Cada vez más evidentes parecen hacerse las inconsistencias en el diseño de la política de educación superior, consecuencia de las decisiones tomadas en los últimos años. Se legisló, en efecto, sobre la base de urgencias y presiones que no necesariamente eran coherentes entre sí o reflejaban una visión de la evolución esperada para este nivel educativo. La rápida expansión que había tenido el sistema entre 2000 y 2010 generó desequilibrios relevantes, el más notorio de los cuales para la opinión pública fue el crecimiento de varias instituciones sin los estándares de calidad que se estimaban apropiados. Por ello, hubo un acuerdo relativamente transversal respecto de la necesidad de modificar el sistema de aseguramiento de la calidad. Esto fue acompañado por una convicción extendida de que los sistemas de financiamiento de los estudiantes también deberían cambiar. Sin embargo, la deliberación respecto de ambas dimensiones fue muy acotada y menos se insertó en un debate más amplio sobre el sistema de educación superior. Así, no se discutieron materias como, por ejemplo, la duración que deberían tener las carreras, la obligación de las universidades de entregar títulos profesionales o la articulación de la formación de pregrado entre distintas instituciones, todos asuntos que han ocupado una atención preferente en las más diversas latitudes. Pero, incluso más allá de estos aspectos omitidos, los dos efectivamente abordados son de suyo complejos y la falta de reflexión respecto de ellos está significando ahora un ajuste algo desordenado del sistema.

En una entrevista reciente con este diario, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación reveló que alrededor de 15 instituciones de educación superior le han manifestado que no se presentarán al proceso de acreditación. Como esta es ahora obligatoria, ello significa que eventualmente se cerrarían. ¿Fue esto un objetivo de la política de educación superior? ¿Se cerrarán por las razones correctas? ¿O quizás lo harán por exigencias que no tienen mucho sentido? Un ejemplo posible de este último factor es el hecho de que la acreditación exige a las universidades realizar investigación. La transición para ello es larga, pero inevitable, y eleva los costos de un proyecto universitario. Los criterios definidos por la CNA para estos propósitos son exigentes, algo que no está mal para planteles que se comprometen en este ámbito. El aspecto discutible es que todas las universidades tengan que realizar investigación. En Estados Unidos solo un 7 por ciento de estas instituciones son complejas y otro 25 por ciento aproximadamente tiene estándares aceptables de investigación. En las demás, la investigación es escasa o esporádica. En otros países desarrollados, los primeros porcentajes son más altos, pero en esas situaciones la admisión general a las universidades es más selectiva. Desde otra perspectiva, la exigencia no deja de ser contradictoria con el poco compromiso que ha mostrado el Estado chileno con la inversión en investigación y desarrollo.

La promesa de gratuidad, por otra parte, ha invitado, en un entorno cada vez más competitivo, a que más instituciones aspiren a sumarse. Los requisitos fueron establecidos en la Ley de Educación Superior (Ley N{+o} 21.091). Sin embargo, a la Universidad Central —que, en principio, los cumple— le ha sido negada recientemente esa posibilidad. Es la segunda universidad que enfrenta una situación similar. En ambos casos, los argumentos utilizados por la autoridad han sido interpretaciones con un respaldo muy débil en la legislación y que no se deducen a partir del debate que dio origen a dichas disposiciones. Se trata de decisiones que, por una parte, reflejan la escasez de recursos públicos y, por otra, pueden responder a motivaciones ideológicas. Respecto de esto último, cabe recordar que, durante la tramitación de esta ley, en el grueso del actual oficialismo se planteó que la gratuidad debía confinarse solo a las instituciones estatales, pero no es eso lo que en definitiva se legisló. Por cierto, el peso sobre las arcas fiscales que esta política representaría fue en su momento intensamente advertido. Con todo, es un despropósito hacerse ahora cargo de ello utilizando discrecionalmente las prerrogativas de gobierno. El desafío real es lograr un sistema de financiamiento de los estudiantes no discrecional, sostenible y compatible con otros objetivos de política pública.