El anuncio de la usurpación de los predios forestales San Guillermo y La Liebre, realizado el jueves por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la comuna de Carahue, en La Araucanía, y difundido por portales ligados al activismo radicalizado mapuche, es visto por la senadora Carmen Gloria Aravena (ind.) como “un claro afán de este grupo, que busca ampliar su control territorial en el cordón costero” de la macrozona sur. La parlamentaria recordó que en esa comuna también se ubica el predio Santa Ana-Tres Palos, en el que murió, en julio de 2021, el integrante de la organización violentista Pablo Marchant, durante un ataque armado. Luego de diversos atentados en el lugar, la CAM anunció su usurpación en agosto pasado.

Aravena destacó que ese sector “es clave, porque conecta con otras comunas: Lautaro, Cholchol y Lumaco, en La Araucanía, y con Tirúa, en Biobío”.

En la misma línea, pero recalcando que la pretensión de la CAM “es lograr una franja de mar a cordillera”, se manifestó el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz. A su juicio, “las acciones de la CAM no son al azar, sino que responden a una lógica, y lo que pasa en Carahue, por el lado costero, es lo que está ocurriendo en el sector de Púa, en dirección a Curacautín, por el lado cordillerano y con el objetivo de tener tránsito hacia Argentina”.

Respecto de la acciones realizadas en los predios San Guillermo y La Liebre, desde la empresa forestal CMPC, propietaria de los terrenos, explicaron que “la información que disponemos es que (el jueves) un grupo de encapuchados armados y cuya identidad desconocemos ingresó a los predios, realizó marcaciones, se fotografiaron y, posteriormente, se retiraron”.

En relación con una eventual presentación de denuncias frente a lo ocurrido, la compañía explicó que “estamos analizando constantemente esta situación, así como también las eventuales acciones a seguir”.

Consultado sobre las acciones que se atribuyó la CAM, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo ayer en Concepción que en torno a las demandas por tierras “hay canales institucionales (…) y está la decisión política del Gobierno en avanzar en algo que las propias encuestas han dicho, que es el elemento central en las demandas del pueblo mapuche”, aludiendo al estudio publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en que si bien la reclamación de tierras ocupa el primer lugar, la mayoría de los mapuches consultados rechazan que esto se haga de manera violenta. Monsalve también argumentó que “la usurpación no es un camino que el Gobierno valide para resolver esas demandas y, obviamente, va a utilizar las herramientas legales que tiene a su disposición”.

La senadora Aravena abogó por la “urgente necesidad” de una ley que considera penas de cárcel para las usurpaciones y recordó que el proyecto relativo a este tema cumplió ayer 535 días de tramitación en el Senado, desde donde luego de su aprobación en comisión no ha sido votado en el pleno. Espera que esto se concrete el martes.

En tanto, el senador José García Ruminot (RN) expuso que “hemos sido testigos de cómo las organizaciones criminales han ido apropiándose de espacios, donde impera la ley del más fuerte o de quien tiene el arma más poderosa”.