por un texto constitucional. Del Gobierno, en tanto, cabrá demandar esta vez la prescindencia de la que se apartó durante la campaña plebiscitaria, con resultado catastrófico para su propio posicionamiento. Es, sin embargo, el conjunto del mundo político el que aparece hoy desafiado. El documento suscrito el lunes representa apenas el inicio de un camino que —bien lo ha aprendido el país— abunda en dificultades y riesgos. Ahora, tras el fracaso del anterior proceso, no existe espacio para nuevos errores.