El Presidente Boric se ha declarado un adelantado a su tiempo. Honrando esa impronta y, en un acto de vanguardismo deslumbrante, presentó una reforma previsional que pretende asegurar pensiones generosas y sin costo para la gente. La ingeniosa idea —que debe provenir de los mismos creadores del Transantiago y de la reforma tributaria— se basa en tres pilares innovadores que nos sitúan en las fronteras de la ciencia. Primero, un monopolio estatal para administrar los fondos que va a costar menos y rentar más que las AFP. Cómo no se nos había ocurrido antes si en Chile tenemos monopolios estatales como el Registro Civil, conocido por sus bajos costos y su devoto espíritu de servicio al público.

La segunda genialidad consiste en reeditar nuestro fracasado sistema de reparto en que los jóvenes trabajadores pagarán para que los viejos jubilados nos llevemos la del león. Esta novedad es como mi sobrino que le preguntó a su papá, con genuina sorpresa y curiosidad: “Viejo, ¿tú sabías que el papá de Enrique Iglesias cantaba?”.

Finalmente, y para completar este derroche de creatividad, se propone una cotización adicional de 6% que será pagada por el empleador y que, como todos sabemos, será financiada por los trabajadores con desempleo, informalidad y menores remuneraciones.

Esperar tanto para esto es un homenaje a Halloween. De terror la propuesta. Cambiar las AFP, que son administradores eficientes, por un monopolio estatal ineficiente; aumentar el costo laboral en medio de una recesión y reeditar el sistema de reparto que funcionó pésimo —porque es un esquema “Ponzi”, que si lo hicieran los privados sería delito—, y que es incompatible con las pirámides poblacionales invertidas, son todas malas ideas.

Probablemente, a esto se refería la economista Mariana Mazzucato cuando habló del experimento/“experiencia” chilena. Ese negocio en que nosotros aportamos plata y el Estado la redistribuye “solidariamente” no es nuevo. Y me recordó ese otro negocio en que uno pone plata y el socio, la experiencia, y cuando quiebra, el socio se queda con la plata y uno, con la experiencia.

El problema que tiene Chile se llama “Estado”. Antes de impuestos, tenemos la misma desigualdad que Finlandia. Después de la redistribución “solidaria” que hace el Estado quedamos mucho peor que los fineses. El mercado “neoliberal” hace justicia aristoteliana asignando a cada uno lo suyo, el Estado “solidario” NO. Los empleados públicos, la burocracia y los impuestos se multiplican, y los servicios públicos solo empeoran y nos quieren vender un monopolio estatal con un sistema de reparto. Nuestras pensiones tienen tres problemas: contribuimos poco y trabajamos informales; nos jubilamos jóvenes y vivimos más; y el sistema se diseñó para reponer sueldos más bajos que los que tenemos hoy. El culpable es el neoliberalismo, que aumentó nuestra expectativa de vida y nuestras remuneraciones.

La ciencia aconseja impulsar medidas buenas pero impopulares, como aumentar la edad de jubilación. La demagogia induce a adoptar políticas malas pero populares, como los retiros del 10%. Lo que resulta inexplicable es promover medidas malas e impopulares.

La reforma previsional vulnera derechos de inversionistas extranjeros; cambia una administración privada competitiva por un monopolio estatal; fomenta la informalidad laboral; daña el mercado de capitales; debilita y reemplaza el derecho de propiedad de nuestros ahorros y empeora las remuneraciones y el empleo. Estos son efectos reales, inmediatos y directos. A cambio de ello nos ofrece una promesa de mejores pensiones futuras apalancada en que los jóvenes van a trabajar mucho, con contratos formales y contribuir harto; que el Estado va a administrar mejor que los privados y que los políticos no se van a gastar la plata. Esta reforma y sus cuentas “nocionales” parecen haber salido de un brainstorming entre Chang, Maddof y Garay, parecido a cambiar plata de verdad por un cheque a fecha sin fondos y contra un banco quebrado. Vamos a necesitar que la ministra Vallejo —con la misma claridad conceptual que demostró en el matinal de TV— nos explique por qué esta reforma no es un “Pepito paga doble”.