La participación del Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas ha permitido corroborar cuáles son algunas de las convicciones que guían al Gobierno en materias sociales y económicas. Tanto las palabras del mandatario como sus omisiones resultan en este sentido reveladoras.

La desigualdad es un tema que el Presidente ha abordado constantemente, tanto en su campaña como en sus primeros meses de gestión. Sin embargo, en este ámbito insiste en repetir conceptos que requieren al menos de precisiones. Desde luego, la insistencia en definir a Chile como uno de los países más desiguales del planeta desconoce la evidencia. Por cierto, si solo se consideran los miembros de la OCDE, Chile se ubica entre los Estados con malos indicadores de desigualdad (por ejemplo, el coeficiente Gini); lo mismo ocurre en algunos de los nuevos rankings que consideran selecciones acotadas de países con datos administrativos. Pero, al ampliar la muestra de naciones y analizar la dinámica de la desigualdad, la conclusión que emerge es distinta. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, Chile se ubica en la medianía de la tabla. La misma fuente muestra importantes avances del Gini a lo largo de las últimas décadas: 56,2 (donde 100 es máxima desigualdad) en 1987; 51,5 en 2003; 46 en 2011, y 44,9 en 2020. El bajo crecimiento económico de la última década explica el estancamiento en la serie.

Al ahondar en la dinámica y los factores de una mayor equidad, la visión del Presidente tampoco parece ajustarse a la realidad. Desde la década de 1990, el acceso a salud, educación y empleo se ha ampliado fuertemente. Frente a un Estado pobre e incapaz de ofrecer tales servicios, la acción de privados en estos sectores fue esencial. La expansión fue gradual, pero decidida. Lamentablemente el Estado no fue capaz de acompañar esa creciente demanda. Por eso la crítica de la izquierda extrema respecto de los últimos 30 años resulta injusta. Las listas de espera en salud, la mala educación pública y la baja productividad del Estado no han sido una responsabilidad de los privados. El Estado creció y aun así no fue capaz de ofrecer servicios de calidad en estos ámbitos. Su foco estuvo en la expansión de la red de protección social y de los subsidios. Aun así, el sistema brindó mejores oportunidades para la sociedad como un todo. Criticar tal logro, aduciendo un supuesto “modelo” promotor de la desigualdad, requiere más que un discurso. Y en cualquier caso impone ofrecer una alternativa comprobadamente exitosa, no una batería de propuestas que generan más incertidumbre.

En materia de recursos naturales, por otra parte, el país está perdiendo competitividad. Tanto en la explotación del cobre como en la del litio, proyectos de inversión privada requeridos no han podido concretarse. E incluso en sectores en los que Chile se había destacado, como por ejemplo la fruticultura, competidores como Perú se han posicionado con una fuerza amenazante. Confiando solo en un Estado que carece de los recursos necesarios, parece poco probable que el país pueda explotar de forma limpia y eficiente sus recursos. Y con un Gobierno que recién ahora parece empezar a comprender la importancia del libre comercio, nuestros productos han perdido competitividad.

En este contexto, la poca atención que se le sigue prestando al crecimiento se está transformando en una característica de esta administración. La reforma tributaria, los cambios en materia laboral, el impuesto al trabajo para financiar un sistema previsional de reparto y una minimalista agenda proinversión, son ejemplos al respecto. Con ello se omite un punto central que puede contribuir a explicar el malestar expresado en las protestas del 2019, cual es la frustración de la clase media tras años de casi nulo crecimiento económico, durante los cuales el relato político generó injustificadamente una inflación de expectativas. A la luz de sus discursos, el Presidente parecería cómodo obviando esta posibilidad. Pero aunque las señales sugieran que para su gobierno el crecimiento no es una prioridad, sí lo es para la mayoría de la población. El costo político y social de tal enfoque tarde o temprano se hará sentir.