En una señal positiva, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha indicado que reactivará la discusión pendiente para la ratificación en el Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP por sus siglas en inglés, también conocido como TPP11.

Este tratado fue negociado originalmente por 12 países, desde Chile a Vietnam, pasando por México, Nueva Zelandia, Japón, Australia y Canadá, entre otros, y con la participación gravitante de EE.UU. Pero, como se recordará, al arribar Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, lo primero que hizo fue retirar a EE.UU. del TPP, alegando que era un acuerdo muy inconveniente para su país, y que favorecía a los otros 11.

Ante este escenario, Chile y los restantes 10 países decidimos rescatar el acuerdo, removiendo 20 normas del tratado colocadas por EE.UU. Procedimos entonces a darle un perfil progresista al acuerdo, potenciando los capítulos de género, pymes, anticorrupción, respeto a las reglas medioambientales y laborales, y reforzando normas sobre responsabilidad social empresarial, identidad y diversidad cultural, y conocimientos tradicionales. Así, el 8 de marzo de 2018 los cancilleres y ministros de comercio de los 11 países firmamos el CPTPP, en Santiago, en una ceremonia encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet.

El TPP11 permitirá que alrededor de 3.000 líneas arancelarias gocen de beneficios, favoreciendo productos de exportación a mercados como Japón, Canadá o México, creando empleo. Un estudio estima que Chile vería aumentar sus ingresos en US$ 1.180 millones anuales. Si bien nuestro país tiene tratados bilaterales de libre comercio (TLC) con los otros 10, varios de ellos no tienen la profundidad ni contienen las ventajas arancelarias del TPP11. Adicionalmente, habrá acceso a compras públicas en ciertos países, y se contemplan medidas para reducir los obstáculos no arancelarios.

Pero lo más importante del TPP11 es la acumulación de origen, que significa que los bienes que se elaboren en cualquiera de los Estados parte se consideran nacionales, con lo cual se facilita el cumplimiento de las reglas de origen, abriendo así nuevas oportunidades comerciales para nuestros productores y exportadores. En otras palabras, este es un incentivo para agregar valor a las exportaciones y desarrollar cadenas de valor y un encadenamiento productivo al interior del bloque.

Un aspecto clave ignorado o desconocido por los críticos del tratado fueron las dos declaraciones conjuntas que Chile, Canadá y Nueva Zelandia suscribimos paralelamente con la firma del CPTPP. En la primera acordamos promover los contenidos progresistas del TPP11 y, específicamente, nos comprometimos a evaluar cada 3 años la efectividad del acuerdo en materia de desarrollo sustentable, género, pueblos indígenas, pymes, medio ambiente y cambio climático. La segunda declaración tripartita fue sobre solución de controversias inversionista-Estado, donde, entre otros, decidimos promover la transparencia en las responsabilidades éticas de los árbitros en procedimientos sobre disputas, y acordamos hacer un seguimiento de la evolución de la práctica en materia de solución de controversias.

La principal acusación de los críticos al TPP11 es que erosiona la soberanía y capacidad decisoria nacional. Fuera de la obviedad de que todos los tratados comerciales limitan en alguna medida y voluntariamente la soberanía económica a cambio de ventajas, esta crítica es totalmente infundada. Nada en el TPP11 restringe la soberanía nacional para aprobar leyes, establecer regulaciones o implementar políticas públicas. Tanto es así, que una eventual implementación del TPP11 implicaría cero cambios legislativos. Más aún, este tratado asegura nuestra capacidad regulatoria de manera más contundente que otros TLC de nuestro país. Para mayor abundamiento, en anexos del tratado, Chile dejó en claro que puede adoptar medidas discriminatorias en sectores que corresponden a objetivos fundamentales de política pública.

En el texto del TPP11 se acuerda que los países tienen “derechos inherentes para regular”, y se deja en claro que cuentan con la flexibilidad “para establecer prioridades legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público y proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la conservación de los recursos naturales no renovables vivos o no vivos, la integridad y estabilidad del sistema financiero, y la moral pública”.

Países con gobiernos progresistas como Nueva Zelandia y Canadá han ratificado el TPP11. Lo mismo ha hecho Vietnam, un país digno que combatió por su independencia y soberanía y que, evidentemente, no suscribiría un acuerdo que coartara su autonomía, o su capacidad soberana de regular en su territorio y de implementar políticas para perseguir fines legítimos de desarrollo. Tampoco Chile lo permitiría.

Nuestro país ha enviado “side letters” a los otros 10 Estados parte para eximirse de la aplicación del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado del CPTPP, lo cual puede ayudar a su ratificación en el Senado. Nueva Zelandia negoció exitosamente side letters al respecto con 5 países, y es probable que Chile consiga respuestas positivas de algunos, partiendo por Nueva Zelandia. Como nada es gratis en el comercio internacional, quizás aquellos que acepten nuestras cartas pidan algo a cambio, como el mejoramiento de los mecanismos bilaterales o regionales de solución de controversias vigentes, cuestión no del todo negativa, pues representa una oportunidad para actualizar los acuerdo sobre la materia que han seguido evolucionando desde la firma del tratado hace cuatro años.

Entretanto, varios países se han puesto a la fila del acceso al TPP11. El Reino Unido solicitó formalmente su ingreso a inicios de 2021, al igual que China, que presentó una carta solicitud de adhesión en septiembre de 2021. Otros países que han expresado interés en integrarse al bloque incluyen, entre otros, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y Uruguay. Un TPP11 con esta configuración ampliada sería una realidad poderosa de construcción de futuro.

Chile tendrá que decidir si quiere ser parte o no de un bloque del cual ha sido un impulsor clave, y que puede transformarse en la integración del futuro.