El hecho de que el 50% del seguro público de salud se utilice para pagar licencias médicas, comparado con un 30% hace dos años, y que el año 2021 ellas hayan alcanzado 8,5 millones, ilustra el inusitado aumento de estos permisos que se están emitiendo en la actualidad. En la medida en que exista un porcentaje de licencias que no debieron ser emitidas, el funcionamiento del sistema de salud del país se encarece y el trabajo de las personas se hace más ineficiente.

Normalmente, los problemas de salud de las personas no son examinados de manera neutra por la ciudadanía, pues su sistema emocional reacciona compasivamente ante ello, y eso hace difícil desarrollar políticas públicas adecuadas, si esas políticas gatillan emociones contrarias. Por ejemplo, las actividades comerciales requeridas para actuar eficientemente en materia de salud —provisión de agua o electricidad para los hospitales, el desarrollo y manufactura de drogas para combatir enfermedades, o los sofisticados equipos médicos para realizar complejas cirugías— son miradas con sospecha por quienes tienen una postura excesivamente moralista al respecto, a pesar de que resulta inevitable recurrir a ellas. En el caso de los médicos y las licencias que ellos emiten, existe una asimetría de información entre estos y quienes deben cubrir los costos asociados a su emisión. Por esa razón, poner en duda la justificación de una licencia firmada por un médico significa desafiar su juicio profesional, o bien, implica cuestionar su ética, lo que, en condiciones normales, resulta moralmente repudiable, pues el afectado es una persona enferma que requiere de reposo.

Sin embargo, el que una proporción sustantiva de las licencias médicas se concentre en un número relativamente pequeño de profesionales que las emiten es indicativo de que se está en presencia de un fenómeno que escapa a la práctica médica normal. En efecto, un 1,3% de los médicos emite el 35% de todas las licencias, y aunque es cierto que hay especialidades que son más proclives de manera natural a otorgar permisos que otras, eso dista de ser una explicación plausible. Hay médicos que emiten 60 de estos documentos al día, e incluso algunos superan las 130 licencias diarias, equivalente a una cada cuatro minutos durante 9 horas cada día, algo completamente anormal y que no se condice con la manera en que un médico examina rutinariamente a sus pacientes.

Para combatir este problema, la comisión de Salud del Senado analiza la modificación de la Ley 20.585, para aumentar las multas y sanciones a los médicos que otorguen licencias de manera fraudulenta y, también, para limitar el número que pueda emitir en un cierto período. Es decir, luego de firmar una cierta cantidad de licencias en un día, el sistema no permitiría al médico entregar nuevos permisos.

Esto último no parece una manera adecuada o moderna de enfrentar el problema. Con los avances existentes para monitorear digitalmente los procedimientos de emisión de licencias, y la capacidad disponible para ponderar de maneras crecientemente más sofisticadas los datos que al respecto se recojan, incluidos métodos de inteligencia artificial, es perfectamente posible construir algoritmos que estén permanentemente detectando situaciones que parezcan irregulares. Ellas podrían ser examinadas aleatoriamente por comisiones ad-hoc, castigando con sanciones ejemplarizadoras a quienes emitan licencias fraudulentas, de modo de disuadir a los infractores a incurrir en esas prácticas, incluidos quienes simulen ser médicos para hacerlo.

Es indispensable que el sistema de salud dé señales convincentes de que no se seguirá aceptando la emisión de licencias médicas de manera indiscriminada y menos fraudulenta.