Resulta difícil compatibilizar las contradictorias posturas que respecto de la explotación del cobre ha sostenido a lo largo del tiempo la coalición Apruebo Dignidad, puntal político del Gobierno.

Por una parte, y desde sus inicios, los dirigentes del Frente Amplio han manifestado que Chile debe cambiar su modelo de desarrollo. Debe abandonar el “neoliberalismo” económico, y dejar atrás, además, el “extractivismo”, representado, entre otras actividades, por la explotación del cobre. Esa mirada recorre a gran parte del Gobierno. Eso permitiría dar paso, dicen, a una economía más “compleja”, que diversifique y agregue valor a la oferta de bienes y servicios que el país produce y exporta. Sin embargo, simultáneamente, el mismo gobierno juzga indispensable una reforma tributaria que eleve sustancialmente la recaudación impositiva, para así llevar a cabo su programa, particularmente en lo referido a los derechos sociales. Un pilar fundamental de esa reforma sería un importante aumento del royalty a la minería, la mayor parte de la cual corresponde, a su vez, a cobre. ¿Cómo se pretende que una porción relevante del financiamiento del programa de gobierno provenga de la recaudación de impuestos al sector minero si, por otro lado, el nuevo modelo de desarrollo lo descartaría o al menos le impondría severas restricciones hacia el futuro, por su carácter extractivista?

Por otra parte, si esa contradicción se supera y la explotación de cobre continúa, surge otro problema: para el Gobierno ella no debe afectar los glaciares de la cordillera, en la cual se encuentra la mayoría de los yacimientos. Como los expertos han establecido que una parte sustancial de la minería de cobre dejaría de operar bajo una interpretación extrema de una norma de ese tipo, se vuelve a la pregunta inicial: ¿qué es lo que se quiere: una minería moderna y ecológica, que florezca y recaude recursos para el país, como sugiere el proyecto tributario del ministro de Hacienda, o que para respetarle sus “derechos” a la naturaleza se deje esta intocada, como proponen otros partidarios del Gobierno, en cuyo caso gran parte de la minería y la explotación de cobre dejarían de practicarse?

¿Cómo se compatibiliza el aplauso que el Gobierno hace de la nacionalización del cobre impulsada por Salvador Allende, quien se refería al metal rojo como la “viga maestra” de nuestra economía, con el antiextractivismo y ecologismo potencialmente paralizante del mismo oficialismo?

No se pueden proponer simultáneamente políticas públicas basadas en ideologismos que entorpecen la generación de valor, necesaria para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía, y pretender que, aun así, se contará con los recursos requeridos para hacerlo. Es necesario enfrentar esas contradicciones buscando compromisos que armonicen las tensiones planteadas. En eso consiste la política. Cualesquiera que sean las opciones que se tomen, ellas siempre envuelven sacrificios para obtener beneficios, y el éxito de los gobiernos depende del juicio que hagan al respecto. El testimonio moral desprovisto de resultados prácticos no es suficiente.

Mientras tanto, la producción de cobre nacional está cayendo por la sequía, menores leyes y bajos rendimientos. Las contradicciones ideológicas aludidas no ayudan a corregir esa situación; por el contrario. Asimismo, la expectante posición que el país mostraba en la producción mundial de litio también se ha visto afectada. El anuncio del Gobierno de crear una empresa nacional de litio, con el objeto de generar mayor valor agregado a partir de ese metal, posterga las aprobaciones para nuevas inversiones privadas. Nada de esto resulta alentador.

Es de esperar que el pragmatismo que insinúa el Gobierno luego del plebiscito sirva para resolver esas contradicciones, y para escoger un camino que entregue progreso efectivo al país y a toda su población.