Entre reformas estructurales y el proceso constitucional se invisibilizan realidades apremiantes. El reciente informe “Zoom de Género”, de OCEC UDP y Fundación ChileMujeres, da cuenta de que persiste una crisis laboral respecto a los niveles prepandemia en hombres y mujeres con presencia de niños menores de 5 años en el hogar. En el caso de las mujeres, el nivel de empleo es 18,3% inferior al observado en el periodo prepandemia y en el caso de hogares con niños menores de 3 años, la brecha es aún más preocupante, alcanzando un Sobre destrucción de empleos del trimestre julio-septiembre, 8.671 corresponden a empleos de mujeres y poco más de 1.000 a empleos de hombres.

Los datos son desalentadores sobre todo si se considera que entre los años 2010 y 2019, la tasa de participación laboral femenina había aumentado sostenidamente, en casi 6%, pasando de 46,7% a 52,5%. Sin embargo, en 2021, la tasa de participación femenina solo llegó a 46,2%, implicando un retroceso de casi una década. A comienzos de año, Libertad y Desarrollo evidenció que de no haber ocurrido los persistentes hechos de violencia de 2019 y la pandemia, dicha tasa de participación habría llegado en 2021 a cerca de 54%. Las que más han resentido el efecto son las mujeres con educación básica.

Por su parte, el empleo que se crea, sobre todo para mujeres, es mayormente informal. Una posible explicación es que es difícil compatibilizar el trabajo con labores domésticas y de cuidado. En 2021 el Banco Central recalcó que las mujeres retornarían a puestos más flexibles que les permitiesen compatibilizar su trabajo con labores de cuidado, debiendo promoverse esta modalidad en mayor medida.

Pero esta inquietante realidad no parece ser una prioridad nacional aun cuando la autonomía económica de las personas es fundamental para su bienestar. Además, en el caso de las mujeres, Clapes UC estimó en 2020 que un punto adicional en la participación femenina (representa la creación de 79 mil empleos), implica un aumento de 0,5% del PIB. Para qué decir lo que significa para satisfacer reivindicaciones de mayor equidad.

¿Dónde está el impulso persistente y visible del gobierno y del Congreso para innovar en la regulación y comenzar a hacerse cargo de esta preocupante realidad? Hoy se toma la agenda el proyecto de 40 horas. Sin perjuicio de cuestiones positivas que han comenzado a ocurrir en su tramitación, como las indicaciones relativas a los “ciclos de trabajo” que importan mayor flexibilidad (aún no aprobadas) y las alternativas más flexibles para trabajadores con hijos enfermos o menores de edad ¿Por qué no evaluar e implementar regímenes laborales en que se permita el trabajo por hora, organizado en diversas modalidades de jornada, para facilitar la empleabilidad de más grupos y la absorción de nuevas tecnologías?

Sobre indemnización por años de servicio ¿Por qué no pensar en esquemas en que ella pueda ser eliminada? En vez, diversos legisladores promueven que se paguen sin límite de años y ampliar las causales que la gatillan. El argumento es la precariedad, pero no hay nada más precario que el desempleo y tener legisladores esforzados en mantenerlo en niveles altos ¿Por qué no diseñar, en vez, esquemas en que trabajadores desempleados participen activamente de buenos programas de recualificación y activación laboral? Se impulsan, en cambio, proyectos que dificultan el despido. Mientras tanto, la Dirección del Trabajo, sin tener facultades para ello y yendo más allá de la ley, rigidiza el trabajo en las plataformas digitales contraviniendo el interés de los propios trabajadores ¿Y qué pasa con el proyecto de ley que moderniza nuestra obsoleta normativa sobre sala cuna?

En 2018, la Mesa del Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral, convocada por el presidente Piñera, entregó 100 propuestas, incluyendo medidas para generar más empleos formales y de calidad. La Comisión Nacional de Productividad lleva, asimismo, años recomendando políticas públicas y perfeccionamientos de gestión, en diversos temas, muchos de los cuales inciden en la materia. Los legisladores, sin embargo, las pasan por alto. Adaptar la regulación para un mercado laboral dinámico y preparar a los trabajadores para integrarse a los nuevos empleos producto de la revolución tecnológica es prioritario. También, mejorar el aprendizaje en lenguaje y comunicaciones, inglés, ciencias, matemáticas y tecnología. Chile muestra una brecha inquietante en educación y capacitación de calidad de la masa laboral incluso en los segmentos con mayor formación. Más equidad y cerrar brechas de género y educacionales están en boca de todos, pero en el quehacer político de nadie. No se entiende.