El diputado Andrés Jouannet (ind. en bancada radical) y Pilar Peña ingresaron ayer a la plataforma en línea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, una presentación en la que “solicitan medidas cautelares en contra del Estado de Chile por infracción a derechos políticos en el marco de la campaña electoral por el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre de 2022”.

En sus fundamentos se lee que la petición “tiene como principal beneficiaria a una colectividad, que ha sido y está siendo afectada en sus derechos humanos por actuaciones de agentes estatales. Se trata en concreto del grupo de personas que conforman el padrón electoral definitivo para la votación del plebiscito constitucional citado para el 4 de septiembre de 2022 —independiente de su posición—, en especial, aquellas personas que no están o no estarían de acuerdo con las manifestaciones o expresiones públicas que ha realizado el gobierno de Chile”.

Sobre el relato de los hechos, en el punto 21, se indica que “las investigaciones abiertas por la Contraloría siguen en curso, y se han formulado otras nuevas, debido a que el gobierno, encabezado por el propio Presidente de la República, así como sus funcionarios, han continuado llevando a cabo acciones de abierto intervencionismo en el proceso electoral”.

Y que “de acuerdo al art. 142 de la Constitución, el Presidente de la República tiene funciones precisas, entre las que no se cuenta la posibilidad de incidir en las campañas del apruebo o el rechazo, sino que, por el contrario, como Jefe de Estado (art. 24 de la Constitución vigente), cuenta con un rol de garante del proceso, pues, justamente, es el electorado quien en un ejercicio democrático, dentro de los parámetros normativos, elegirá el curso constitucional de Chile”.

Sin embargo, “el Presidente Boric y diversos funcionarios de su gobierno han realizado una serie de acciones, declaraciones y manifestaciones que resultan contrarias a lo que expuso el 26 de abril de 2022, cuando manifestó que no debía incidir en ninguna dirección sobre las opciones del plebiscito”.

El texto expone una serie de hechos que darían cuenta del supuesto intervencionismo, e incluso alude a los requerimientos llevados a la Contraloría en el país, tal como el del “pasado 12 de agosto, en el marco de la denuncia formulada en contra del Ministro Giorgio Jackson, la Contraloría General de la República resolvió que ‘no se ajustó a la necesaria prescindencia' con motivo de sus dichos por propuestas para reformar el proyecto de nueva Constitución”.

En el texto se señala, además, que “no cabe duda de que resulta grave que el Presidente y funcionarios de su gobierno hayan llevado a cabo de manera reiterada una serie de actuaciones en favor de una de las opciones para el plebiscito. Asimismo, cabe destacarse que estos hechos han continuado a pesar de las investigaciones abiertas por la Contraloría”.

Es por ello que los firmantes del escrito piden a la CIDH “medidas cautelares en contra del Estado de Chile. Dichas medidas deben ir encaminadas a procurar que los agentes estatales se abstengan de promocionar y difundir todo tipo de información que lleve a generar una preferencia específica que afecte las condiciones de libertad e igualdad en el ejercicio de los derechos políticos en el proceso democrático citado para el 4 de septiembre de 2022”.