Gobierna hoy en Chile una izquierda responsable de las mayores crisis que enfrentamos. Aun cuando hay responsabilidades de otros sectores, las oficialistas son hoy las más relevantes de observar, porque corresponden a quienes están tomando decisiones.

Son responsables del avance de la violencia, que venía creciendo en los últimos años, especialmente en La Araucanía. Y a partir del 18 de octubre de 2019 se irradia a todo Chile desde Plaza Baquedano. La han avalado como daño colateral para impulsar cambios que estiman necesarios; y la han protegido rechazando en el Congreso casi todas las reformas para perseguirla y castigarla en proporción al daño que genera. Y son responsables porque le dieron un cauce de legitimidad, justificándola como respuesta a la desigualdad o a las discriminaciones. Todo lo anterior, acompañado de un persistente discurso para desacreditar a las policías en particular y a las instituciones en general.

Son responsables de que enfrentemos una crisis económica mundial en una de las posiciones más débiles de América Latina. Estamos ya entre los cinco países con mayor inflación de la región, consecuencia ineludible de los masivos retiros de fondos de pensiones que alentaron el parlamentarismo de facto y el populismo. Es cierto que por ellos votaron algunos parlamentarios del entonces oficialismo de derecha, pero la puerta la empujó con fuerza una izquierda tentada por fundir un sistema que estiman es individualista y no le permite al Estado controlar parte o, mejor aún, todos los ahorros.

Chile será, además, el país que menos crecerá en el 2023, con costos en empleos y mayor pobreza. Es el resultado esperado cuando se envuelve a la prosperidad en un manto de oscuridad y explotación. O cuando se desprecia el valor de las certezas, como lo hizo Sebastián Depolo, una de las voces más influyentes del Frente Amplio (hoy embajador en espera en Brasil), adelantando hace un año que iban a “meterle inestabilidad al país” para hacer “transformaciones importantes”. Llega tarde el reconocimiento del Presidente Gabriel Boric de que el 18 de octubre no fue una revolución capitalista; tres años después es más difícil revertir el clima para la salida de capitales y el congelamiento de inversiones, o su instalación en otros países de América.

Son los primeros responsables de convertir la funa contra políticos, las barras bravas en las tribunas del Congreso y la interrupción de ceremonias en demostraciones de valentía.

¿Qué ha pasado desde que María Música lanzara un vaso de agua a la ministra de Educación en el 2008, hasta que alguien del público interrumpiera esta semana con gritos al Presidente de la República en un acto oficial? Perdimos el pudor como sociedad y aprendimos a regocijarnos cuando se humilla al adversario. Y algo un poco más grave: se ha depreciado la investidura presidencial como expresión de la voluntad democrática, algo que el PC y el Frente Amplio saben bien, como impulsores de dos intentos por destituir a Sebastián Piñera.

La polémica de los mensajes en Twitter, la expresión más burda de esas responsabilidades, puede calificarse incluso de graciosa, por la agilidad que mostraron sus autores para acomodarse en sus nuevas posiciones.

La pregunta es si cambiaron de opinión, si en efecto evadir el metro ya no les parece una forma de lucha; si han comprobado que el orden público, frenar la delincuencia y respaldar a Carabineros es una exigencia ineludible para cualquier gobierno; y si entendieron que la economía se mueve con reglas claras y permanentes y no solo con buenos deseos. O si mantienen sus convicciones y persistirán en ponerlas en práctica ya no en garabatos en una red social, sino en decisiones políticas.