Las implicancias laborales de la reforma previsional son de la mayor importancia, toda vez que los sistemas de pensiones —al imponer de facto un impuesto al trabajo— no solo afectan la demanda por trabajo, sino también la disposición de las personas a participar en el mercado laboral formal. El informe regulatorio presentado por el Gobierno obtiene conclusiones que son de difícil comprensión en esta materia, por lo que resulta muy importante que se entreguen los datos y modelos utilizados en los cálculos. Las reuniones con centros de estudios son un buen inicio, pero no son suficientes para zanjar las dudas.

El impacto sobre el empleo total y sobre la formalidad del proyecto de pensiones proviene fundamentalmente de tres temas que se entrelazan: el ahorro agregado, el cambio en la PGU y el aumento de cotización de 6% destinado al llamado seguro social. Nos referiremos a los dos últimos elementos. El aumento en la PGU tiene un efecto negativo sobre la formalidad laboral, aunque el tamaño del efecto pueda ser discutido. La reforma que instauró la PGU en 2021, al entregar el beneficio de manera incondicional, dejó de castigar la cotización que era penalizada en la entrega de las pensiones solidarias antes de esa reforma, con lo que generó un incentivo a la formalidad. Pero en la medida que la PGU aumenta de monto, el incentivo a la formalidad disminuye como resultado de los mayores ingresos asegurados en el futuro.

Es por ello que sorprende que el informe del Gobierno desestime este efecto, argumentando, entre otras cosas, que los montos involucrados no son tan importantes y que “existe bastante evidencia que muestra que las personas de bajos ingresos tienden a subvalorar los beneficios futuros y ponen más atención a los beneficios del presente”. Ello por cuanto, fundamentalmente, el argumento opuesto es usado para señalar que el seguro social generará grandes incentivos a la formalización de trabajadores de bajos ingresos.

El reporte del Gobierno concluye que los beneficios del seguro social, al ser mayores en la medida que las cotizaciones sean mayores, generarán un impacto muy significativo sobre la formalidad laboral, al reconocer los trabajadores que sus cotizaciones actuales redundarán en mayores beneficios en la etapa de jubilación. No resulta claro entonces por qué la subvaloración de los beneficios futuros sirve para descartar los impactos de la PGU, pero no los del seguro social.

Por último, el proyecto del Gobierno no parece incorporar el impacto negativo sobre formalidad y oferta laboral de trabajadores cuyo aporte del 6% superará a los beneficios que puedan recibir. En esos casos, el incentivo al trabajo informal es evidente, y su magnitud debe ser bien calibrada. Por último, las cotizaciones obligatorias tienen algún componente de impuesto, que evidentemente es mayor en la medida que ellas no son destinadas a cuentas individuales, sino a un fondo común, por lo que los incentivos a trabajar disminuyen en un sistema como el propuesto en el proyecto del Gobierno.