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Sábado 24 de septiembre de 2022
Nuevo ministerio de seguridad marca inicio de la Unidad Consultiva para la Reforma de las Policías
Se definieron ejes sobre temas como dotaciones, probidad o gestión operativa, pero el foco estuvo puesto en el avance sobre la nueva institucionalidad.
En una primera sesión encabezada por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ayer inició en el Edificio Bicentenario, frente a La Moneda, el trabajo de la Unidad Consultiva para la Reforma de las Policías, instancia que lidera el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.
Quienes fueron parte del encuentro detallan que Vergara hizo un repaso general por las materias que se abordarán, como la revisión de los procesos administrativos, los mecanismos de distribución de las dotaciones policiales, las estructuras internas de transparencia y rendición de cuentas, entre otras. Luego de esto, la autoridad profundizó en los avances del proyecto de ley que crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
“Hoy definimos el formato de trabajo, los tiempos, pero lo más importante es que tendremos canales de comunicación permanente y abiertos con la ciudadanía”, manifestó el subsecretario Vergara.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, asistió al encuentro y destaca el hecho de que haya participado el general director de Carabineros, ya que se “requiere de cambios institucionales, pero también cambios culturales, y eso no se puede generar sin la institución”.
Además, califica como “importante” que desde ahora se definan concretamente los objetivos de la reforma, porque “hay consenso en una necesidad de cambio, pero la necesidad para cada participante puede pasar por cosas distintas, como la transparencia o la capacidad de prestar servicios, la cantidad de recursos, etc. Entonces hay que establecer esos objetivos y cuánto plazo tomará cumplirlos”.
Otros asistentes al encuentro comentan además que “llamó la atención” que, más allá de que se hayan tocado los ejes generales, la presentación del avance de la nueva institucionalidad “no es la materia central” de la reforma, por lo que no se entendía por qué era el primer tema a tratar.
Consultada sobre el punto, Alejandra Luneke, académica de la Universidad Alberto Hurtado y parte de la Unidad, señala que “el debate sobre la nueva institucionalidad pública, si bien existió hace una década atrás, se retoma ahora con mucha fuerza desde lo que fue el debate sobre el control civil sobre la policías, en el marco del estallido social”.
Recuerda también que luego del diagnóstico de la necesidad de cambios en Carabineros posterior al 18 de octubre, surgió desde una comisión del Senado para la reforma un “consenso político transversal en la necesidad de una nueva institucionalidad para reforzar el control civil, y que nace de la mano del debate sobre la reforma policial”. En este sentido, acota, le parece “pertinente el debate sobre nueva institucionalidad”. Además, dice, “se releva el control del delito, junto con la prevención, al ser una institucionalidad que aborda la convivencia ciudadana”.
“Visión parcial” sobre tuición civil
Para Johnson es importante reflexionar sobre una mirada: “El Gobierno plantea como un objetivo de la reforma la subordinación a la tuición civil, pero definir la tuición civil solo como una sujeción a los designios del gobierno de turno es una visión parcial. La tuición civil pasa porque la ciudadanía también tenga la capacidad de manifestar lo que necesita de la policía, que el Ministerio Público tenga algo que decir con respecto al rol que deben cumplir las policías o el Poder Judicial”.
Mientras que el general (r) de Carabineros Aldo Vidal añade que “frente a la demanda de seguridad que tienen los chilenos, es esperable tener interés de escuchar inmediatamente las reformas a las policías que vinculen acciones operativas”. No obstante esto, concluye que “tiene mucho sentido que se inicien las conversaciones definiendo el rol de la nueva institucionalidad, como el ente político administrativo que debe vincular el accionar de las policías”.